Dos siglos de poder y clases sociales, y una ciudadanía que teme perder lo poco que tiene.
El debate público contemporáneo en Chile está atravesado por una forma persistente de voluntarismo, una retórica que impregna desde los discursos corporativos hasta las políticas públicas: la creencia pertinaz de que, para transformar la realidad social, basta con modificar la mentalidad de los individuos. Se nos repite hasta el cansancio que el ciudadano debe aprender a emprender, a ser resiliente, a ahorrar y a adaptarse a un mundo líquido. Sin embargo, estos consejos, que pueden tener alguna utilidad práctica en la esfera estrictamente personal, se convierten en una trampa ideológica cuando se erigen como la explicación última de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Un trabajador no puede, a pura fuerza de voluntad o actitud positiva, modificar el salario estructural de su sector, acortar las listas de espera en los hospitales públicos, reducir el precio del suelo urbano o alterar las tasas de interés con las que se endeuda para llegar a fin de mes. Exigirle que supere mediante su mera disposición psicológica las barreras impuestas por un orden económico profundamente concentrado es trasladar hacia la culpa individual un problema que es, en su raíz, material y político.
Para comprender esa trampa conviene regresar a una de las ideas formuladas por Karl Marx en el prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política de 1859: no es la conciencia de los hombres la que determina su ser social, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia. Traducida al espesor de nuestro presente, esta máxima nos advierte que no podemos pedirle a una persona que cambie su mundo simplemente cambiando su forma de pensar; tenemos que transformar las condiciones materiales en las que esa persona vive, trabaja y se reproduce para que, entonces, se amplíen los márgenes de lo que le es posible pensar, decidir, desear y hacer.
No obstante, abrazar esta tesis no significa caer en un determinismo mecanicista ni en un materialismo vulgar. Como bien advirtió Friedrich Engels en su correspondencia con Joseph Bloch, la economía es el factor determinante solo en última instancia; reducir toda la historia a una maquinaria productiva que emite ideas de forma automática es una simplificación inaceptable. La historia la hacen los sujetos que resisten, organizan sindicatos, fundan partidos y transforman sus instituciones. La conciencia no es un espejo inerte de la economía, sino un campo de batalla. Las personas actúan sobre sus circunstancias, pero lo hacen bajo condiciones materiales heredadas que delimitan sus posibilidades estratégicas.
La historia republicana de Chile, leída desde esta perspectiva histórico-materialista, permite observar cómo sucesivas modernizaciones productivas y jurídicas ampliaron derechos y capacidades, pero también conservaron o reconstruyeron mecanismos de reproducción de ventajas y dependencias. No hubo un plan invariable de las élites ni una línea de progreso sin contradicciones. Hubo conflictos, conquistas populares, reformas y reacomodos del poder. Cambiaron los lenguajes y las instituciones de la subordinación, mientras persistieron fuertes asimetrías en el control de los recursos y las decisiones.
El proceso independentista iniciado en 1810, cuya declaración formal se produjo en 1818, transformó la soberanía política, pero conservó importantes relaciones económicas coloniales, especialmente en torno a la hacienda. Mientras sectores de la élite criolla impulsaban la autonomía y redactaba constituciones republicanas, el inquilino y el peón continuaban atados a la tierra mediante relaciones de dependencia semiserviles, deferencia y paternalismo. La abolición de la esclavitud en 1823 y el fin de los mayorazgos en 1852 representaron conquistas jurídicas innegables, pero demostraron tempranamente que la emancipación legal no garantiza la independencia económica. La República naciente instauró así su primera gran contradicción: proclamó la igualdad de los ciudadanos ante la ley mientras mantenía una distribución radicalmente desigual del acceso a la tierra, al trabajo y a los medios materiales de existencia.
Fue necesario que el eje de la acumulación capitalista se trasladara hacia el desierto de Atacama a fines del siglo XIX para que el ser social del trabajador chileno experimentara una mutación decisiva. En el ciclo del salitre, miles de campesinos abandonaron la tutela directa del patrón de fundo para convertirse en proletarios asalariados en los campamentos mineros. Allí, sometidos a extenuantes jornadas, al monopolio de la pulpería y al hacinamiento, los obreros ya no enfrentaban al poder de forma aislada. Compartir el mismo techo de calamina, el mismo riesgo de silicosis y el mismo salario de miseria favoreció el nacimiento de las mancomunales, las sociedades de resistencia y la prensa obrera. La conciencia de clase, impulsada por figuras como Luis Emilio Recabarren, no brotó mágicamente del sufrimiento, sino de la nueva organización material de la producción, que reunió a los explotados y les otorgó las herramientas materiales para interpretar colectivamente su dolor. La respuesta inicial del Estado a la «cuestión social» fue la masacre, siendo la de la Escuela Santa María de Iquique en 1907 la herida más profunda, pero la persistencia de la movilización, junto con crisis políticas y cambios en las ideas sobre el Estado, contribuyó a la legislación social y a la Constitución de 1925. Se institucionalizó el conflicto, ampliando derechos, pero también encauzando las disputas dentro de los límites tolerables para el capital.
El siglo XX chileno, entre las décadas de 1920 y 1970, presenció el avance del Estado social y el modelo de industrialización impulsado en parte por la CORFO. Se expandieron la educación pública, la salud estatal y los sistemas previsionales, aunque con coberturas y beneficios desiguales según ocupaciones y territorios. Para numerosas familias, la subsistencia comenzó a depender menos del arbitrio patronal y de la asistencia privada. Una transformación todavía más profunda en el campo llegó con la Reforma Agraria, iniciada bajo Jorge Alessandri en 1962, ampliada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y acelerada bajo Salvador Allende. Romper la estructura del latifundio no fue un mero ajuste productivo: alteró vínculos de autoridad construidos durante generaciones. Al modificar la tenencia de la tierra y promover la sindicalización campesina, se debilitó la base material de la deferencia del inquilino. Quienes participaron en asentamientos agrarios o cordones industriales pudieron experimentar otras formas de organización y ensayar grados de autogobierno colectivo. Ninguna de esas experiencias fue uniforme ni estuvo libre de conflictos, pero revelaron que las relaciones sociales podían transformarse.
El golpe de Estado de 1973 clausuró violentamente la democracia y reprimió a las organizaciones que habían participado de aquellos conflictos. No fue solo una intervención militar para restaurar el ordenpatronal: bajo la dictadura se produjo una reorganización económica de gran alcance. El Plan Laboral de 1979, la creación de las AFP y las Isapres y la municipalización de la salud y escolar, junto con el impulso a los proveedores privados, modificaron la distribución de responsabilidades y riesgos. El Estado no desapareció: siguió financiando servicios y garantizando las nuevas reglas. Pero frente a la enfermedad, la vejez, el desempleo o la educación, una parte mayor de la protección quedó ligada al ingreso, al ahorro, al endeudamiento y a los recursos de cada familia. Se ampliaron los espacios de competencia individual sin que desaparecieran las resistencias, las solidaridades y las organizaciones populares.
Las décadas de modernización democrática a partir de 1990 redujeron significativamente la pobreza y expandieron el consumo, junto con ampliaciones reales de la protección social. Sin embargo, persistieron fuertes desigualdades de patrimonio, ingresos y acceso a servicios, y muchos hogares financiaron parte de su progreso mediante crédito. Para quien depende enteramente del salario y carece de ahorros, una cuota impaga puede convertir la pérdida del empleo en una amenaza grave. En esas condiciones, participar en una huelga o enfrentar un conflicto laboral puede volverse económicamente más riesgoso. El crédito permite anticipar consumo e invertir, pero también compromete ingresos futuros. Su posible efecto disciplinador sobre la conducta política y sindical merece estudiarse, sin asumir que todos los endeudados reaccionan igual.
En paralelo, la concentración económica siguió siendo una fuente de asimetrías que excede la distribución del ingreso. Los grandes grupos empresariales poseen capacidades superiores para financiar asesorías, litigios, centros de estudios, campañas y espacios de comunicación. Ello no significa que controlen todas las decisiones públicas ni que actúen siempre coordinadamente; significa que la influencia sobre las reglas económicas y la discusión política no se ejerce desde posiciones equivalentes. Casos de financiamiento irregular de la política, como Penta y SQM, volvieron imposible tratar esa relación entre dinero y representación como una mera sospecha, aunque sus responsabilidades y resultados judiciales deban distinguirse con precisión.
Es aquí donde emerge la figura central para comprender la paradoja chilena contemporánea: el individuo a la intemperie. En diálogo con las investigaciones sociológicas de Kathya Araujo y Danilo Martuccelli, podemos comprender que una parte del individualismo cotidiano no nace de una adhesión doctrinaria al egoísmo, sino de estrategias defensivas frente a la vulnerabilidad. Cuando las redes institucionales resultan insuficientes o difíciles de utilizar, las familias recurren a sus propios esfuerzos y vínculos cercanos. En este estado de intemperie material, el pequeño patrimonio acumulado durante décadas —la vivienda propia en la periferia, el automóvil comprado a crédito para trabajar en aplicaciones, el fondo previsional individual— adquiere un valor que trasciende su precio. Esos bienes no cumplen necesariamente la misma función económica que el capital empresarial destinado a obtener ganancias mediante trabajo ajeno. Un vehículo de trabajo puede ser un medio de producción; para su dueño también puede constituir su principal soporte de ingresos. Defender estos recursos no equivale a abrazar el orden económico en su conjunto: puede ser una manera de impedir que la familia retroceda después de años de sacrificio.
Comprender esta dimensión material de la experiencia ciudadana ayuda a desentrañar el aparente enigma del estallido social de octubre de 2019 y el posterior rechazo de las propuestas constitucionales de 2022 y 2023. El octubre chileno fue una impugnación masiva a los abusos del modelo, a las pensiones de miseria, a los precios de los medicamentos y a la arrogancia de una élite económica y política blindada frente al sufrimiento popular. Demostró que el progreso macroeconómico no había disipado la angustia existencial de quienes viven al filo de la cornisa financiera. Sin embargo, sectores de la conducción política y cultural que intentaron canalizar ese descontento confundieron, en ocasiones, el rechazo al abuso con la adhesión inmediata a un programa específico de transformación institucional. El malestar era real, pero no constituía por sí mismo un acuerdo sobre las soluciones.
El ciudadano a la intemperie reclama transformaciones que le brinden seguridad, pero también necesita garantías de que el cambio no pondrá en peligro los soportes que le permiten mantenerse en pie. Puede cuestionar las AFP y desconfiar, al mismo tiempo, de una propuesta previsional cuyos efectos sobre sus ahorros no considera claros. Puede rechazar la segregación urbana y temer una reforma que percibe como amenaza para la casa que ha pagado durante décadas. Esas percepciones no describen a todos los votantes ni demuestran por sí solas cómo votó cada persona. Pero iluminan una contradicción posible: el mismo orden que expone a los hogares a riesgos importantes puede llevarlos a defender los frágiles refugios construidos dentro de él. Esta es la trampa de la estabilidad.
Reducir el 61,86% de rechazo de 2022 o el 55,76% de votos en contra de 2023 a una operación de desinformación o a la supuesta «falsa conciencia» de las mayorías sería un error. Se trató de propuestas constitucionales distintas, con contenidos y apoyos políticos diferentes. En sus resultados intervinieron los textos sometidos a votación, las campañas, los errores de conducción, la confianza en las instituciones y las preocupaciones económicas y de seguridad. La desinformación y posverdad merece estudio y denuncia cuando se acredita, pero no explica por sí sola la conducta de millones de ciudadanos. El temor a perder certezas materiales pudo ser un factor relevante; todavía debe investigarse su peso efectivo. Cuestionar el orden existente no equivale a confiar en cualquier alternativa. Y cuando una fuerza progresista desprecia la demanda legítima de seguridad barrial como si fuera necesariamente reaccionaria, debilita su capacidad de ofrecer una respuesta democrática y deja espacio a soluciones autoritarias.
La paradoja existencial y material del Chile actual es que muchas personas necesitan transformar las relaciones que reproducen su precariedad, pero temen que una transformación mal conducida comprometa la seguridad de su familia. Buscan protección en su patrimonio porque la ayuda colectiva les parece insuficiente, incierta o demasiado burocrática. Y cuanto más depende cada hogar de esas soluciones individuales, más costoso puede resultar coordinar la acción necesaria para construir instituciones protectoras comunes.
A esta fragmentación se suma una disputa por el sentido común. Antonio Gramsci mostró que la hegemonía no se impone solo por la fuerza: también se construye cuando determinadas interpretaciones de la realidad parecen naturales. Si la experiencia diaria empuja a una familia a resolver sola sus problemas, el discurso del mérito individual puede encontrar confirmación en esa experiencia, incluso si la misma familia cuestiona los abusos del mercado. Los medios de comunicación y las plataformas participan en esa disputa, pero no controlan mecánicamente lo que la gente piensa. La advertencia de Michel Foucault sobre las formas cotidianas del poder también ayuda a entender este presente: sistemas de evaluación, rutinas de oficina y gestión algorítmica pueden orientar conductas sin órdenes explícitas. El repartidor o conductor de aplicaciones conserva decisiones propias, pero trabaja bajo reglas de asignación y calificación que no administra. El poder no habita solo en el Estado o en la gran empresa; también se experimenta en las rutinas donde las personas negocian su tiempo y su subsistencia.
¿Cómo se desactiva esta trampa? ¿Cómo se retoma el camino hacia la emancipación inconclusa? En primer lugar, abandonando las caricaturas igualitaristas que poco tienen que ver con la tradición socialista rigurosa. Marx, en su Crítica del Programa de Gotha, cuestionó el «derecho igual» burgués aplicado a individuos que son intrínsecamente desiguales en sus capacidades y necesidades. Su formulación comunista —»de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades»— es un reconocimiento profundo de la diversidad humana. La emancipación no es uniformidad; no se trata de que todos consuman idénticas porciones de comida ni habiten casas clonadas dictadas por un ministerio. Se trata de romper las relaciones históricas que subordinan la existencia al capital y reducir el peso desmedido que el origen familiar tiene sobre el destino de una niña. Esto no convierte a Marx en un teórico de la distribución idéntica para todos, aunque su horizonte emancipador sí permite discutir valores como libertad, autonomía y superación de la dominación.
Sustituir a un oligopolio empresarial privado por una burocracia estatal que toma decisiones a puerta cerrada no es emancipación; es simplemente un cambio de patrón. La verdadera liberación exige que los servicios públicos, además de universales y protectores, sean democráticos, transparentes y permeables a la incidencia ciudadana. Requiere recomponer el tejido sindical y vecinal, reconociendo que la autonomía no se agota en una declaración de derechos escrita en un pergamino constitucional, sino que debe vivirse materialmente. El Estado no debe sustituir la organización social popular, sino dotarla de la escala y los recursos para que el autogobierno no sea un simulacro.
La lección que nos deja el último ciclo político es que ninguna modificación jurídica garantiza automáticamente una conciencia solidaria. Pedirle a un pueblo materialmente exhausto, angustiado por la inflación, las deudas y la violencia criminal, que renuncie a sus frágiles certezas privadas en nombre de un futuro colectivo abstracto, revela una profunda incomprensión de sus condiciones de vida. Primero hay que comprender las circunstancias de la intemperie y transformar la realidad con las personas, no para ellas desde la soberbia tecnocrática.
La independencia política que fundó Chile hace dos siglos seguirá siendo un proyecto trunco mientras la subsistencia digna sea el privilegio de quienes nacen en determinadas comunas. Para desatar el nudo histórico del presente, no necesitamos catequizar a los ciudadanos ni reprenderlos moralmente cuando votan impulsados por el miedo material. Necesitamos construir instituciones que demuestren en la práctica cotidiana que la protección colectiva es más eficaz, cálida y segura que la competencia descarnada. Solo mediante la construcción de redes materiales de protección eficaces y democráticas lograremos que la cooperación sea menos costosa que la competencia y que la libertad, finalmente, deje de ser sinónimo de soledad. La verdadera emancipación ocurrirá el día en que el ciudadano chileno ya no necesite trincheras para sobrevivir.
