Embajador de Rusia en Chile
Hace exactamente diez años, los días 21-22 de febrero de 2014, en Ucrania se produjo un golpe de Estado anticonstitucional que marcó punto de inflexión en la historia contemporánea de ese país.
¿Por qué Rusia lo califica como “golpe de Estado anticonstitucional”? Pues, recordemos como fueron los hechos. El 21 de febrero de 2014, el legítimo presidente ucraniano Víktor Yanukóvich presionado por el “Euromaidán” – prolongadas protestas violentas y mortíferas, iniciadas en noviembre de 2013 – aceptó firmar, en presencia de emisarios de Alemania, Francia y Polonia, el acuerdo con los líderes de la oposición. El documento estipulaba, entre otras cosas, la convocación de elecciones presidenciales anticipadas a más tardar en diciembre de 2014, el renuncio recíproco al uso de la fuerza, y el desalojo de los edificios administrativos ocupados por los manifestantes.
No obstante, la oposición jamás cumplió con su parte del acuerdo – horas después de su firma los radicales neonazis de “Euromaidán” se apoderaron de los edificios gubernamentales en Kiev. Al día siguiente, el 22 de febrero de 2014, el parlamento ucraniano violando la Constitución adoptó la resolución sobre la “autodestitución” de Yanukóvich, aunque el mandatario en ningún momento anunció su renuncia y permanecía en el territorio de Ucrania.
Como resultado del golpe de Estado de 2014 llegaron al poder los radicales nacionalistas quienes, contando con el “visto bueno” de los países del Occidente, comenzaron a reformatear a Ucrania – un país neutral por aquel entonces poblado en su mayoría abrumadora de ciudadanos quienes hablaban y pensaban en ruso, tenían creencias ortodoxas como los rusos, mantenían estrechos lazos familiares, culturales y económicos con Rusia, así como preservaban la memoria histórica de la victoria común del pueblo soviético en la Segunda Guerra Mundial y los desmanes de los colaboracionistas ucranianos durante la ocupación nazi. Y a pesar de todo ello los “nuevos gobernantes” de Ucrania se dieron la tarea de convertir al país en “anti-Rusia”.
Las autoridades de la Ucrania post-Euromaidán optaron por la política de Estado basada en la discriminación total de todo lo ruso y la supremacía absoluta de lo ucraniano, o sea, en la ideología del nazismo. Ya el 23 de febrero de 2014, se derogó la ley “Sobre los fundamentos de la política lingüística del Estado”, que auspiciaba el estatus de la lengua rusa como “idioma regional” en Ucrania. Acto seguido – oficialmente etiquetaron de “terroristas” y “personas inferiores” a los rusos y rusoparlantes del sureste de Ucrania (Donbás). En abril de 2014 Kiev lanzó contra Donbás la “Operación Antiterrorista” del ejército regular y batallones punitivos neonazis, como el infame “Azov”. Luego, se legisló la eliminación del idioma ruso de las esferas de educación y cultura. Los colaboracionistas nazis ucranianos fueron glorificados a nivel de Estado, mientras que se inició la revisión de la historia acompañada por la “guerra” contra los monumentos a los Soldados Libertadores Soviéticos. Además, fueron prohibidos 17 partidos de oposición por su presunta posición “prorrusa”. Últimamente, el régimen estaba tomando medidas para prohibir la Iglesia Ortodoxa Ucraniana.
Resulta que fue el propio régimen de Kiev, controlado por sus mentores occidentales, quien iba socavando sistemáticamente y a paso acelerado todos los pilares de unidad de Ucrania, y así causó un daño irreversible a la integridad territorial del país. Como consecuencia, en 2014 los pobladores de Crimea seguidos en 2022 por los habitantes de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie ejercieron su legítimo derecho a autodeterminación mediante plebiscitos, se pronunciaron en contra de vivir bajo el régimen racista, antirruso, antidemocrático e intolerable a cualquier disidencia, optando por reunificarse con Rusia – su histórica Patria.
Respalda la visión rusa de los hechos arriba mencionados el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de la ONU (CIJ) emitido el 31 de enero de 2024 sobre la disputa iniciada por Ucrania en enero de 2017 contra Rusia (disponible en https://www.icj-cij.org/case/166). Efectivamente el documento – como era de esperar, los principales medios chilenos lo hicieron caso omiso – no deja piedra sin remover en la propaganda rusófoba cultivada en los últimos años por el régimen de Kiev y sus patrocinadores occidentales.
En primer lugar, la CIJ declinó reconocer a Rusia como “Estado patrocinador del terrorismo” y “Estado agresor”. La CIJ declaró que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL, Donbás en conjunto) no son “organizaciones terroristas”. De tal manera fue deslegitimizada la razón misma del lanzamiento en 2014 de la “Operación antiterrorista” por parte de Kiev, por lo cual muchas personas condenadas en Ucrania por “financiar el terrorismo” ahora pueden considerarse presos políticos.
Además, la CIJ no reconoció la participación de Rusia, la RPD o la RPL en ninguno de los episodios del conflicto en Donbás en los que Kiev había basado sus acusaciones. Quedaron al descubierto las mentiras de Ucrania sobre la presunta participación de Rusia en los “atendados terroristas” especificados en la demanda. Por ejemplo, se reveló que en uno de los casos el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) obtuvo el testimonio del acusado bajo tortura. Fue revelado también que una serie de otros incidentes fueron completamente falsificados por el régimen de Kiev o hasta fueron escenificados. Vale la pena recordar acá el notorio caso de así llamada “masacre en Bucha”.
Otra decisión importante de la CIJ confirmó la total falta de fundamento de las acusaciones sobre la supuesta discriminación contra los tártaros de Crimea y los ucranianos en Rusia. El máximo tribunal de la ONU reconoció que en Crimea se los ofrece libremente a todos la educación en el idioma ucraniano y no hay ninguna presión de las autoridades rusas al respecto. ¡Noten la diferencia con la política discriminatoria del régimen de Kiev!
Y por último, en lo que se refiere a las perspectivas del arreglo de la crisis entorno a Ucrania. Originalmente, el propio régimen de Kiev no quiso implementar los Acuerdos de Minsk, aprobados en 2015 por el Consejo de Seguridad de la ONU. Su idea era engañar a la comunidad internacional, aprovechar el tiempo y fortalecer sus capacidades militares con la ayuda de la OTAN para apoderarse de Donbás. Lo reconocieron públicamente – repito, públicamente – Petr Poroshenko, presidente de Ucrania en aquel entonces (2014-2019), la excanciller alemana Ángela Merkel y el expresidente francés François Hollande.
En 2022, el propio régimen de Kiev, presionado por Londres (personalmente, como se hizo público hace poco, el entonces primer ministro británico Boris Johnson) y otras capitales “amigas” echó por la borda lo logrado en las negociaciones de paz con Rusia que tuvieron lugar en Estambul (Turquía) en abril de 2022. Es más, el decreto de Zelenski prohibió negociar con Rusia y lanzó su utópica y absurda “fórmula de paz” que es nada menos de un conjunto de “ultimátums a Moscú” y bajo ningunas circunstancias será aceptada o siquiera sometida a discusión por Rusia.
Al mismo tiempo, la postura de las autoridades rusas sigue siendo intacta – con tal de alcanzar nuestros objetivos reafirmamos el compromiso por diálogo siempre y cuando éste sea serio.
