Analista sociopolítico Foco LATAM | Profesor e investigador en Ciencias Sociales. Doctorando de la Universidad de Tarapacá. Profesor de Historia Universal, Master en Educación Ciudadana. Licenciado en Educación de la Universidad de Camagüey
Hay imágenes que permanecen después de que termina la noticia: una persona intentando cruzar una frontera, una familia que abandona su lugar de origen, un joven frente a una valla. Ceuta puede leerse desde la migración, la seguridad o los derechos humanos, pero también desde una pregunta menos inmediata: ¿qué ciudadano estamos formando para comprender un mundo así?
Vivimos conectados como nunca, aunque estar conectados no garantiza comprender. Podemos opinar sobre migración antes de conocer sus causas, compartir una imagen sin saber quién la produjo, indignarnos sin preguntarnos qué hay detrás. La opinión se ha vuelto una forma cotidiana de participación pública, y eso no es el problema; el problema aparece cuando opinar parece suficiente.
La formación ciudadana no debería eliminar la opinión para sustituirla por un supuesto conocimiento oficial. La opinión nace de la experiencia, la familia, la comunidad, los medios y las redes. Educar significa aprender a contrastarla: preguntar, buscar evidencias, escuchar otras perspectivas, revisar certezas y transformar una opinión inicial en juicio crítico fundamentado. Ese es uno de los grandes desafíos educativos de nuestro tiempo, porque la escuela selecciona contenidos, los currículos fijan prioridades, las instituciones legitiman saberes y las plataformas amplifican discursos. Nada de esto ocurre al margen del poder. Formar ciudadanía implica, entonces, mirar críticamente lo que parece evidente.
Ceuta puede parecer lejana, pero América Latina conoce las fronteras, las migraciones y los desplazamientos. Chile enfrenta cotidianamente los desafíos de sociedades cada vez más diversas: en el norte, las fronteras territoriales conviven con fronteras culturales, sociales y simbólicas, y personas con distintas historias comparten espacios educativos y comunitarios. La pregunta ya no puede ser solo cómo controlar una frontera, sino cómo aprendemos a convivir con quien es diferente. La interculturalidad no consiste únicamente en reconocer culturas distintas, sino en preguntarnos cómo se relacionan, quién es escuchado y qué saberes son considerados legítimos. Ahí surge la pregunta de fondo: ¿quién decide qué conocimiento vale?
Un ciudadano conectado no es necesariamente un ciudadano crítico. Tenemos más información, pero no más comprensión; más posibilidades de comunicación, pero no más diálogo; acceso a múltiples culturas, pero no convivencia intercultural. Necesitamos un ciudadano capaz de defender sus convicciones sin deshumanizar al otro, de reconocer problemas sin convertir a las personas en el problema, de usar la tecnología para informarse y también para verificar y responsabilizarse por lo que comunica.
Un ciudadano que no solo pregunte «¿qué pienso?», sino «¿por qué pienso esto?», «¿qué evidencia tengo?», «¿quién más está siendo escuchado?». Ese ciudadano no aparece espontáneamente: se forma.
Las fronteras no desaparecen; se multiplican. Son territoriales, pero también económicas, culturales, digitales y simbólicas. Una pantalla puede acercarnos al otro o convertirlo en estereotipo; una red social puede ampliar la participación o encerrarnos en comunidades que solo confirman nuestras ideas; una escuela puede reproducir jerarquías o convertirse en un espacio donde los conocimientos se interrogan y enriquecen. Formar ciudadanía en el siglo XXI exige algo más que transmitir información sobre democracia o derechos: exige formar sujetos capaces de interpretar críticamente la realidad, dialogar con la diferencia y participar en su transformación.
Tal vez esa sea una lección que podemos extraer de una crisis migratoria como la de Ceuta y trasladar a otras realidades. En España, un ciudadano formado interculturalmente podría leer Ceuta no solo como una frontera que hay que defender, sino como un espejo de su propia historia de migraciones, exilios y diversidad interna. En Estados Unidos, esa misma crisis interpela la manera en que se construye el relato de la nación migrante frente a muros, deportaciones y retóricas de exclusión. En el norte de Chile, donde la migración ha transformado escuelas, barrios y servicios, la pregunta es si estamos formando ciudadanos capaces de convivir con quien llegó, o solo de administrar la diferencia.
En los tres casos, el juicio que una educación ciudadana intercultural debería ayudar a formar no es el de la sospecha ni el de la simple tolerancia, sino el de una ciudadanía que reconoce al otro como sujeto de derechos, que interpreta la migración desde su historicidad y que actúa con criterio propio frente a discursos que simplifican, estigmatizan o deshumanizan. ¿Estamos formando ese juicio en nuestras escuelas? ¿Lo estamos exigiendo a nuestros medios y dirigentes? ¿O seguimos creyendo que basta con opinar?
