El Departamento de Estado de EEUU dio a conocer un extenso reporte titulado “Informes nacionales de 2020 sobre prácticas de derechos humanos: Chile” en el que entrega sus conclusiones sobre la observación del estado de las garantías civiles que rodearon el último año en materia de respeto por la integridad de las personas, libertades civiles, discriminación, corrupción y derechos laborales, ente otros.
El reporte entrega definiciones relevantes sobre cómo las fuerzas policiales cometieron abusos contra la población, mientras que por otro lado señala que el Gobierno tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron estos abusos. Entre las vulneraciones que el informe detalla se incluyen casos específicos de homicidios arbitrarios o ilegales, tortura por parte de agentes del orden, violencia contra pueblos indígenas y violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.
El abogado y docente de la Escuela de Derecho UAHC, Rodrigo Medina, cree que el informe da un salto histórico en cuanto a su definición de las violaciones a los derechos humanos respecto a los años del presidente Donald Trump. “Este legendario informe que data del año 1976 -desde el gobierno del presidente Jimmy Carter- plantea una panorámica del estado institucional en la región y, a diferencia de la administración Trump, ya no se habla de “presuntos abusos” sino que se les da por efectivos y eso es un avance muy importante. Así, a nivel internacional, queda la certeza bastante clara de la existencia de estos excesos ocurridos a partir de la protesta social y no se consideran pues una opinión de los grupos víctimas de la represión únicamente”, explica Medina.
Por su parte, la doctora en Derecho, Silvana del Valle, valora que exista este reconocimiento internacional de una situación de violación de derechos humanos en el país a partir de la revuelta. Lo que llama la atención, dice la doctora en Derecho es que al analizar el detalle de las situaciones que se reportan, se observa que el informe se funda más en aquellas situaciones que han sido documentadas por el propio Estado, sin consultar a organizaciones autónomas.
Advierte del Valle que en ese sentido se trata de un informe conservador donde “no se reconoce una situación de persecución a personas que han participado en la revuelta, aún cuando existen otras fuentes que podrían haber sido consultadas, como organizaciones de la sociedad civil. La Academia, por ejemplo, ha tenido contacto con las agrupaciones de presos políticos, la Comisión de Derechos Humanos ha estado reportando esta situación sobre procesos que están plagados de irregularidades“, plantea.
El informe del Departamento de Estado de EEUU también señala que, para efectos de su conclusión, no encontró registros de la existencia de presos o detenidos políticos en el contexto de las movilizaciones sociales. Sobre este apartado, el profesor Medina, advierte que si bien el informe estadounidense habla de detenidos por delitos comunes y no políticos, esta es una categoría bastante maleable y difícil de zanjar en cuanto a su definición en este tipo de publicaciones. “Hay que entender que en el caso chileno el Estado ha hecho uso, de manera exagerada, antojadiza y no disimulada de las herramientas procesales y penales para construir delitos, se dice, de manera artificial para extralimitar las medidas cautelares de estas personas sometidas a la jurisdicción de los tribunales. Por eso no se descarta que estas detenciones tengan ribetes políticos, discuten quienes buscan la aplicación de un indulto a las personas investigadas y condenadas después de la protesta social”, razona el abogado.
El documento emanado desde el Departamento de Estado de EEUU anticipa que, a mediados de este año, el organismo publicará un apéndice referido a abusos contra los derechos reproductivos de la mujer.
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