En el patio principal del Gobierno Regional, las y los Consejeros Regionales Metropolitanos (Cores) anunciaron que se encuentran “paralizados” ante la decisión arbitraria de la Intendenta Karla Rubilar de despedir al actual Secretario Ejecutivo, Jorge Caro. Arbitraria, dicen, porque no está en su potestad desvincular a ningún funcionario.
Lo anterior, trajo a colación que los y las Cores se declarasen en estado de alerta y en franca rebeldía. Y la decisión no es menor, ya que su ausencia no entrega el quórum para que sesione el pleno de consejeros y consejeras. Por de pronto, los Cores oficialistas se siguen reuniendo, pero no pueden aprobar proyecto alguno.
Ya el viernes 4 de enero, la oposición unida llegó hasta la Controlaría General de la República para que el organismo se pronuncie sobre la legalidad de la acción que tomó Rubilar y mientras están a la espera de alguna resolución, los y las Cores se encuentran de brazos caídos.
Sofía Valenzuela, Consejera de RD, califica que la desvinculación del secretario ejecutivo les parece indignante “porque la Intendenta lo ha removido vulnerando nuestras facultades”. Aclara que la ley y el reglamente interno que los rige es muy claro, pues quien nombra o despide a los funcionarios del GORE son los consejeros y consejeras regionales.
Agrega que la derecha intentó sacar al secretario ejecutivo, pero no lo lograron porque no contaron con mayoría absoluta: “Por lo tanto, aquí hay un subterfugio para intentar violar nuestras facultades y la democracia de nuestro consejo”. Y añade un elemento más a la molestia generalizada de la oposición: “la Intendenta no nos ha dejado nombrar a nuestros propios asesores y removió a una asesora sin avisarnos. También nos ha venido amenazando, desde hace cuatro meses, que las bases del 6% no las iba a someter a aprobación. Y, por último, hoy nos envía las bases cuando sabe que no podemos aprobarlas porque no contamos con un secretario ejecutivo”.
Entretanto, Ramón Mallea, consejero DC, cuenta que entregaron a la Contraloría dos solicitudes de pronunciamiento: “La primera referida al despido arbitrario del secretario ejecutivo y, la segunda, sobre la falta de autonomía para nombrar o elegir a nuestros propios asesores”, relata. Sostiene Mallea que si los Cores aceptan que “la intendenta puede remover al secretario ejecutivo marcará un terrible precedente para los demás gobiernos regionales de todo el país” y especifica que “no estamos defendiendo a un secretario ejecutivo en particular, lo que estamos defendiendo es la institucionalidad, asegurándonos que la descentralización sea un elemento eficaz”.
Inédito despido
Por su parte, Christopher White, consejero del Partido Socialista, señala que el GORE está viviendo hoy una crisis puesto que la Intendenta Rubilar decidió pasar por encima de las atribuciones que les compete como Cores. “Mientras el tema no esté solucionado, el Gobierno Regional no estará funcionando”. Y lo que resulta más grave aún es que “no podremos trabajar por ninguna política pública. Nos resulta impresionante una decisión como esta, porque es inédita en la historia del Gobierno Regional”, relata White.
Fernanda Ortiz, consejera del Partido Humanista, concuerda y apoya la decisión de sus colegas, al señalar que “los Cores de oposición no estamos entrando a la sesión plenaria porque nos encontramos indignados por el atropello de la intendenta Karla Rubilar que desconoce lo que son nuestra atribuciones” e invita a la autoridad metropolitana “a que lea la ley, la cual señala que se puede despedir a un funcionario del GORE, bajo el Código del Trabajo, pero con la anuencia de los consejeros regionales”.
Para María Antonieta Saa, consejera PPD, la decisión de la intendenta derivó en una crisis democrática al interior del Gobierno Regional. Y argumenta: “Fuimos electos por la ciudadanía de la Región Metropolitana y aquí vemos que hubo una intervención que puede crear un precedente que es muy grave. Hoy es la remoción del secretario ejecutivo y de algunos funcionarios que llegaron por concurso, el día de mañana puede ser otra cosa tan grave como esta. Por ahí andan diciendo que mientras la intendencia trabaja, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Es al contrario: estamos defendiendo los derechos de las personas que votaron por nosotros”.
Por último y a la espera del dictamen de la Contraloría, los consejeros y consejeras están pensando en solicitar a los parlamentarios que expliciten mejor la ley, que puedan ser una corporación para no depender de ningún otro servicio. En el caso que el pronunciamiento del órgano contralor lo sea adverso, estudiarían recurrir al Tribunal Constitucional.
