Periodista
La intervención del Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay (BCP) el 3 de noviembre desencadenó una grave crisis política y financiera que culminó con la destitución del presidente Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana. El banco digital, que atendía a 2,9 millones de clientes -casi la mitad de la población paraguaya-, fue intervenido después de que se detectara que su índice de solvencia se situaba por debajo del 50% del mínimo legal exigido. La medida dejó a millones de personas sin acceso a sus ahorros y salarios. La entidad administraba además unos 850 millones de dólares en recursos públicos, entre ellos 355 millones del Instituto de Previsión Social (IPS) y fondos de Itaipú y la ANDE.
El Senado destituyó a Santiago Peña con 44 votos a favor de un total de 45 en un juicio político sumario, al declararlo culpable de “mal ejercicio de sus funciones”. Horas después, la Fiscalía ordenó su detención domiciliaria por los presuntos delitos de violación de confianza, tráfico de influencias y gestión en beneficio personal. Peña había sido accionista del holding controlador de Ueno hasta 2025 y en 2023 nombró a Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del BCP. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el mandato hasta agosto de 2028 y prometió indemnizar plenamente a los afectados: “No los vamos a dejar solos”. Alliana ya solicitó la renuncia a todo su gabinete y designó nuevas autoridades en el BCP.
¿Se acabó el problema?
En la economía política global contemporánea, con competencia tecnológica, redes sociales y basado en slogans sobre la “inclusión financiera, la libertad y la innovación” se esconden viejas dinámicas de corrupción, captura regulatoria y ejercicio opaco del poder, convirtiendo al Estado en empresa privada al servicio de una ideología que no siempre tiende al bien común.
¿Cómo es posible que el repentino colapso de una app financiera en Asunción termine desvelando una intrincada red transatlántica de ingeniería financiera y financiamiento político que conecta a Budapest, Washington, Luxemburgo, Madrid y Asunción?
Lo que a primera vista fue presentado como una crisis puntual de liquidez de una entidad fintech disruptiva, ha terminado por exponer una compleja arquitectura transnacional destinada a mover recursos del erario público y capitales privados al margen de la fiscalización ciudadana.
¿Las sacudidas institucionales de 2026 -que incluyeron el cierre de entidades bancarias, la prisión de prominentes ejecutivos y la dimisión acorralada de jefes de Estado- responden al desmoronamiento en cadena de una infraestructura de poder tejida de forma paralela a los canales tradicionales?
A inicios de noviembre de 2026, el mapa bancario e institucional de Paraguay saltó por los aires. El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención por insolvencia y el inmediato cese de operaciones de Ueno Bank SA tras verificar que su índice de solvencia se había desplomado por debajo del 50% del mínimo legal requerido.
La resolución arrastró a una parálisis transaccional a cerca de 3 millones de clientes -dos tercios de la población del país-, dejando congelados sus ahorros y salarios diarios. El impacto sobre la estructura del Estado alcanzó dimensiones devastadoras al comprometer el sistema público de previsión social.
En la entidad intervenida quedaron atrapados entre US 355 y 380 millones del Instituto de Previsión Social (IPS) -equivalentes al 9% de la cartera total de inversiones del organismo estatal-. De este monto, US$ 285 millones correspondían a Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y bonos financieros a largo plazo. A ello se sumaban depósitos directos del Ministerio de Economía (US 40 millones), la Caja de Jubilaciones Bancarias (US 30 millones), así como fondos operativos de la represa binacional Itaipú y de la Conmebol (US 14 millones), sumando una masa de recursos públicos colocados en la entidad que superaba los US 800 millones.
La crisis obligó a articular transferencias de emergencia para resguardar la continuidad de los pagos a 32.000 pensionados, activando el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para cubrir los saldos de pequeños ahorristas individuales hasta un límite de unos US$ 38.000 (75 salarios mínimos).
Origen de Ueno Bank
La historia corporativa de Ueno Bank grafica la magnitud de la captura regulatoria por parte de empresarios que poco a poco vieron en el poder político un potencial aliado dispuesto a hacer vista gorda.
La entidad nació del linaje de Credicentro, una financiera creada en 1984 por Víctor Vázquez. En 2019, su hijo Miguel Vázquez impulsó la transformación de la firma hacia el ámbito tecno-financiero. Ese mismo año, Santiago Peña ingresó de forma no declarada como accionista de la matriz.
Tras absorber a Visión Banco alcanzó más de 2,5 millones de clientes y el grupo logró su licencia de banco universal en diciembre de 2023 de la mano de Carlos Carvallo, quien pasó sin solución de continuidad de ser el CEO de Ueno Holding a presidir el propio Banco Central del Paraguay.
Con una fortuna personal valorada en US$ 350 millones y al frente del Grupo Vázquez -un conglomerado con 6.000 empleados y negocios en agropecuraria, seguros, medios y comercio electrónico-, Miguel Vázquez alimentaba el sueño de erigir el “primer unicornio paraguayo” y cotizar en Wall Street.
Sus oficinas corporativas en Asunción, conocidas como La Matriz, imitaban el campus tecnológico de Google, con chefs privados, salas de ajedrez y acabados de lujo. Vázquez, aficionado a los triatlones Ironman y a las carreras de autos deportivos, coleccionaba vehículos de alta gama y llegó a posicionar la marca Ueno como Sponsor Diamante de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de febrero de 2026, en Mar-a-Lago -residencia del presidente Donald Trump en Florida, Estados Unidos- con invitados de la extrema derecha como Eduardo Bolsonaro, hermano del ex candidato presidencial, Flavio, e hijo del ex presidente de Brasil preso por intento de golpe de Estado, Jair Bolsonaro; el consultor político argentino, Fernando Cerimedo, quien fue premiado como Consultor del Año por su trayectoria como estratega digital para diversas campañas de la derecha en América Latina, entre las que destacan las de Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Nasry Asfura en Honduras y Rodrigo Paz en Bolivia, además de su participación previa en procesos electorales en Chile. Cerimedo es hoy investigado en Bolivia por «tentativa de feminicidio» contra su expareja, Nadia Beller. Ella lo acusa de haber intentado matarla para impedir que revelara sus polémicos métodos como consultor de comunicación y las maniobras que habría llevado adelante en varios países de América Latina. Hoy, Beller está asilada en la Embajada de México en Bolivia.
La caída del unicornio
Las pesquisas de la Fiscalía destaparon que el descalabro financiero obedeció a la concesión masiva de préstamos a sola firma y sin garantías reales orientados a empresas vinculadas al propio Grupo Vázquez, inflando pasivos intangibles para autofinanciar la expansión del holding.
El 3 de noviembre, la Justicia decretó el embargo preventivo de bienes de la cúpula directiva por US$ 70 millones y ordenó la detención de ocho altos ejecutivos. Entre los arrestados figuran el propio Miguel Vázquez -en cuyo domicilio la policía incautó una estatua gigante de un unicornio-, el presidente del directorio Juan Manuel Gustale, junto a los directivos Alejandro Gómez Abente, Diego Duarte Schussmuller, Julio Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Diana Mongelos González y Miguel Ángel Almada Frutos.
El terremoto financiero derivó en el derrumbe del Poder Ejecutivo. El 5 de noviembre de 2026, el hasta entonces aún presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia acorralado por la aprobación unánime de un libelo acusatorio de juicio político en la Cámara de Diputados. A Peña se le reprochó un ineludible conflicto de intereses tras haber mantenido participación accionaria en la matriz de Ueno hasta abril de 2025, al tiempo que su administración canalizaba hacia la entidad depósitos estatales multimillonarios.
Sin embargo, su renuncia no fue aceptada justamente para evitar que mantuviera el fuero senatorial, al tiempo que la misma Cámara Alta lo declaró culpable de mal desempeño por el caso Ueno Bank y fue destituido por unanimidad, nombrando vicepresidente a Pedro Alliana.
De los Panama Papers a Sudamérica: la sombra de las élites húngaras y el repliegue del gigante OTP Bank
El descalabro de Ueno Bank no puede ser analizado de forma aislada, ya que se genera en un entramado de sociedades matriz constituidas en Europa que enlazan directamente con las élites económicas de Budapest. La arquitectura offshore empleada por el poder corporativo húngaro ya había quedado al descubierto en mayo de 2016 con las filtraciones de los Papeles de Panamá, investigadas por el portal Direkt36 y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Aquella investigación expuso ya la trastienda de figuras clave del ecosistema financiero magiar:
- Sándor Csányi: La mayor fortuna de Hungría y presidente del OTP Bank, el banco más grande del país y accionista de Ueno Bank, quien utilizó el bufete Mossack Fonseca para constituir de urgencia la firma Durion Services en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) -registrada a nombre de su esposa- con el fin de contratar a la tripulación de su yate privado amarrado en Malta.
- Zoltán Spéder: Exvicepresidente de OTP Bank y presidente del FHB Bank, quien gestionó un poder notarial general (Power of Attorney) sin limitaciones sobre la firma Whitestone International (Seychelles) y sobre Novum Asset Management (BVI), vehículos corporativos utilizados para tomar el control de Index.hu, el principal medio digital independiente de Hungría.
- Tamás Szemerey: Primo del gobernador del banco central húngaro (György Matolcsy), quien figuró como director y propietario de Sunjoy Development en las Islas Vírgenes Británicas.
- György Gattyán y Gábor Kovács: Multimillonarios que instrumentaron fideicomisos y estructuras en paraísos fiscales como Nevada y las Seychelles para blindar activos inmobiliarios y fondos de inversión.
Unos años después, OTP Bank -presidido por Csányi y con un balance global superior a los US 18.000 millones- utilizó a Paraguay como un «laboratorio» de pruebas para su expansión en América Latina.
La operación no se ejecutó de forma directa, sino a través de un esquema de bancas de paso: el grupo húngaro inyectó US 47 millones (US 30 millones en diciembre de 2025 y US 17 millones en mayo/junio de 2026) para adquirir el 9,99% de las acciones de U Holdings S.à r.l., una sociedad matriz domiciliada en Luxemburgo que controlaba operativamente a Ueno Bank.
El colapso de la entidad en Asunción y las imputaciones por fraude contra sus socios locales truncaron de forma definitiva el proyecto multicontinental de OTP Bank. Tras la intervención dictada por el Banco Central del Paraguay, la entidad magiar tuvo que emitir un comunicado anunciando un “repliegue táctico” hacia sus mercados tradicionales de Europa Central y del Este, calificando la pérdida como un impacto marginal sobre su liquidez global.
El secreto offshore es usado como una herramienta de optimización fiscal, pero también como infraestructura de arbitraje jurisdiccional que permite a los grandes conglomerados internacionales testear proyectos financieros de alta volatilidad en mercados emergentes, blindando el capital matriz frente a eventuales responsabilidades legales o liquidaciones judiciales.
Banca satélite y créditos á la carte: ¿financiación encubierta de la extrema derecha europea a la extrema derecha latinoamericana?
Paralelamente a las inversiones comerciales de la banca privada, el entramado político de Budapest articuló un canal de financiamiento ideológico diseñado minuciosamente para eludir los marcos legales comunitarios. La legislación electoral de los Estados miembros de la Unión Europea prohíbe taxativamente que gobiernos o entidades extranjeras inyecten donaciones directas a partidos políticos locales. Para esquivar dicha norma, el régimen húngaro recurrió a la denominada «banca satélite».
El engranaje central de este mecanismo se estructuró a través del MBH Bank (Magyar Bankholding), el segundo actor bancario más importante de Hungría. El MBH Bank presenta una composición accionaria fuertemente vinculada al poder político: el Estado húngaro controla directamente el 30,35% del capital a través del Fondo de Inversiones Internacionales Corvinus, mientras que casi el 50% restante de las acciones pertenece a sociedades controladas por Lőrinc Mészáros, un magnate industrial que mantiene una amistad de la infancia con Viktor Orbán.
Recordemos que el Athias Corvinus Collegium (MCC) era la institución educativa húngara de corte conservadora financiada por el gobierno de derecha de Viktor Orbán, se ha expandido internacionalmente, proporcionando desde financiación, becas, alojamiento, hasta invitaciones a cenas de lujo, fiestas con barra libre, viajes al extranjero para quienes aún no estén muy convencidos con estas ideas que coinciden plenamente con las de Orbán. También financia a académicos que difunden sus posturas. En cierto modo, contribuye a extender su influencia por toda Europa y más allá.
En Chile, “una comitiva proveniente de Hungría visitó la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello la tarde del lunes, el mismo día en que El Mostrador publicó una investigación sobre el anuncio del nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, de investigar los fondos que el Gobierno de ese país entregó a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y a otros grupos de la extrema derecha global, entre ellos, la Political Network for Values (PNfV), organización que presidió José Antonio Kast durante dos años”, según denuncia el medio.
Financiando a la extrema derecha transatlántica
Bajo este esquema, la entidad bancaria otorgó créditos comerciales preferenciales á la carte que operaron en la práctica como pasivos a fondo perdido o refinanciaciones perpetuas para VOX de España y la candidatura de Marine Le Pen (Francia).
En el primer caso, la formación política española reconoció de forma oficial haber recibido 9,2 millones de euros en créditos concedidos por el MBH Bank para costear sus campañas electorales municipales y generales de 2023. Tras consolidar este auxilio financiero, el VOX abandonó su alianza parlamentaria previa en Bruselas para integrarse en el bloque Patriotas por Europa, encabezado por el oficialismo húngaro.
En el segundo, durante su campaña a la presidencia en 2022, la dirigente francesa Marine Le Pen obtuvo un préstamo de 10,7 millones de euros del MKB Bank, entidad que poco después se fusionó para constituir el actual MBH Bank.
La perversión del sistema de banca satélite radica en su capacidad para transformar capital público en subvenciones cruzadas de carácter político. Si la deuda otorgada a un partido extranjero no se ejecuta ante un eventual impago o se reestructura bajo condiciones fuera de mercado, la pérdida patrimonial es absorbida por la entidad bancaria participada por el Estado.
En palabras simples, mientras con una mano los gobiernos que administran al Estado promulgan leyes de “defensa de la soberanía nacional” para criminalizar la financiación externa de sus oposiciones domésticas -incluso a través del lawfare- utilizan, con la otra mano y de forma encubierta, bancos “amigos” bajo su órbita para inyectar liquidez en los procesos electorales de terceros países. Y por otra parte, mientras los bancos satélites financiaban partidos políticos de extrema derecha en Europa, las partidas ordinarias del presupuesto fiscal de Hungría fueron canalizadas para erigir una infraestructura ideológica transnacional, de espalda a los contribuyentes.
Entre los años 2020 y 2024, la administración de Viktor Orbán transfirió más de 405 millones de florines húngaros (aproximadamente US$ 1,34 millones) provenientes de fondos públicos directos a la sede en Budapest de la Political Network for Values (PNfV), una plataforma dedicada a articular redes parlamentarias globales contrarias al aborto, la eutanasia y el matrimonio igualitario.La cronología del flujo de dinero revela una innegable intencionalidad estratégica. El mayor desembolso de recursos tuvo lugar en 2022, año en que se inyectaron US$ 1,17 millones de forma concentrada. La fecha coincide exactamente con la presidencia de Kast de la organización. De forma complementaria, el Diario Oficial húngaro (Magyar Közlöny) publicó la asignación de partidas directas por 140.000 euros destinadas a costear la logística de las cumbres trasatlánticas de la red.
Las auditorías e investigaciones periodísticas de la Unidad de Investigación de El Mostrador sacaron a la luz una grave irregularidad en la arquitectura jurídica de la organización. La casa matriz de la PNfV, registrada originalmente como una corporación sin fines de lucro en el estado de Massachusetts (Estados Unidos), fue inhabilitada y disuelta administrativamente por las autoridades norteamericanas en 2021 tras incumplir de forma reiterada la presentación de balances y memorias financieras anuales.
A pesar de constituir una entidad extinta en su jurisdicción de origen, la filial de la PNfV abierta en Budapest en 2020 continuó recibiendo, administrando y distribuyendo subsidios millonarios emitidos por el erario público húngaro. Esta ONG «fantasma» sirvió de plataforma para el despliegue de una intensa agenda política internacional.
El 4 de febrero de 2026, como presidente electo, Kast realizó una gira internacional a Europa, cuyo primer destino fue Hungría. En Budapest, mantuvo un encuentro de hora y media en el Monasterio Carmelita con Orbán, instancia en la que elogió públicamente la valla fronteriza húngara como referente para su programa de gobierno, reuniéndose a continuación en el Palacio Sándor con el presidente Tamás Sulyok.
El hallazgo de este canal opaco desarticula la narrativa sobre la supuesta autogestión de la sociedad civil en la defensa de las agendas ideológicas globales. Muestra, en cambio, cómo la creación de infraestructura política transnacional puede ser financiada mediante la transferencia sistemática de recursos sustraídos a los contribuyentes de un Estado extranjero.
Triangulaciones y ajuste de cuentas de los «Orbán Files»
El circuito de financiamiento e influencia transatlántica alcanzó su culminación a través de una triangulación geopolítica entre Budapest, Washington y Asunción.. El gobierno húngaro desvió partidas fiscales millonarias mediante centros de pensamiento adscritos al Estado -como el Centro de Derechos Fundamentales y la Fundación Batthyány Lajos- para financiar los despliegues de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y transferir fondos a think tanks estadounidenses alineados con el entorno republicano de Donald Trump, entre ellos la Heritage Foundation.
Para ponderar el volumen de este desvío, basta señalar que la asignación presupuestaria gestionada por el Centro de Derechos Fundamentales para estos fines internacionales llegó a equipararse a una porción sustancial del presupuesto nacional de educación de Hungría. A cambio de costear esta legitimación ideológica en el Hemisferio Occidental, Washington ofreció a Budapest un paraguas de protección macroeconómica.
La negociación de una línea de respaldo cambiario de entre US$ 10.000 y 20.000 millones orientada a estabilizar al forinto húngaro ante eventuales corridas especulativas en los mercados internacionales; y el otorgamiento de licencias de exención especial para blindar a Hungría frente a las sanciones comerciales de Estados Unidos sobre el gas y petróleo de origen ruso.
No obstante, la red de favores cruzados colapsó tras un drástico viraje en la política europea. Con el fin de la administración de Orbán en mayo de 2026 y la llegada al poder del nuevo Primer Ministro Péter Magyar, la Autoridad Nacional para la Recuperación de Activos (NVVH) de Hungría, bajo la dirección de la politóloga Anna Unger, abrió formalmente los denominados «Orbán Files«, un conjunto de causas penales por corrupción transnacional, malversación de fondos públicos y desvío ilegal de recursos fiscales hacia la promoción de actores políticos en el exterior.
Las esquirlas judiciales de la investigación en Budapest repercutieron de inmediato en Sudamérica. En Chile, parlamentarios e integrantes del Congreso -encabezados por la senadora PS Daniella Cicardini- promovieron la creación de comisiones especiales investigadoras para auditar si los fondos estatales húngaros recibidos por la organización internacional presidida por Kast vulneraron de forma indirecta los preceptos de la ley de financiamiento de la política y de partidos nacionales.
Hace apenas unos meses, ya como presidente de Chile, José Antonio Kast levantaba a Paraguay como ejemplo económico para Chile. Elogiaba su modelo, sus políticas tributarias y la gestión del presidente Santiago Peña. Por su parte, el gobierno de Javier Milei suele mirar a Paraguay como un ejemplo a seguir: crecimiento, orden fiscal, impuestos bajos. Sin embargo, es exactamente al revés.
La caída de Ueno es la descripción perfecta del modelo que vivimos a diario: una burbuja de buenos números macroeconómicos, donde te dicen que crece el PIB, que baja el desempleo pero lo que crece es el empleo precario. Detrás de cada estadística hay trabajadores sin ningún derecho laboral. Eso es precisamente lo que demuestra el caso de Ueno Bank: Paraguay tiene 70% de informalidad y a diferencia de lo que afirman las administraciones latinoamericanas, no se trata de no estar registrado en Hacienda o no tener cuenta bancaria, sino de “no tener derechos”. ¿El resultado? Una población con prácticamente nada de seguridad social, sobrevivir de lo que se pueda y no llegar a fin de mes.
Los “Panamá Papers” y los «Orbán Files» demostraron que bastó la reactivación de los contrapesos democráticos y los órganos de fiscalización anticorrupción para que las redes globales de financiamiento fuesen neutralizadas.
Ahora bien, la caída en cadena de instituciones bancarias, directivos encarcelados y gobiernos desestabilizados, deja al descubierto un modelo que aún rige y que utiliza recursos públicos, bancas satélites, limbos jurídicos y paraísos fiscales para intervenir en la política global al margen de la soberanía popular. Es un ataque directo a la democracia y a los ciudadanos. ¿Estamos presenciando el fin definitivo de las redes opacas de financiamiento transatlántico y el uso de fondos públicos para la ingeniería política o nos encontramos tan sólo ante una fase de transición hacia mutaciones más complejas e indetectables en la era de los activos digitales?
