Administrador Público
La discusión pública en Chile suele caer, con una frecuencia casi rítmica, en la simplificación del indicador: la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se presenta como el barómetro último del éxito o fracaso de una nación. Sin embargo, a medida que nos acercamos a definiciones políticas cruciales para 2026, surge una interrogante que no es de naturaleza ideológica, sino profundamente estructural: ¿es posible sostener un crecimiento genuino si se debilita la arquitectura estatal que debe organizarlo? La evidencia regional sugiere que el problema central no radica únicamente en cuánto crece una economía, sino en la robustez de las instituciones que transforman esa expansión en bienestar y cohesión social.
La Trampa Regional y la Erosión del Trabajo
América Latina se encuentra hoy en lo que la CEPAL denomina la “trampa de bajo crecimiento”, con proyecciones modestas que apenas rozan el 2,4% para los próximos años. Pero el síntoma más alarmante no es la frialdad de ese número, sino la degradación de la calidad del empleo que subyace en él. Entre 2013 y 2022, el empleo informal en la región creció un 18,6%, mientras que el formal apenas aumentó un 3,3%.
Esta tendencia no es solo una estadística laboral; es una erosión silenciosa de la base tributaria y de la seguridad social que reduce drásticamente la capacidad redistributiva del Estado. La secuencia es destructiva: una alta informalidad deriva en una menor recaudación, lo que limita la inversión pública y termina por fracturar la cohesión social, aumentando la vulnerabilidad ante shocks externos. El problema, por tanto, no es meramente distributivo, sino eminentemente institucional.
El Diagnóstico Chileno: Fragilidad Bajo la Superficie
En este escenario, Chile no es una isla, aunque parta con una ventaja comparativa. Los datos de la encuesta CASEN 2024 revelan una vulnerabilidad estructural latente: un 17,8% de la población vive en pobreza multidimensional y un 6,7% en pobreza severa. Al mismo tiempo, la informalidad laboral ronda el 26%, lo que significa que uno de cada cuatro trabajadores opera fuera de la red de protección social y previsional.
Esta precarización se agrava al observar que el empleo formal depende mayoritariamente de pequeñas y medianas empresas (65% de los puestos), las cuales son hipersensibles a las restricciones crediticias y los ciclos económicos. Chile no enfrenta solo un problema de desempleo, sino una tensión profunda entre productividad y protección. Reducir la capacidad fiscal o regulatoria del Estado en este contexto no elimina estas fragilidades; por el contrario, corre el riesgo de amplificarlas.
Crecimiento vs. Institucionalidad: El Espejo de Perú
El contraste con Perú resulta, en este sentido, sumamente ilustrativo. Si bien el país vecino ha mostrado periodos de crecimiento superiores a los de Chile, lo hace conviviendo con una informalidad laboral cercana al 70% y una presión tributaria de apenas el 19,2% del PIB, frente al 23,9% de Chile. La diferencia de casi cinco puntos del PIB en recaudación equivale a miles de millones de dólares anuales en capacidad de financiar infraestructura, regulación ambiental y políticas públicas.
La brecha institucional queda expuesta en indicadores internacionales: mientras Chile ocupa el puesto 33 en el Índice de Estado de Derecho (WJP), Perú se ubica en el 88. Un Estado que renuncia a su capacidad fiscal y regulatoria pierde las «palancas» necesarias para organizar la sociedad. El crecimiento puede mantenerse por un tiempo, pero la institucionalidad se erosiona, dejando al mercado en un vacío de cohesión.
La Precarización como Fenómeno Político
La informalidad no debe entenderse simplemente como una condición económica individual, sino como una condición institucional. Cuando segmentos masivos de la población operan fuera de la norma, el Estado pierde su facultad de coordinación. Raúl Prebisch advirtió tempranamente que el desarrollo no depende solo del volumen exportador, sino de una transformación estructural que fortalezca la capacidad estatal.
Osvaldo Sunkel profundizó esta idea al describir la “modernización excluyente”, donde sectores integrados al circuito global coexisten con mayorías precarizadas cuando el Estado falla en articular la integración productiva. Incluso pensadores como Thomas Piketty han demostrado que la desigualdad es el resultado directo de marcos institucionales y fiscales. Sin capacidad tributaria, la democracia se queda sin herramientas materiales para sostener el acuerdo común. Como recordaba Hannah Arendt, la política se sostiene en la confianza institucional; cuando esa confianza se vacía, la esfera pública se reduce a un conflicto permanente.
La Variable Decisiva hacia 2026
La discusión pública suele plantearse erróneamente como una lucha binaria entre mercado y Estado. Sin embargo, la evidencia analizada sugiere que la variable decisiva es la capacidad institucional. Un Estado capaz de regular, fiscalizar y redistribuir es el único que puede convertir el crecimiento en bienestar sostenible.
Relajar el marco regulatorio bajo el argumento de la libertad económica conlleva riesgos estratégicos, especialmente en lo ambiental. Un Estado que pierde capacidad regulatoria transfiere costos al futuro, generando deudas intertemporales en forma de degradación hídrica o conflictos socioambientales que, eventualmente, frenan el mismo crecimiento que se pretendía impulsar.
En conclusión, Chile parte con una base institucional sólida, pero esta fortaleza es acumulativa y reversible. La pregunta hacia la próxima década no es cuánto vamos a crecer, sino qué tipo de Estado organizará ese crecimiento. Crecer sin Estado no consolida el desarrollo; simplemente lo vuelve frágil y dependiente. Esa, y no otra, es la variable que realmente definirá nuestro futuro.
