Activista del Equipo de Migración y Refugio de Amnistía Internacional Chile.
Con el triunfo del Apruebo el pasado 25 de octubre, se abrió paso a la segunda etapa hacia la elaboración de una nueva Constitución para Chile este 15 y 16 de mayo: la elección de las personas que estarán a cargo de su redacción. De esta forma, se le presenta al pueblo chileno una monumental oportunidad para superar el obsoleto modelo constitucional vigente, el cual adolece de profundos defectos en el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales o no ofrece herramientas adecuadas para su protección.
Para las personas migrantes y refugiadas, este evento reviste una importancia fundamental. Constituye la oportunidad de promover un nuevo estado de derecho que no les condene a la marginación y la discriminación. Más relevancia aún cobra la consagración de sus derechos ante el creciente establecimiento de retóricas y medidas discriminatorias en contra de personas extranjeras, con los nuevos casos de expulsiones masivas impulsadas por el gobierno. En ese sentido, lo determinante de la participación y, en consecuencia, reconocimiento de los derechos de los migrantes a nivel constitucional, se ve expresada en diferentes circunstancias:
En primer lugar, la sociedad chilena es una sociedad de diversidades. Se compone de personas de distintas nacionalidades, que con sus innegables aportes generan beneficios y enriquecen a la sociedad en general. En años recientes, Chile se ha constituido en el protagonista de un intenso fenómeno migratorio regional. Miles de personas provenientes de distintos países en América del Sur y el Caribe han hecho de Chile su hogar, y procuran una vida digna para ellas y sus familias.
Se estima que al año 2020 se encontraban en el país cerca de un millón cuatrocientos mil residentes extranjeros, lo que constituye un aumento exponencial en comparación con décadas anteriores. Todas estas personas traen consigo su cultura, sus conocimientos y sus talentos, los cuales ponen a la disposición del país. Son sin duda merecedores de las protecciones que reconoce la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Debemos aprovechar esta oportunidad para elaborar una Constitución que esté ajustada a la realidad, y reconozca la diversidad y pluralidad que prevalece dentro del territorio chileno.
En segundo lugar, las personas migrantes y refugiadas tienen el derecho expresamente reconocido, tanto por la actual Constitución chilena como por diferentes instrumentos internacionales de Derechos Humanos, de participar en el proceso plebiscitario y electoral en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Así, durante la consulta del pasado 25 octubre, cerca de 378.000 personas extranjeras se encontraban habilitadas para ejercer el derecho al voto, alcanzando el 2,5 por ciento del total electoral. Incentivar y facilitar el voto migrante constituye así un deber de todo Estado comprometido por el respecto de las garantías fundamentales de sus habitantes.
Con todo, dado que la normativa chilena vincula el sufragio a ciertas condiciones de nacionalidad y tiempo de residencia, quedan fuera de este proceso cientos de miles de migrantes adultos. Por ello, no sólo cobra especial importancia incentivar y respetar sus derechos a la libertad de expresión, asociación y petición, sino que también recae en toda la sociedad chilena el deber de exigir a sus representantes el proteger los derechos de las personas migrantes en la discusión constituyente. En efecto, la lucha por la adecuada consagración de los derechos humanos en la nueva Constitución, y la construcción de una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, requiere que quienes integren la Convención Constitucional luchen por la defensa de grupos vulnerables que se han visto históricamente excluidos de las discusiones políticas.
En tercer lugar, todos los días las personas migrantes y refugiadas enfrentan agresiones y obstáculos institucionales, inspirados por la xenofobia y el racismo, lo cual les impiden acceder a una vida digna.
Con demasiada frecuencia sus derechos humanos son vulnerados, particularmente los económicos y sociales. Son objeto de discriminación en sus trabajos, a la hora de acceder a una vivienda y se les hace difícil el acceso a servicios sociales y salud, Por otra parte, se les niega el acceso a la justicia y a ciertas garantías judiciales básicas en procedimientos judiciales o administrativos presentados en su contra. Resulta muy conocida la indolencia y el desprecio de las instituciones migratorias a sus derechos en el transcurso de los trámites administrativos ante su consideración.
Las herramientas legales disponibles resultan inefectivas para enfrentar la discriminación estructural prevaleciente en contra de las personas migrantes y refugiadas. Con la nueva ley de migración recientemente aprobada, si bien establece una regulación de derechos de las personas migrantes que antes no existía, muchas de sus normas pueden perpetuar los patrones estructurales de vulneración de sus derechos e incluso aumentar la irregularidad migratoria.
Así las cosas, la participación y representación de personas migrantes y refugiadas en el proceso constituyente resulta indispensable para la adecuada garantía de sus derechos humanos en la nueva Constitución. El ejercicio del derecho a sufragio de las personas migrantes que se encuentren habilitadas debe ser incentivado por las autoridades de gobierno, no puesto en tela de juicio, pues son ellos también legítimos miembros de nuestra comunidad política.
Ahora bien, la promoción de los intereses de las personas migrantes no puede quedar solamente en sus propias manos. Por el contrario, la sociedad chilena debe adoptar un compromiso en la defensa de sus derechos humanos, y más aún de quienes no se encuentran facultados para participar directamente en este proceso. Así, la ciudadanía en su conjunto debe instar a los/las candidatos/as constituyentes a dar cabida al respeto de toda la diversidad en la nueva Carta Fundamental.
La nueva Constitución que Chile y todos sus habitantes merecen debe tomarse los derechos humanos en serio, promoviendo una sociedad inclusiva y coherente con verdaderos valores democráticos. En este escenario, impulsar la participación migrante y la consagración de sus derechos resulta un interés decisivo, para al fin dejar atrás una sociedad marcada por las diferencias y la desigualdad.
