Profesor de Matemática y Computación
El reciente escándalo de las 25.000 licencias médicas fraudulentas entregadas a funcionarios públicos ha puesto en jaque la ética en la administración pública. El Ministerio de Educación concentra el 11,8% de estos permisos, lo que se traduce en 4.214 licencias otorgadas entre 2023 y 2024. Para dimensionar la magnitud, este número supera la capacidad del Salón Bicentenario del Club Hípico de Santiago. Si desglosamos estas cifras, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) registra 2.280 licencias, mientras que la Fundación Integra suma 1.934.
Conviene subrayar que estos datos corresponden a casos comprobados, ya que los funcionarios involucrados viajaron al extranjero durante su supuesto período de reposo. Y es que las conversaciones cotidianas en los espacios laborales suelen normalizar estas prácticas: frases como “me pido una licencia para ir a la playa” o “me voy de concierto” revelan una cultura de abuso que ha quedado al descubierto.
Abrir esta “caja de Pandora” también nos obliga a preguntarnos cuántas licencias médicas se solicitan en vísperas de fines de semana largos. Por supuesto, esto no significa desconocer la legitimidad de una enfermedad o de problemas de salud mental, pero vale recordar que las licencias no facultan para salir del país, salvo excepciones puntuales como tratamientos médicos en el extranjero. Así, resulta cuestionable el caso del alcalde de Macul, del Partido Republicano, quien justificó su viaje a otro país por motivos de salud, para luego ser fotografiado en un estadio de fútbol junto al plantel profesional.
El costo invisible de este fenómeno es altísimo: no solo se afecta la credibilidad de las licencias médicas, sino que se entorpece el funcionamiento de instituciones tan relevantes como las salas cuna y jardines infantiles. La Junji, por ejemplo, recibió $8.636 millones en 2023, cifra que ascendió a $13.660 millones en 2024, según sus cuentas públicas. La Fundación Integra, por su parte, tuvo un presupuesto cercano a los $820 millones el 2024. Son recursos significativos, financiados por todos los chilenos.
Detrás de este problema también hay una red de profesionales de la salud –médicos– cuya labor es fundamental para el sistema, pero que en algunos casos se ha visto envuelta en estas irregularidades. La Contraloría General de la República, liderada por la contralora Dorothy Pérez Gutiérrez, ha jugado un rol clave en destapar este caso, fiscalizando y cruzando datos de licencias con registros de salidas del país. Es una señal potente de que la fiscalización funciona, aunque claramente es insuficiente para frenar la cultura del abuso.
Desde mi experiencia personal como docente en diferentes colegios tanto públicos y privados, no puedo dejar de recordar cómo, de manera recurrente, algunos colegas presentaban licencias antes de feriados largos. En todo ambiente laboral, la ausencia de una persona, implica aumento en el impacto de quiénes asisten, es decir, además de cumplir con sus labores, deben asumir las tareas de quienes estaban ausentes. Por lo anterior, es fácil imaginar que en Junji o en Fundación Integra se viva algo similar, afectando el clima laboral y generando desgaste en los equipos de trabajo.
¿Qué puede hacer la escuela frente a este escenario? Primero, abrir el debate en las aulas. Escuchar a los estudiantes, conocer sus opiniones, entender cómo perciben estas situaciones. También repensar la formación cívica, una asignatura fundamental que fue eliminada del currículum escolar. Hoy los estudiantes pasan, en promedio, 35 horas semanales en la escuela, pero las horas de artes y música se han reducido. ¿Dónde queda el espacio para hablar de ética, empatía y ciudadanía? Necesitamos recuperar la formación cívica, reintroducir filosofía desde primero medio y abrir espacios para reflexionar sobre el bien común.
Finalmente, no podemos dejar que este caso caiga en el olvido. Existe la percepción de que el tiempo es garante de impunidad, que en unos meses todo pasará sin sanciones. Pero ya han renunciado cerca de 1.000 funcionarios públicos, el Presidente Gabriel Boric ha pedido la salida de autoridades de confianza involucradas y se han iniciado sumarios para otros. También se ha solicitado investigar a médicos que podrían estar participando en estas malas prácticas. Y si alguien aún tiene dudas de cómo funciona este mercado, basta con darse una vuelta por páginas de Facebook, Instagram o grupos de WhatsApp, donde se ofrecen licencias médicas y licencias de conducir de forma fraudulenta…
