Siendo empleado público, he asistido como espectador privilegiado a vivir en carne propia la cruda realidad de los empleados públicos a nivel de oficinas, servicios y como ente a nivel nacional. En el mes de Octubre pasado el peligro de los enfrentamientos entre los jóvenes que despertaron a este gigante dormido llamado Chile y las fuerzas de represión en la mayor parte del país, se desarrollaron frente a las oficinas de los servicios públicos, con el consiguiente problema de gases lacrimógenos, balines y zorrillos por un lado y piedras, gritos, humo de extintores y coraje por el otro lado.
Ante esa realidad, fuimos afectados en nuestros horarios de atención: en la llegada de muchos compañeros a la oficina por las barricadas y también en la normalidad de la salida de nuestras oficinas, rogando casi por una micro que pudiera pasar por las barricadas o si viajabas en vehículo propio hacer un el que baila pasa.
Y ya cuando comenzamos a creer que esta situación no podía empeorar, llegó el corona virus a regalarnos una pandemia al mundo y si ya nuestros compañeros de los hospitales tenían problemas con los enfermos normales, se les recargo mas con los pacientes covid-19 y todo lo que significó preparar y atender a esa creciente cantidad de enfermos graves. Como consecuencia anexa, aumentó el desempleo ya que el virus influyo en que se cerraran los cines y recintos de atención de público. Entramos en estado de excepción, toque de queda y una cuarentena eterna.
Esta situación crítica hizo que el gobierno comenzara a dar bonos y los empleados públicos pasamos de ser “flojos y estar sin hacer nada resguardados en nuestras casas”, según palabras de varias personalidades del mundo político, a ser la piedra angular en la inscripción de los chilenos para la clave única con un Chile Atiende colapsado por la cantidad de solicitudes de claves única para postular al bono IFE (bono Ingreso Familiar de Emergencia), para que luego un ministro brillante dijera que a la clase media se le daría un bono de $ 500.000 y un préstamo solidario de hasta $ 650.000 en un plazo de 10 días. Entonces, el colapso se trasladó al Servicio de Impuestos Internos (SII). No hay que ser adivino para saber lo que pasó, ya que si con todo el personal trabajando normal es casi imposible verificar y dar el pase de pago, con la cuarta parte funcionando se hizo una odisea: se cayó la base de datos, a la página web no se podía ingresar, colapsada por quienes necesitaban el dinero.
Esa pelota de nieve llegó a la Tesorería General de la Republica (TGR): fueron largas filas de contribuyentes y los pocos funcionarios de atención fuimos los villanos del cuento por no tener su dinero a tiempo; o por retener el 50% de los papitos corazón; siendo que la orden emanó de los tribunales de familia los que a su vez se colapsaron con la retención del 50% de aquellos padres que no habían cancelado la pensión familiar por largo tiempo sobre su 10% de retiro de la AFP, el bono clase media y el préstamo solidario.
En estos momentos aún estamos en un estado de crisis laboral ya que seguimos con las exigencias por parte del gobierno y somos los mismos funcionarios que continuamos en forma presencial atendiendo a una masa humana cada día en nuestras oficinas y un grupo en sus casas con teletrabajo, una nueva forma de esclavitud, pues no hay un horario de atención de público y son muchos y muchas las que trabajan hasta altas horas de la noche para responder la gran cantidad de preguntas de los contribuyentes, que buscan una solución a sus problemas económicos.
En esta cruda y cruel realidad mi pregunta es ¿qué nos depara el año 2021 a los empleados públicos? ¿Seremos capaces de mantener un ritmo de trabajo agobiante, será el teletrabajo una nueva forma de jibarizar y esclavizar la ya pequeña cantidad de trabajadores del Estado? Y por último, ¿seguirá el gobierno metiéndole la mano al bolsillo a los trabajadores para que salven su situación económica ya sea por seguir sacando su seguro de cesantía o por el retiro de sus fondos de AFP?.
