Asistimos a la mayor crisis de legitimación del sistema político y social de los últimos 30 años, el cual se manifiesta en una profunda crítica al sistema neoliberal, así como a la clase política y oligárquica que lo sustenta. La indolencia del Gobierno frente a las consecuencias perversas de la pseudo modernidad capitalista y la desmedida avaricia de las élites empresariales y políticas, han tenido el efecto de desenmascarar las altas diferencias en el capital cultural de los chilenos. Esto se expresa en una forma de violencia estructural y simbólica del sistema hacia los estratos sociales medios y bajos. Lo anterior, se acompaña de una crisis de sentido frente a la autoridad, a las instituciones políticas tradicionales. Por lo tanto, hoy evidenciamos el más genuino de los develamientos en prácticas de resistencia social, bajo el lema: “Chile Despertó”.

A su vez, el Gobierno y sus medios de comunicación afines están transmitiendo el mensaje de vuelta a la normalidad, argumentando que han escuchado las demandas sociales de la ciudadanía. Se pretende dar a entender que la clase política se ha dado cuenta de su propia indolencia e incompetencia. Que el problema de la desigualdad social es esencial. Y esto a pesar de que se haya banalizado durante los últimos 30 años con bingos, rifas y colectas, ocultando la mercantilización y precarización en todos los ámbitos de la vida que generan condiciones de incertidumbre constante (Bauman). La dialéctica de las élites ahora parece conceder a lo político, bajo el simulacro conceptual de “agenda social”, un espacio de impugnación. No obstante, esto se parece más a un engaño que a un verdadero acto de construcción de un nuevo Pacto Social y Político.

Las diferentes demandas de millones de ciudadanos/as dejan en evidencia dos grandes crisis: (i) la escuálida legitimidad de las élites políticas y (ii) un sistema económico-social que se funda en un abuso institucional y legal. Así lo evidencian las heterogéneas manifestaciones sociales plagadas de mensajes contra el sistema político, económico y social.

Para entender el descredito de las élites políticas, hay que retrotraerse a la etapa transicional. Después del triunfo de la ciudadanía que se oponía a seguir en dictadura en el Plebiscito de 1988 surgió un período de “negociación” entre quienes lideraron el movimiento político por el No a Pinochet, esencialmente los líderes de la Concertación de Partidos por la Democracia, y la élite de la dictadura. No obstante, en esa “negociación” lo que prevaleció finalmente fue el entramado institucional y la estructura socio-económica diseñada por el régimen autoritario patrocinado por los “Chicago Boys”. En otras palabras, la constitución política de 1980 y la economía de libre mercado. En estricto rigor no se pactó un nuevo régimen político, sino que la élite de la dictadura impuso su marco ideológico y sus intereses a quienes tenían la legitimidad democrática. De esta forma, en los Gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, se mantiene el modelo de Economía de Mercado Neoliberal, sólo con correcciones cosméticas reformistas.

Que el “pacto” transicional se realizara entre las élites políticas y empresariales de la época fue llevando paulatinamente a la construcción de una clase política que se expresa como “la ley del hierro de la oligarquía” (Michels). Esto es, organizaciones políticas que tienden a entregar la toma de decisiones al control de una minoría, a la imposición de los intereses de una oligarquía. Así los partidos dejaron de vincular a la ciudadanía con el Estado para convertirse en  partidos clientelares o cartel (Katz y Mair). Una organización endogámica en la que prevalece el interés personal de sus dirigentes y la cooptación del poder del Estado para satisfacerlos. Se privilegia la “carrera política”, en la que priman los intereses individuales antes que la definición ideológica y de principios de cada colectividad.

Hay un par de datos esclarecedores, que dan luces del actual malestar, descontento, desafección y rabia contra las élites políticas: Primero, el continuo descenso de la participación electoral de los ciudadanos, pasando desde un 97% en el año 1989 a un 49% en el 2017. Lo anterior, fomentado por la falacia de la libertad de los ciudadanos de ir a sufragar mediante el “voto voluntario”.

Es en este contexto que surge la crisis política y social en Chile, cuya principal manifestación es el conflicto entre la ciudadanía y la élite dirigente, el cual ya es hoy un clivaje diferenciador más importante que el de la dictadura/democracia de los años 90’. El abrumador apoyo a las manifestaciones y la baja aprobación de Piñera, cercano al 9%, ratifica la premisa de que la gente “no reacciona ante los hechos sino a la manera en que los percibe” (Merton). Es decir, la visibilización que los abusos, las desigualdades y la falta de conexión entre la política con las formas de vida de las personas, no son solo ámbitos gremiales, sectoriales o del mundo popular; sino que incumbe a la gran mayoría de los chilenos. El Gobierno, por su parte insiste en criminalizar el movimiento social esgrimiendo el relato del “orden público”. Su resultado ha sido una sistemática violación a los derechos humanos y una incierta salida institucional democrática, toda vez que ha recurrido, y lo puede volver a hacer, a las fuerzas armadas.

La oportunidad que ofrece esta crisis es entender que la sociedad puede transformar su actual estructurada desigual. Es decir, entender que la vinculación de los intereses individuales, colectivos, políticos y económicos se encuentran sometidos a un contexto social de cambio. Hoy, la sociedad chilena se cansó y quiere establecer un nuevo contrato social a través de un Estado de Bienestar con derechos sociales garantizados. De abrir los espacios de democratización en la toma de decisiones para recuperar la confianza social. Que el desarrollo de la vida humana se construye con formas de vida individuales, pero también acciones colectivas que procuren el bien común. Y para eso, no hay otro comienzo que una Nueva Constitución cuya génesis de legitimación sea la deliberación, participación y aprobación de la ciudadanía a través de una Asamblea Constituyente. Largo será el camino, pero de seguro menor a los 30 años que el enclave elitista que ha buscado perpetuarse con el actual modelo. Sin lugar a dudas, las futuras generaciones lo agradecerán. De nosotros depende.