Si el oficialismo pensaba que el verdadero show mediático levantado a propósito del asilo de Ricardo Palma Salamanca en Francia, y el encuentro de este con dos diputados del Frente Amplio sería plena ganancia política para Chile Vamos, pareciera ser que se están equivocando. Se puede transformar en un verdadero bumerang, dada la historia de sus principales personeros participando en un gobierno acusado de genocida y visitando a los principales inculpados en desapariciones, asesinatos y matanzas ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet en Punta Peuco.
Por de pronto, el Partido Socialista ya envió una petición al Presidente Sebastián Piñera solicitando realizar todas las gestiones necesarias para obtener la extradición, desde Estados Unidos, de Pedro Barrientos Núñez por su participación en el homicidio de Víctor Jara.
El senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde, recordó que “hace unos meses el Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, condenó a ocho a ex efectivos del Ejército en calidad de autores, y uno en calidad de encubridor, por el asesinato de Víctor Jara”, precisando que “sin embargo, Pedro Barrientos Núñez, no ha podido ser sentenciado por encontrarse en rebeldía y residiendo actualmente en Estado Unidos”.
Con el respaldo de todos los representantes de la oposición, se elaboró un proyecto de acuerdo instando al Presidente de la República a realizar todas las gestiones políticas, diplomáticas y judiciales necesarias para obtener la pronta extradición desde Estados Unidos al país, de Pedro Barrientos Núñez, para que enfrente a la justicia chilena.
Elizalde afirmó que “Pedro Barrientos Núñez debe comparecer ante los Tribunales nacionales para recibir un juicio justo, el mismo que él no consideró al quitar la vida a Víctor Jara, encontrándose este en condiciones de prisionero político”.
Por último, el presidente del PS reiteró el más profundo “repudio al asesinato de Víctor Jara, así como nuestro rechazo a todas y cada una de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el período de la dictadura cívico-militar, reafirmando nuestro firme compromiso con el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, sin excepción ni condicionamiento”.
