Comité Central Nacional Partido Socialista de Chile
Entre marzo y septiembre, el Ministerio de Justicia otorgó 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de niñas, niños y adolescentes. Quienes durante años gritaron «¡Con mis hijos no!» guardan hoy un silencio que dice mucho.
Durante años, en Chile, mientras se discutían el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y la educación sexual integral, incluso en la tramitación de la Ley de Garantías y Protección Integral de la niñez y la adolescencia, hubo sectores que levantaron sus voces y gritaban a todo pulmón: «¡Con mis hijos no!».
Era un grito que apelaba al derecho de madres y padres a proteger a sus hijos e hijas, aunque muchas veces esa preocupación se expresara desde una mirada conservadora sobre la familia, la sexualidad y la educación.
Podemos discutir largamente sobre el modelo de sociedad en el que vivimos, uno donde hasta las oportunidades educativas parecen depender de la cuenta corriente de las personas adultas responsables. Pero hoy hay una pregunta inevitable: ¿dónde están esas mismas voces cuando un gobierno que se declara profamilia y defensor de los valores tradicionales ha rebajado las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes?
Los hechos están a la vista. Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de este año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos concedió 27 rebajas de condena a personas condenadas por abuso sexual y 29 a personas condenadas por violación de menores de edad: en promedio. Ninguno fue ordenado por un tribunal. Todos se dictaron «por orden del Presidente de la República». El ministro Fernando Rabat sostiene que se limitó a recoger la doctrina de la Corte Suprema. Pero lo cierto es que su cartera abandonó el criterio que había mantenido hasta ahora, el de negar este beneficio en estos delitos, y lo hizo pese a que la Ley 21.421, vigente desde 2022, excluyó expresamente de las rebajas a quienes cometen delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
Si este gobierno y su sector se apropia de un concepto como “provida”, ¿no debería ser la protección de la niñez una de nuestras primeras convicciones? ¿No tendría que estar por encima de cualquier diferencia ideológica?
Porque no hablamos de una abstracción. Según el Diagnóstico 2026 de la Defensoría de la Niñez, las víctimas de violencia sexual menores de 18 años aumentaron un 46,4% entre 2019 y 2025. Cerca del 80% de las denuncias por delitos sexuales que recibe el Ministerio Público corresponden a víctimas menores de edad. Y en el último periodo informado, 560 niñas y adolescentes iniciaron un proceso de interrupción voluntaria del embarazo: el 86% por la causal de violación. Detrás de cada una de esas cifras hay una niña, un niño o un adolescente cuya vida quedó marcada, y una familia que confió en que el Estado haría su parte.
La Defensoría de la Niñez ha actuado oportunamente: exigió al Ministerio de Justicia los antecedentes técnicos y jurídicos que explican este cambio de criterio, los fundamentos de cada rebaja y las medidas adoptadas para proteger a las víctimas, y calificó la decisión como «un retroceso para la protección efectiva de la niñez». Es indispensable conocer las razones, los procedimientos y los fundamentos de decisiones que generan legítima preocupación pública. La transparencia no es una concesión: es una obligación cuando están en juego los derechos de quienes menos poder tienen para defenderlos.
No se trata de desconocer las garantías que corresponden a toda persona privada de libertad. Se trata de comprender que los delitos no son equivalentes en su naturaleza, sus consecuencias ni los riesgos que pueden representar. Las condenas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes exigen especial atención a los antecedentes de cada caso, a la protección de las víctimas y a la prevención de nuevas agresiones.
Chile arrastra una herida profunda, todavía lejos de sanar, en materia de violencia y abuso sexual. Colonia Dignidad constituye uno de los capítulos más siniestros de nuestra historia, donde se documentaron graves violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, a través de abuso y violaciones sexuales. Por otra parte, casos como el de Spiniak que fue condenado a 12 años de prisión por abusos sexuales, estupro y promoción de la prostitución infantil. Ambos parecieran quedar en el olvido cuando se relativiza el estatus de las victimas por su edad.
Estos casos nos recuerdan que el abuso sexual no puede comprenderse únicamente como un delito individual. También debemos examinar las estructuras de poder que permiten que ocurra, dificultan las denuncias y obstaculizan la búsqueda de justicia. Porque cuando una institución protege su prestigio o su conveniencia por sobre la dignidad de las víctimas, el daño no solo se perpetúa: también se profundiza la desconfianza social.
Por eso, conviene recordar lo que el país ya decidió. Chile ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 19 obliga al Estado a proteger a toda niña, niño y adolescente contra cualquier forma de violencia, incluido el abuso sexual. En 2019 hizo imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad. Y en 2022 promulgó la Ley 21.430, de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que consagra esa protección como un derecho de todas y todos, sin excepción, y obliga a cada órgano del Estado a poner el interés superior del niño, niña y adolescente en el centro de sus decisiones. La protección de la niñez es universal: no depende del barrio, del apellido, del colegio, de quién sea el agresor ni de quién gobierne. No admite rebajas, ni descuentos, ni aplicaciones selectivas según la conveniencia política. Es una responsabilidad que exige memoria, coherencia y compromiso efectivo.
En este escenario, resulta legítimo preguntarse cómo se compatibilizan estas rebajas de condena con un discurso de campaña que prometía mano dura y mayor seguridad. Si la seguridad fue una de las principales promesas, ¿la seguridad de quién? Porque para las niñas, niños y adolescentes que denunciaron, y para sus familias, la noticia de que su agresor saldrá antes no es una cuestión técnica: es volver a sentirse a merced de quien les hizo daño.
Si de verdad creemos que la niñez está primero, debemos demostrarlo siempre, incluso cuando las preguntas incómodas apuntan hacia quienes gobiernan. Porque proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes no puede ser un eslogan político ni una herramienta para imponer una visión moral de la sociedad. Debe ser un compromiso ético irrenunciable, que se sostenga con hechos, justicia y coherencia.
