El Plan de Emergencia en materia laboral ante la pandemia del COVID-19 no resguarda adecuadamente las fuentes de trabajo y los ingresos de las y los trabajadores, según el tercer informe al respecto del Partido Socialista, con el apoyo del Instituto Igualdad.
En el informe del trimestre móvil marzo-mayo, se detalla que 3 millones 284 mil personas se desmovilizaron del mercado laboral o están desempleadas o con relación suspendida; 1 millón 256 mil fueron expulsadas de la fuerza de trabajo, y 879 mil se encuentran cesantes.
Ante estos antecedentes y tomando en cuenta la nueva normativa que se dictó en este periodo, los efectos jurídicos y consecuencias prácticas, en definitiva las y los trabajadores no se encuentran protegidos ante los efectos que produce la crisis sanitaria, económica y social que vive el país.
En el documento titulado “Realidad en materia laboral” se detalló que “dentro de las y los ocupados, se registran 1 millón 149 mil trabajadoras y trabajadores ausentes, quienes estarían con algún grado de suplencia de ingresos, pero que ya están con una tasa de reemplazo de 55%, que, sin duda, las y los deja bajo el salario mínimo”
También se puntualizó en el informe del PS, que “es necesario reiterar que la estimación a mayo es un trimestre móvil en que las condiciones de los meses considerados son muy distintas, desde un marzo normal hasta un mayo con un impacto severo en la fuerza de trabajo. En el próximo trimestre móvil, se reemplazará un mes normal por uno similar al de mayo, con lo cual es esperable una situación más drástica en la caída de la ocupación en el país”.
Precarización de derechos
Todo hace ver que ni la legislación aprobada resguarda las fuentes de trabajo y menos los salarios, precarizando aún más situación de miles de chilenas y chilenos, por lo que se requiere corregir prontamente las medidas.
Además, la investigación ahondó en la actual Ley de Protección al Empleo, de la Ley de Teletrabajo, del Ingreso Mínimo Garantizado, y su impacto en las trabajadoras de casa particular y de las y los trabajadores migrantes, de los derechos colectivos y la actuación de la institucionalidad laboral.
En este aspecto, Francisco Díaz, ex subsecretario del Trabajo e integrante del equipo fiscalizador, aseguró que “luego de analizar la situación de trabajadores y trabajadoras migrantes y de casa particular, y de aquellos y aquellas en teletrabajo, vemos que en todos se produce una precarización en sus derechos, una disminución de ingresos y, lamentablemente, un aumento de la cesantía”.
Por lo mismo, señaló que “la conclusión es una sola, las trabajadoras y trabajadores no están siendo protegidos en esta coyuntura, hay una evidente precarización en muchos sectores”.
Finalmente, el informe del equipo PS evaluó también la opinión de más de 70 dirigentes sindicales nacionales y regionales de diversos sectores productivos y de servicios privados y públicos, proponiendo 10 medidas para los trabajadores y trabajadoras con contrato laboral, para corregir “la abierta injusticia que existe hoy”.
