Periodista.
Controversia y debate ha generado la arremetida comunicacional del Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, quienes con sendos videos pusieron en la palestra pública la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Sus videos incluso fueron acusados de fomentar la desinformación a través de fake news -noticias falsas-, acusación que niegan rotundamente.
Es así como quisimos conversar con dos partes que tienen mucho que decir y con visiones diametralmente opuestas frente a un mismo proyecto. Por un lado, con Ricardo Heinsohn Vergara, abogado y presidente del SINAPROF de CONAF y, por otro, con Pamela Poo, politóloga, Magíster en Sociología y encargada de Política e Incidencia de Chile Sustentable.
Cómo en este caso los árboles no dejan ver el bosque, decidimos adentrarnos por los intrincados senderos de este controversial proyecto que tuvo más de mil indicaciones antes de ser aprobado en el Senado y que en la actualidad espera nuevos trámites legislativos en la Comisión de Medio Ambiente y, posteriormente, en la Comisión de Agricultura para finalmente llegar a la sala de la Cámara Baja.
Antes de comenzar la entrevista, a propósito de un video que se viralizó en las redes sociales, el presidente de SINAPROF, Ricardo Heinsohn, puntualizó “que el único tema que se nos quedó y que hoy está fuera del marco normativo que se está tramitando, es lo referido a los bancos de compensación, eso es lo único que hasta ahora se eliminó y que, por lo tanto, mejoró -entre comillas- el proyecto. El resto del texto sigue absolutamente igual “.
– Aclarado ese punto entonces ¿cómo entienden ustedes el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas?
– Nosotros entendemos que este proyecto es ultra-neoliberal y un intento más de jibarizar el Estado de Chile para dedicarse al control, cuidado, protección, manejo del bosque nativo y especialmente de las áreas protegidas. Al crear este servicio, que es ínfimo, con un presupuesto absolutamente insuficiente y sin el personal que actualmente tiene la CONAF, no van a tener recursos porque se quintuplicarán las áreas protegidas, los recursos serán de 0.11 dólares por hectárea versus los 0.96 dólares que se destinan hoy en día.
Esto significa que los creadores de esta ley, los neoliberales de siempre van a tercerizar esto y van a pasar esas funciones que deben ser del Estado a terceros, a privados, entre ellos las concesiones, el monitoreo de diversidad, fiscalización del bosque nativo y áreas protegidas. Algunos interesados como algunas ONG´s también podrían acceder a estos fondos públicos, por eso digo que el fin último de esto es jibarizar el Estado y de paso destruir a CONAF que ha sido el único ente sectorial y el único que se ha opuesto a proyectos emblemáticos como Dominga o Isla Riesco.
Cuando hablamos de las Concesiones que contempla este proyecto no se trata de infraestructura menor en las Áreas Protegidas sino de Concesiones de tipo TOTAL, de todo el territorio de cada Área Protegida y hasta por 30 años. Dentro de ellas los Concesionarios podrán hacer intervenciones de tipo mercantil groseras y desarrollar proyectos lucrativos de todo tipo. Se habla de que los Concesionarios serán personas jurídicas sin fines de lucro; bueno, ahí están las Fundaciones que crean los empresarios acaudalados para – entre otras cosas – evadir impuestos y lograr subvenciones estatales. Eso ya fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente. Por otro lado, se contempla la figura de Transferencia de la Concesión a terceros con ello sencillamente desaparece todo intento de Conservación porque no habrá ningún hilo conductor entre la acción del concesionario original y del comprador de la concesión. Es decir, la Conservación pasa a manos del bien de consumo que será la Concesión. Impresentable. Esto también fue aprobado por la Comisión.
El rol de CONAF
– ¿Por qué ustedes están en contra de la privatización de las áreas protegidas si CONAF ya es un ente privado?
– CONAF es un ente híbrido, que nació como una Corporación de Derecho Privado y finalmente cumple todas las funciones públicas. No es que CONAF haga negocios con los bosques, las plantaciones, NO. Cumple solo fines públicos y es una Corporación y justamente por el Estatuto Jurídico que tiene es que funciona excelente, como un ejemplo para el servicio público. Este no es un negocio de CONAF ni de los trabajadores, dentro de los cuales me incluyo; lo que existe es un atropello atroz a los derechos adquiridos de los trabajadores.
La gente tiene que informarse y leer este proyecto que es asqueroso y que va en estricto detrimento del patrimonio natural del país. Eso es lo que estamos defendiendo nosotros, nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, por lo que apelo a la conciencia de nuestras y nuestros parlamentarios que por favor revisen bien este proyecto y que no lleguen a acuerdos para que se pareen en cada sesión con el objeto de ir aprobando las normas.
No podemos estar de acuerdo con la aprobación de un proyecto tan importante como éste y precisamente en tiempos que se va a escribir una nueva Constitución en Chile, entrando en directa colisión con la nueva carta fundamental, porque se va a referir a otras cosas respecto al agua, la flora y fauna, los bosques nativos y todo eso va a quedar amarrado antes si se aprueba ahora, sencillamente va a ser una ley de amarre más.
– Usted se refiere a que esto es un atropello a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de CONAF ¿podría profundizar en este punto?
– Este es otro acápite que es muy importante que, por supuesto, como dirigentes sindicales tenemos que darle mucho énfasis y expusimos en la misma Comisión de Medio Ambiente sobre la normativa laboral que es absolutamente vejatorio a los derechos de los trabajadores. Porque según el artículo 11 que dice que se aplicará a los trabajadores la normativa contenida en el Código del Trabajo y después empiezan una cantidad de normas que son solo gravosas del Estatuto Administrativo, no aplican las normas que establecen los derechos del Estatuto Administrativo. Solamente las obligaciones, los deberes, las sanciones y con eso crean muchas más causales de despido. Incluso las nuevas administraciones se han dado cuenta que estas normas son gravosas para los trabajadores.
No a la tercerización
– ¿Qué se requiere para que esta ley tenga el apoyo del sindicato que usted representa?
– Así como está es imposible que nosotros estemos de acuerdo con este proyecto. Dejen a CONAF con las funciones que tiene hoy en día, con todo el bosque nativo porque les están quitando todas las funciones del bosque nativo, áreas protegidas, sitios Ramsar y sin personal porque el artículo 9° transitorio habla del traspaso de los trabajadores que laboran en las áreas silvestres protegidas de CONAF, que va a ser solo después del tercer año de entrado en funcionamiento el servicio. Hay tres años que esto va a quedar en tierra de nadie idóneo, ni siquiera el proyecto establece una norma transitoria que indique que CONAF seguirá estando a cargo de las áreas protegidas. Queremos que el monitoreo de la diversidad sea parte del Estado y no tercerizado a privados. Con este bodrio de proyecto se establece que se deja la facultad, incluso que la fiscalización del bosque nativo esté a cargo de guardias civiles, casi como guardias de seguridad de un supermercado. Además, estas concesiones se pueden transferir a terceros, o sea, el objeto que supuestamente persigue esta ley que es la conservación de nuestra biodiversidad, se pierde completamente.
Pamela Poo, encargada de Política e Incidencia del Programa Chile Sustentable.
– ¿Qué significa para usted el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas?
– Ocurre que actualmente el famoso SNASPE, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, “nunca fue ratificado como servicio”, más allá que por costumbre sabemos que existe, pero la verdad es que esto quedó en manos de CONAF, organización de derecho privado que tiene limitaciones para poder hacer servicio de biodiversidad público, es decir que tienen funciones acotadas y hay cosas que no pueden hacer. Esto no lo estoy diciendo yo, lo ha planteado la Contraloría.
Entonces, para completar la institucionalidad ambiental que hoy en día se compone del Ministerio de Medio Ambiente, los Tribunales Ambientales, la Superintendencia del Medio Ambiente, se requiere el Servicio de Biodiversidad.
– ¿Por qué existen opiniones tan disímiles entre la gente que está a favor y en contra de este proyecto de ley?
– Los que están en contra del proyecto son los sindicatos de CONAF. Yo no he visto a nadie más en contra del proyecto más allá de la desinformación que generan con sus videos que son falsos. Yo soy categórica en decir que es falsa la información del video.
Ahora bien, efectivamente el servicio hace concesiones, hace una licitación pública y puede retirar esa concesión si no están cumpliendo las bases de la licitación, además que son científicas, turísticas, educacionales. Por ejemplo, infraestructura como la creación de un baño. No es el ideal, pero tampoco es un problema, hoy existen concesiones y actualmente las concesiones que hay no tienen el nivel de regulación que pone el servicio, entonces hay un tema que ocultan los sindicatos, de hecho, son los mismos sindicatos los que se oponían a la decisión del Comité de Ministros de transformar en Parque Nacional la Reserva Río Clarillo, que significa una protección mucho más alta. Estos sindicatos incluso acudieron a Contraloría en contra de esa decisión.
– En cuanto al traspaso ¿estas áreas protegidas quedarán en el desamparo?
– Eso no es así, lo que ocurre es que está el servicio y el traspaso de tres años es para los trabajadores, para ir traspasándolos y hacer estudios de homologación, no es que quede en tierra de nadie, sino que sigue corriendo la ley actual y que se debe ir ajustando hasta que se logre el traspaso total.
– ¿Y CONAF sería el encargado de resguardar los Parques Nacionales?
– Efectivamente los guarda parques, quienes están de acuerdo con el proyecto, por lo menos el 80 por ciento de ellos están de acuerdo con este proyecto. La Federación ha ido a exponer al Congreso señalando su postura a favor.
200 indicaciones
– Cómo todos los proyectos de ley son perfectibles, a su juicio ¿Qué es lo que le falta a este proyecto?
– El proyecto tiene 200 indicaciones. Se ha votado prácticamente un tercio y todas van en la lógica de definir mejor, de incluir por ejemplo el tema del paisaje que es súper importante que se mencione como un componente, por ejemplo, de las áreas protegidas. El paisaje quiere decir que se deben incluir muchos más elementos, también hay otros que se han ido mejorando por lo tanto todavía quedan temas por mejorar. 200 indicaciones que van en la línea de especificar algunos temas, de mejorar las redacciones, de ir cerrando también los temas, por ejemplo, decir tajantemente que no se pueden hacer actividades productivas en ciertas áreas, y eso ya se cerró, fue una larga discusión. El hecho de homologar las áreas por ejemplo. Ya no son todas las áreas que se indicaba sino que son seis y cada una de esas áreas tienen un objeto de protección mucho más definido como también lo que se puede y aquello que no se puede hacer. Una mejora sustancial es que el parque marino ahora tiene el rango de Parque Nacional, situación que no es menor
Las concesiones se han ido perfeccionando, ya se han votado varias partes del articulado y las concesiones son hasta 30 años, no son 30 años, podría haber una licitación que requiera de un servicio de restorán por ejemplo que se licite a 10 años.
– ¿Cómo se puede preservar nuestra biodiversidad con un servicio de hotelería, pensando en una concesión turística?
– No va a existir hotelería adentro porque es un área protegida que tiene un plan de manejo, un objeto de protección que define aquello que se puede hacer dentro de un área protegida, tienes un plan de manejo lo que se puede y no se puede hacer dentro de un parque nacional. El servicio es el que define qué necesidades tiene que cubrir dentro de cualquier área protegida y eso es lo que se licita. Hay bases públicas en las cuales el servicio va a licitar por ejemplo baños y garitas en la zona de amortiguación de un área, que no es la zona núcleo, sino que fuera del área.
– ¿Qué le falta a este proyecto para que se apruebe?
– Yo creo que este proyecto se va a seguir tramitando, todavía le falta que termine la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente. Debiera pasar a la de Agricultura y después de eso en sala y probablemente tendrá una comisión mixta así que le quedan dos o tres años más.
El Servicio de Bienestar y Áreas Protegidas se necesita. En ningún proyecto de ley se va a conseguir el 100 por ciento de lo que uno se imagina, es muy difícil que cualquier gremio, movimiento ciudadano o cualquier ONG logre esto. Todo esto sobre la base de las cosas que se van construyendo en la democracia y que hay gente que no piensa igual que uno. En ese sentido la materia de la ley es así, se legisla en la base de hacer confluir múltiples posturas y pensamientos. En ese sentido yo respeto apreciaciones que no estén de acuerdo, pero insisto que debe ser sobre la base de argumentación fidedigna y no falsa.
