Doctor en Filosofía, Política y Economía de la Universidad de York, Reino Unido
Paula Narváez señaló en la proclamación de su candidatura presidencial por el Partido Socialista que “la política de lo posible no da para más, y debe ser reemplazada por una política de lo necesario”. Esto ha levantado cierta perspicacia entre columnistas de la plaza y hasta en algun precandidato presidencial oficialista. ¿Qué quiere decir exactamente la política de lo necesario? ¿Qué puede ser lo políticamente necesario en la boca de un dirigente político, un partido o una coalición? La característica del discurso político es la convocatoria a hacer de algo en común, a reunirnos detrás de una idea para hacernos cargo de impulsar un proyecto de sociedad. La política es por ello acción colectiva. Pero el terreno de la acción, de la práctica, no es un terreno ilimitado, como el terreno del discurso. Mientras la palabra puede aguantar todo o casi todo, la acción colectiva debe poder responder frente a quienes se ven afectados por ella. Normalmente, la acción recibe más resistencias que las palabras. Estas dos caracteristicas definen al discurso político: mientras convoca con la fuerza potencialmente ilimitada de las palabras, al mismo tiempo debe responder ante lo que es políticamente responsable hacer. El equilibrio entre ambas es lo que la deliberación democrática pone en escrutinio.
¿A qué acción colectiva nos convoca entonces “la política de la necesidad”? Para responder esta pregunta uno puede tomar dos caminos. El primero es el que toma Carlos Peña en su columna del Domingo, el camino de la mera formalidad discursiva: la política de lo necesario se opone a la política de lo contingente y la pluralidad de intereses. El segundo tipo de camino es el propiamente deliberativo: el camino de identificar cuáles han sido los límites de la actividad y la cultura política de Chile antes y después de Octubre del 2019 y evaluar los intereses que han movido y determinado la política chilena en las últimas décadas.
Carlos Peña sugiere que Paula Narváez, al proponer una “política de lo necesario” podría estar ignorando la naturaleza de la política. Arguye en su columna que la política de lo necesario es ejercer una política de lo que no se puede cambiar, de lo que es inalterable. De ahí, sugiere que la candidata socialista podría promover una política que renunciaría a la democracia por cuanto abandona la convicción de que la vida democrática tiene pluralidad de fines, que las y los miembros de la comunidad política compiten entre sí para promover la prioridad de unos fines sobre otros. La política de lo necesario identificaría como tarea principal, aquello que no cambia, sin considerar a quienes disienten de esa tarea. La política de lo necesario, sería aquella que no se fija en las consecuencias, que avanza sin parar y sin transar hacia el fin que estima necesario. Una política de lo necesario, en suma, no es política, no parece democracia, se asemeja a una “fe religiosa”.
Pero esta interpretación de la política de lo necesario debe tomarse con pinzas porque es una evaluación insuficiente. Su punto de comparación no considera el contexto político chileno desde la vuelta a la democracia sino que compara dos conceptos, discutidos en cierta literatura filosófica, como la concepción aristotélica de lo necesario y lo contingente. Pero esto es un error. Como alertaba G.A. Cohen, la evaluación de un principio práctico no puede depender de un argumento formal, puesto que éste consiste en un razonamiento que sólo hace una relación de comparación entre dos conceptos. La “política de lo necesario” no está en el plano de una razonamiento formal. Exige otro tipo de evaluación, la que provee la evaluación práctica del contexto político e histórico al cuál la frase de Narváez apela. Allí es donde tiene sentido la oposición entre la “política de lo posible” y “la política de lo necesario”.
El rector Peña solo distingue un contraste entre la frase de Aylwin sobre la política de lo posible y la frase de Narváez de la política de lo necesario. La falta del contexto con el que Peña evalúa se nota en el hecho de que la frase de Aylwin no era una declaración de principios sobre la política, sino que sobre la expectativa de una repartición de justicia “en la medida de lo posible”. Esta frase capturó lo que Aylwin evaluaba era la respuesta con la que que los tribunales de justicia debían de enfrentar los atropellos de los derechos humanos (DDHH) de la dictadura.
Es probable que la interpretación del rector Peña sobre la frase de Aylwin nos revele en realidad otro fenómeno. Es más bien probable que Peña esté haciendo alusión al ambiente político que acompañó a toda una generación en los 90s y parte de los dos mil. En este ambiente, se vivía con la idea de que bajo la democracia tutelada que permitían las Fuerzas Armadas, controladas aún por Pinochet, y la defensa cerrada de los partidos de derecha de la época, no era desproporcionado para un presidente proteger el incipiente y débil régimen democrático con una frase que buscaba enviar un mensaje claro a los “poderes fácticos” (Allamand dixit), según el cual la justicia por los atropellos sistemáticos a los DDHH se iba a practicar “a discreción” y sin afectar la institucionalidad. Desde la evaluación de Aylwin sobre el estándar de justicia al que podíamos aspirar, la cultura política de ese tiempo rápidamente trasladó “lo posible” a la actividad política misma. De esa forma las suspicacias de Peña reflejarían la forma en la que los partidos políticos transformaron la política en una práctica de lo posible, en el sentido del ejercicio de una política “a discreción” como el único estándar. Si en los tiempos de Aylwin había que proteger la democracia de Pinochet, en los gobiernos que le siguieron había que asegurar gobernabilidad, y luego, el crecimiento económico. La “política de lo posible” a la que Narváez se refiere y que Peña omite, era una política donde la democracia, la participación y la deliberación estaban al final de la fila de los intereses de la clase política.
Es en contra de esta evaluación de la actividad política como el arte de una política discreta, incentivada además por una constitución que daba el control sobre lo que era posible hacer a los herederos políticos de Pinochet, que debe oponerse la idea de una “política de lo necesario”. Este es el segundo camino para definir qué es exactamente la política de lo necesario, distinto al razonamiento formal que ofrece el rector Peña. La idea es simple pero no por eso menos profunda. Una política de lo necesario es la política que permite que sea la democracia y la participación lo que define en la deliberación cómo y en qué sentido es legítimo transformar aquellas áreas de nuestro sistema institucional que evaluamos como deficientes. La reforma al sistema de pensiones, a la educación pública, al sistema de salud, o a la seguridad pública son áreas que necesitamos debatir y que necesitamos solucionar como sociedad. Una política de lo necesario tiene por fin subrayar esto para que la democracia tome definiciones. Que estemos de acuerdo en que es necesario reformar la institución de Carabineros o que es necesario crear un sistema de seguridad social, y que tratemos de convocar con tales ideas, no implica bajo ningún enfoque que no queramos considerar al adversario, o que no queramos atender a las consecuencias. La política de lo necesario no renuncia a lo contingente, porque en una democracia lo contingente tiene que estar determinado por la deliberación pública y no por la discreción de la política de lo posible.
Que la política de lo posible no da para más, en consecuencia, significa rescatar la política de los salones de una cultura política que se acostumbró a actuar bajo parámetros de discreción, la mayor parte de las veces alejada de una evaluación política de las condiciones económicas y sociales de la ciudadanía, insensible a la falta de poder de decisión de las personas, e indiferente a las consecuencias de la desafectación ciudadana de lo público. La política de lo necesario es volver a colocar la democracia en el centro de la actividad política.
