Médico-cirujano. Miembro del Departamento de Medio Ambiente, Colegio Médico de Chile. Estudios en Neurobiología y Ciencias de la Conducta, Magister (c) en Salud Pública, Máster en Medicina y Fisiología del Sueño.
Antonio Gramsci escribió en la cárcel una definición de crisis que parece redactada para el Brasil de este noviembre: “La crisis consiste precisamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer; en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados”. El 25 de octubre, Lula ganó su cuarto mandato con el 51,79% de los votos. El candidato derrotado, Flávio Bolsonaro, se negó a reconocer el resultado, mientras su padre cumple condena por haber organizado un golpe de Estado fallido. Lo viejo no termina de morir. Lo nuevo todavía no nace.
La democracia brasileña sobrevivió. Esa es la buena noticia y, a la vez, el punto de partida de un problema más difícil: ¿para qué sirve haberla salvado? Gramsci tenía un nombre para el desenlace que más debería preocupar al nuevo gobierno: revolución pasiva. Es la modernización que se hace desde arriba, la que cambia lo suficiente para que nada esencial cambie, la que incorpora demandas populares sin alterar quién manda. La historia brasileña está llena de soluciones de ese tipo, y la literatura académica sobre el lulismo ha planteado la pregunta incómoda: la incorporación de los movimientos sociales al Estado amplió la inclusión democrática, pero también ayudó a perpetuar la hegemonía existente.
Los números explican por qué el riesgo es real. Según el FMI, la pobreza y la desigualdad han caído, pero el coeficiente de Gini, aún después de impuestos y transferencias, seguía en 50,3 en 2024, y el 23,1% de la población estaba por debajo de la línea de 6,85 dólares diarios que el Banco Mundial usa para los países de ingreso medio alto. La economía crecerá entre 2,0 y 2,2% este año y no mucho más a mediano plazo. El propio Fondo reconoce que el buen desempeño reciente del ingreso por habitante se debió al aumento del empleo, no a la productividad ni a la inversión, que ronda el 17% del PIB. Y las exportaciones cuentan una historia antigua: más del 40% son productos agrícolas, con la soja a la cabeza; el petróleo suma 16% y el mineral de hierro 10%, mientras las manufacturas cayeron por debajo del 30%.
Ese patrón choca con el momento geopolítico. Mónica de Bolle, del Peterson Institute for International Economics, lo resumió antes de la elección: el mundo está revalorizando la tierra —minerales, energía limpia, agua, la Amazonia— y Brasil tiene más de lo que la economía global demanda que casi cualquier otro país. La disputa de 2026 escribió, era sobre si Brasil controla los términos en que el mundo accede a sus recursos o si esos términos los fijan otros. La diplomacia de Lula ha respondido con multialineamiento: negociar con Washington, comerciar con Beijing, empujar el acuerdo con la Unión Europea, apostar por los BRICS. “No queremos comerciar con Estados Unidos o con China; queremos comerciar con ambos”, dijeron Lula y Gabriel Boric en 2025. Funciona, hasta cierto punto: Brasil consiguió que Trump bajara los aranceles y desistiera de inmiscuirse en sus asuntos internos, pero los analistas del instituto alemán GIGA advierten que la dependencia económica de Estados Unidos sigue limitando su capacidad de negociación.
Aquí está el núcleo del problema. La autonomía geopolítica de un exportador de soja, petróleo y hierro es, en buena medida, la libertad de elegir comprador. Sin transformación productiva, el multialineamiento puede convertirse en una versión sofisticada de la vieja inserción periférica: vender materias primas a todas las potencias en lugar de a una sola. Sería, en el plano internacional, otra revolución pasiva.
Roberto Mangabeira Unger, que fue ministro de Asuntos Estratégicos en el segundo gobierno de Lula, ofrece la crítica más útil a esa resignación. Unger llama “falso necesitarismo”a la creencia de que las instituciones existentes —el mercado tal como funciona, la democracia de baja intensidad, la división internacional del trabajo— son la forma natural e inevitable de las cosas. Su alternativa, el “vanguardismo incluyente”, propone difundir las capacidades productivas avanzadas —tecnología, conocimiento, organización— más allá de los enclaves de excelencia, para que el agronegocio tecnificado, la aeronáutica o el petróleo en aguas profundas dejen de convivir con un país de informalidad y baja productividad. Y plantea el necesario acompañamiento con una “democracia de alta energía”, capaz de sostener la movilización ciudadana e inscribirla en instituciones duraderas.
Pero hay que ser honestos con las tensiones. La deuda bruta del gobierno general llegará al 96,5% del PIB este año y, según las proyecciones del FMI, seguiría subiendo hasta el 105,3% en 2031; la tasa básica de interés cerró 2025 en 15%. El Fondo pide un esfuerzo fiscal más ambicioso y ahorrar las ganancias extraordinarias del petróleo, protegiendo el gasto social focalizado. Ninguno de los pensadores que admiro resuelve ese dilema. Salvador Allende sabía que una revolución social y económica “exige años”; Unger no ofrece una fórmula para financiar su programa. La democracia de alta energía, además, tiene una cara oscura: el 8 de enero de 2023 mostró que la movilización también puede ser destructiva.
Por eso conviene volver a Amartya Sen. El desarrollo no se mide solo por el PIB, sino por la expansión de las libertades reales de las personas: lo que pueden efectivamente ser y hacer. Leído así, invertir en educación técnica, en crédito para pequeñas empresas o en infraestructura digital no es un lujo que la restricción fiscal deba postergar, sino la condición para que el crecimiento deje de depender de contratar a más gente y empiece a depender de que cada persona pueda hacer más. La disciplina fiscal y la ambición transformadora no son necesariamente enemigas. Lo que las vuelve enemigas es usar el ajuste como pretexto para no decidir qué país se quiere construir.
Gramsci recordaría, además, que nada de esto se gana solo en el Palacio de Planalto. Una nueva hegemonía se construye en la sociedad civil: en las escuelas, los sindicatos, las iglesias, las redes, los movimientos sociales. La “guerra de posición”es lenta, y esa lentitud choca con la impaciencia de Unger y con la urgencia de los votantes. Pero sin ella, cualquier reforma quedará expuesta a ser revertida en la próxima elección o absorbida por los mismos intereses que pretendía transformar.
Brasil ya hizo lo más urgente: impedir que lo viejo regresara por la fuerza. Lo más difícil empieza ahora: lograr que nazca lo nuevo. Eso exige convertir la defensa de la democracia en un proyecto de país —productivo, soberano y justo—, capaz de disputar el sentido común y no solo el voto. De lo contrario, el interregno continuará y, con él, como advertía Gramsci, los fenómenos morbosos.
