El 29 de enero de 2026, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, representantes del Estado, empresas, especialistas y actores internacionales se reunieron para hablar de una actividad que hasta hace pocos años habría resultado extraña para buena parte de los chilenos: comprar y vender reducciones de carbono. El seminario llevaba un título revelador, Precio al Carbono: inversión en movimiento. Allí, el Ministerio del Medio Ambiente presentó una cartera de 22 proyectos vinculados a los acuerdos climáticos de Chile con Suiza y Japón por cerca de US$1.400 millones. Había iniciativas de almacenamiento eléctrico, electromovilidad, captura de metano y otras tecnologías capaces de disminuir emisiones. La conclusión que se buscaba transmitir era clara: una política creada originalmente para combatir el cambio climático comenzaba también a convertirse en una política de inversión.
Seis semanas después, el escenario cambió.
El 12 de marzo, un día después de asumir el nuevo gobierno, el Ministerio del Medio Ambiente retiró de la Contraloría General de la República 43 decretos que esperaban completar su control de legalidad antes de poder entrar en vigencia. La explicación oficial fue que se necesitaba revisar su consistencia técnica y jurídica. El retiro no equivalía a derogarlos, porque muchos todavía no estaban vigentes. Tampoco permitía concluir automáticamente que todos serían eliminados. Pero producía un efecto inmediato y concreto: mientras no fueran reingresados y tomados de razón, esas nuevas reglas no podían comenzar a operar jurídicamente.
Cinco meses después, 35 seguían pendientes, según el seguimiento realizado por Radio Universidad de Chile y otras fuentes que han monitoreado el proceso. El Gobierno sostiene que la revisión ha permitido encontrar errores y corregir normas antes de que produzcan litigios o problemas de implementación. La ministra Francisca Toledo defendió públicamente la decisión el 20 de agosto y aseguró que, en algunos casos, los análisis de impacto económico y social contenían deficiencias que podían alterar las medidas que finalmente se exigieran. La controversia, por tanto, no puede reducirse seriamente a afirmar que un gobierno quiere proteger el medio ambiente y otro destruirlo. La cuestión relevante es más difícil: qué ocurre económica y climáticamente mientras una parte importante de la regulación permanece suspendida, y qué ocurrirá si al regresar lo hace con estándares menos exigentes.
La pregunta adquiere otra dimensión cuando se observa la lista completa. Entre los decretos retirados no había solamente normas sobre animales protegidos, parques nacionales o contaminación atmosférica. Había dos reglamentos estrechamente relacionados con la construcción del futuro mercado chileno del carbono. Uno, el Decreto Supremo N.º 4 de 2025, desarrollaba el Sistema de Certificación Voluntaria de Gases de Efecto Invernadero y Uso del Agua contemplado en el artículo 30 de la Ley Marco de Cambio Climático. El otro, el Decreto Supremo N.º 9 de 2025, regulaba el Sistema de Compensación de Emisiones de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de vida corta previsto en su artículo 15. Ambos figuraban entre los instrumentos retirados.
Para comprender por qué esto importa hay que retroceder un poco, porque el mercado del carbono sigue siendo una economía prácticamente invisible para la mayoría de las personas.
Durante casi toda la historia industrial moderna, una empresa calculó cuidadosamente el precio de sus insumos, de sus trabajadores, del transporte, de sus créditos y de sus máquinas, pero una parte importante de la contaminación que producía no aparecía en sus costos. Si una central emitía dióxido de carbono y esa emisión contribuía al calentamiento global, la sequía, los incendios, las inundaciones o las transformaciones agrícolas que décadas después podían asociarse al cambio climático no aparecían en el balance de esa empresa. El beneficio de producir era privado; una parte del costo ambiental quedaba distribuido entre todos.
La economía llama a eso una externalidad.
El mercado del carbono nace del intento de incorporar al menos una parte de ese costo dentro de la decisión económica. Chile comenzó a hacerlo mediante su impuesto verde: determinadas grandes fuentes pagan actualmente US$5 por cada tonelada de CO₂ emitida. El problema es que esa cifra continúa siendo muy baja frente al valor que el propio Estado utiliza para representar el costo social del carbono. Desde 2024, el precio social empleado para evaluar inversiones públicas alcanza US$63,4 por tonelada. Un informe del Comité de Carbono-Neutralidad y Resiliencia de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático identifica precisamente esa brecha: un impuesto de US$5 frente a un precio social de US$63,4, y sostiene que un precio creciente del carbono puede acelerar innovación e infraestructura baja en emisiones.
No significa que el impuesto deba ser automáticamente de US$63,4. Un impuesto y un precio social cumplen funciones diferentes. Pero la distancia revela algo esencial: la señal económica chilena para dejar de contaminar sigue siendo débil.
Y ahí comienza a aparecer el mercado.
Una empresa puede pagar por emitir, pero otra empresa puede ganar dinero precisamente haciendo lo contrario. Si captura metano que antes llegaba a la atmósfera, reemplaza una tecnología contaminante, electrifica su transporte o instala almacenamiento que permite aprovechar electricidad renovable que de otra manera se perdería, puede producir una reducción de emisiones.
Esa reducción todavía no es un activo. Primero hay que demostrarla.
Hay que establecer cuánto habría emitido la actividad sin el proyecto. Después medir cuánto emitió realmente. La diferencia debe ser verificable. Debe comprobarse que la reducción no se está contando dos veces y, en determinados sistemas, que no habría sucedido de todas maneras. Sólo después de esa arquitectura científica, administrativa y jurídica puede aparecer un certificado.
Entonces ocurre algo extraordinario: una tonelada de gas que no llegó a la atmósfera puede adquirir valor económico.
Eso es el mercado del carbono.
No se vende literalmente aire. Se comercializa un derecho certificado que representa una reducción o absorción determinada.
Chile ya dispone de un mecanismo operativo de compensaciones ligado al impuesto verde: el Ministerio del Medio Ambiente explica que certificados de reducción pueden descontarse de las emisiones gravadas bajo ciertas condiciones. Y la Ley Marco de Cambio Climático creó otros sistemas destinados a extender y ordenar esa lógica hacia normas de emisión, certificaciones voluntarias y mercados nacionales e internacionales.
Los dos reglamentos retirados eran importantes precisamente porque una ley puede crear un sistema en términos generales, pero alguien tiene que establecer después cómo funciona en la práctica.
El reglamento del artículo 15 debía definir procedimientos y requisitos para aprobar proyectos de reducción o absorción de gases de efecto invernadero, verificar esas reducciones y reconocer determinados excedentes asociados al cumplimiento de normas de emisión. No es una cuestión secundaria. Es la reglamentación que permite establecer quién puede presentar un proyecto, cómo se prueba la reducción, cómo se verifica y bajo qué condiciones puede utilizarse.
El reglamento del artículo 30 debía organizar el sistema voluntario de certificaciones, rótulos y etiquetas relacionadas con gases de efecto invernadero y uso del agua. Su anteproyecto establecía procedimientos administrativos para solicitar esas certificaciones y reglas sobre información y reconocimiento de los instrumentos.
Dicho en lenguaje sencillo: la ley construyó la casa; estos reglamentos ayudaban a instalar parte de sus puertas, medidores y conexiones.
Mientras esas piezas no estén plenamente operativas, el mercado no necesariamente desaparece, porque Chile posee otros mecanismos que continúan funcionando. Pero parte de la arquitectura queda incompleta o sometida a incertidumbre.
Eso importa especialmente porque Chile ya había decidido transformar el carbono en una herramienta para atraer inversiones.
El ejemplo del almacenamiento eléctrico permite verlo mejor que cualquier definición académica.
Chile produce enormes cantidades de energía solar en determinadas horas del día. El problema aparece cuando hay más electricidad disponible que demanda o capacidad de transmisión. Parte de esa generación renovable puede terminar siendo vertida. Una batería de gran escala puede recibir esa electricidad, almacenarla y devolverla al sistema cuando se necesita, reduciendo la necesidad de utilizar generación fósil.
La inversión, sin embargo, es costosa.
En el seminario de enero, el presidente ejecutivo de Colbún explicó cómo un proyecto de almacenamiento podía apoyarse también en ingresos asociados a reducciones de carbono. Ésta es precisamente la lógica que el mercado intenta crear: hacer que una inversión limpia sea financieramente más atractiva porque, además del servicio que presta, produce una reducción de emisiones económicamente reconocida. El mercado climático convierte así una externalidad evitada en parte del flujo futuro del proyecto.
Aquí aparece la contradicción que debería preocupar mucho más que la discusión formal sobre si un decreto fue retirado o no.
Para que el carbono tenga valor, contaminar debe tener algún costo y reducir contaminación algún beneficio.
Si una política aumenta progresivamente las exigencias ambientales, una empresa tiene mayores incentivos para modernizarse. Almacenamiento, eficiencia energética, electrificación o tecnologías menos contaminantes comienzan a competir en mejores condiciones frente a las tecnologías antiguas.
Pero si simultáneamente se postergan o flexibilizan normas que aumentaban el costo ambiental de las tecnologías contaminantes, la comparación cambia.
La planta antigua continúa operando bajo requisitos menos exigentes.
La inversión nueva sigue teniendo que financiar su batería, su tecnología o su reconversión.
En términos económicos, el capital contaminante mantiene artificialmente parte de su ventaja porque algunos costos que produce continúan fuera de su balance.
Eso puede distorsionar el mercado.
No porque alguien manipule ilegalmente el precio, sino porque las reglas determinan cuánto cuesta contaminar y cuánto vale dejar de hacerlo.
Ese problema ya existía antes del retiro de los decretos. Estudios y documentos técnicos han advertido durante años que un impuesto de sólo US$5 por tonelada constituye una señal limitada. La propia Asesoría Técnica Parlamentaria de la BCN ha tratado el impuesto chileno como un punto de partida que debería evolucionar hacia instrumentos más amplios, incluyendo compensaciones y sistemas de permisos transables. Y la NDC chilena de 2025 contempla explícitamente un aumento gradual del impuesto verde hacia 2035 y un rediseño de impuestos para internalizar mejor las externalidades.
Por eso mantener durante un período prolongado reglas climáticas relevantes en suspenso no estaría corrigiendo un mercado excesivamente fuerte. Puede estar introduciendo incertidumbre precisamente en un mercado que todavía está madurando.
Hay además un segundo problema, menos intuitivo, pero mucho más delicado: la llamada adicionalidad.
Supongamos que una industria normalmente emite cien toneladas y que una norma obliga a reducirlas a setenta. La empresa no debería poder decir después que esas primeras treinta toneladas constituyen una reducción voluntaria extraordinaria: estaba obligada a realizarlas.
Pero supongamos ahora que la norma se debilita y sólo exige bajar hasta noventa. Si la misma empresa llega finalmente a sesenta, la distancia respecto de la nueva línea regulatoria es mayor.
El número de reducciones potencialmente reconocibles puede crecer simplemente porque el estándar desde el cual medimos la mejora se volvió menos exigente.
El ecosistema no mejoró por esa razón.
Cambió la regla.
La contradicción comienza a hacerse visible cuando se observa qué necesita realmente este mercado para funcionar. El carbono sólo adquiere valor económico cuando contaminar tiene algún costo y reducir emisiones produce una ventaja. Si una empresa sabe que durante los próximos años deberá enfrentar estándares ambientales más exigentes, tiene mayores razones para modernizar sus equipos, invertir en almacenamiento, electrificar procesos o abandonar tecnologías intensivas en combustibles fósiles. Esa presión regulatoria no elimina al mercado; en cierto sentido, lo crea. Hace que una batería, una reconversión tecnológica o una reducción de metano compitan en mejores condiciones frente a una instalación antigua cuyo bajo costo depende, en parte, de que algunos de sus impactos continúen siendo asumidos por la sociedad.
Por eso el retiro o la postergación prolongada de normas ambientales importa más de lo que sugiere una discusión administrativa sobre decretos. Si una tecnología contaminante continúa operando durante más tiempo bajo exigencias anteriores, mientras la alternativa limpia debe financiar íntegramente la inversión necesaria para reemplazarla, la competencia queda inclinada. No porque exista una manipulación ilegal del mercado, sino porque las reglas públicas ayudan a determinar cuánto cuesta seguir contaminando y cuánto vale económicamente dejar de hacerlo. El problema es especialmente sensible en Chile porque esa señal ya era débil antes de marzo de 2026. El impuesto al carbono continúa en US$5 por tonelada, muy por debajo del precio social que utiliza el propio Estado para evaluar los efectos de las emisiones, y distintos estudios habían advertido que ese nivel era insuficiente para provocar por sí solo transformaciones profundas de la matriz energética. Mantener además una parte de la regulación complementaria bajo revisión no corrige, por tanto, un mercado excesivamente exigente; puede profundizar una debilidad que ya existía.
Hay otra consecuencia menos evidente. Todo mercado de carbono necesita establecer un punto de comparación. Para saber cuánto redujo una empresa, primero hay que determinar cuánto habría emitido si no hubiera realizado el proyecto. Esa diferencia constituye la llamada línea de base y de ella depende un concepto decisivo: la adicionalidad. Una empresa no debería recibir créditos simplemente por cumplir una obligación que la ley ya le imponía. El incentivo económico se supone destinado a producir algo adicional a lo que habría ocurrido normalmente.
El problema aparece cuando cambia esa normalidad regulatoria. Si una industria emitía cien toneladas y una norma la obligaba a reducir hasta setenta, esas primeras treinta toneladas no podían presentarse seriamente como un esfuerzo voluntario extraordinario. Pero si la regulación se vuelve menos exigente y sólo obliga a llegar a noventa, la misma reducción empresarial puede comenzar a parecer mucho mayor respecto del nuevo punto de partida. El número potencial de certificados aumenta sin que el ecosistema haya mejorado en la misma proporción. No cambió necesariamente la tecnología ni la contaminación real; cambió la regla desde la cual se hizo la comparación.
Ahí aparece uno de los riesgos intelectualmente más importantes de esta nueva economía: confundir el crecimiento del mercado con el progreso ambiental. Un país puede emitir más certificados porque logró reducciones extraordinarias respecto de estándares exigentes, pero también puede ampliar el espacio para generarlos si sus líneas de base se vuelven más permisivas. Por eso la regulación ambiental no constituye un obstáculo situado fuera del mercado del carbono. Forma parte de la infraestructura que permite establecer si lo que se está vendiendo corresponde efectivamente a una mejora.
Esta cuestión adquiere una dimensión todavía mayor cuando esas reducciones dejan de circular solamente dentro de Chile y comienzan a formar parte del comercio climático internacional. Bajo el artículo 6 del Acuerdo de París, Chile puede autorizar que determinados resultados de mitigación sean transferidos a otros países. Ya existen mecanismos de cooperación con Suiza y Japón y proyectos concebidos precisamente para aprovechar esa posibilidad. Pero la operación contiene una regla fundamental: una misma reducción no puede servir simultáneamente para que Chile y el país comprador afirmen que cumplieron sus respectivas metas. Cuando una tonelada autorizada es transferida y utilizada internacionalmente, Chile debe ajustar su contabilidad.
La consecuencia política es considerable. No se está vendiendo territorio y ningún comprador extranjero adquiere soberanía sobre un bosque chileno. Lo que el Estado comienza a administrar es algo diferente: una capacidad limitada para generar reducciones que pueden servir tanto para cumplir las obligaciones climáticas nacionales como para atraer financiamiento extranjero. Cada tonelada exportada tiene entonces un costo de oportunidad. Si Chile avanza rápidamente hacia la descarbonización puede disponer de mayor margen para cooperar internacionalmente; si avanza lentamente tendrá que reservar una fracción mayor de sus reducciones para cumplir sus propias metas.
Desde esta perspectiva, retrasar hoy políticas que disminuyen emisiones puede terminar reduciendo mañana aquello mismo que Chile pretende transformar en una nueva fuente de inversión. La aparente paradoja deja de serlo: abaratar en el corto plazo determinadas actividades convencionales puede aumentar las necesidades nacionales de mitigación y, con ello, disminuir la cantidad de reducciones que resulte razonable transferir al exterior.
Es aquí donde los decretos retirados adquieren su verdadera relevancia. No porque sean el centro de la política climática chilena ni porque todos produzcan el mismo efecto, sino porque varios intervenían precisamente sobre el entorno regulatorio que determina la velocidad de la transición. Entre ellos había normas vinculadas con termoeléctricas, contaminación atmosférica, agua, restauración, adaptación, biodiversidad y, de manera mucho más directa, dos reglamentos destinados a completar los sistemas de certificación y compensación de gases de efecto invernadero establecidos por la Ley Marco de Cambio Climático. Meses después del retiro, una parte importante de esos instrumentos seguía pendiente.
El Gobierno ha defendido la revisión argumentando que algunos decretos presentaban problemas técnicos o metodológicos y que enviarlos nuevamente a Contraloría sin corregirlos podía generar litigios y dificultades posteriores. Es un argumento que debe tomarse en serio. Una norma ambiental mal construida puede terminar anulada y producir exactamente la incertidumbre que pretendía resolver. El problema no está, entonces, en revisar. Está en cuánto dura esa revisión, qué ocurre durante ese intervalo y, sobre todo, si los decretos finalmente regresan técnicamente fortalecidos o materialmente debilitados.
El caso de la norma sobre material particulado fino muestra por qué esa diferencia importa. Su cumplimiento implicaba costos regulatorios significativos, pero la evaluación oficial estimaba beneficios sociales varias veces superiores, asociados a menor mortalidad, menos hospitalizaciones y menor exposición de la población a contaminación. Ese cálculo permite observar una ausencia recurrente en el debate económico. Cuando se afirma que una regulación “cuesta” determinada cantidad de dinero, normalmente ese costo aparece claramente en las inversiones que deberán realizar las empresas. El costo de no regular, en cambio, se distribuye entre hospitales, hogares, enfermedades, pérdida de productividad y muertes prematuras. No desaparece. Cambia de lugar.
La misma lógica opera a escala ecológica. Un bosque puede parecer poco rentable si sólo se contabiliza la madera susceptible de extraerse. Una turbera puede parecer improductiva si no se asigna valor a su capacidad de almacenar carbono, regular agua y sostener biodiversidad. Un humedal puede ser visto como suelo disponible hasta que una inundación muestra cuánto costaba realmente la función ecológica que cumplía. La economía climática está comenzando precisamente a modificar esa mirada: funciones que durante décadas fueron tratadas como gratuitas empiezan a adquirir valor económico.
Chile conoce bien la historia inversa. Durante generaciones construyó buena parte de su inserción internacional extrayendo aquello que el territorio podía entregar: plata, salitre, cobre, madera, pesca y, más recientemente, litio. El mercado del carbono abre una posibilidad históricamente diferente. Por primera vez, una parte creciente del valor puede provenir no de extraer algo de la naturaleza, sino de mantener determinados procesos funcionando. Un bosque puede producir renta porque permanece en pie. Una emisión puede producir valor porque nunca ocurrió. Una batería puede ser rentable porque permite desplazar generación fósil. Una restauración puede recuperar una función ecológica que antes no aparecía en ninguna contabilidad financiera.
Pero sería un error concluir que todo lo ambiental puede reducirse a carbono. La tonelada de CO₂ es una unidad extremadamente útil porque permite comparar reducciones producidas por actividades distintas. Los ecosistemas, en cambio, no poseen esa fungibilidad. Dos bosques que almacenan la misma cantidad de carbono pueden tener valores radicalmente diferentes en biodiversidad, agua, suelo o historia ecológica. Un salar no puede describirse solamente mediante las toneladas de litio que contiene y un ecosistema marino no puede reducirse a su productividad salmonera.
Esa diferencia se vuelve crucial en una economía que comienza a llamarse a sí misma “verde”. Una explotación de tierras raras puede proporcionar minerales esenciales para motores eléctricos y aerogeneradores y, al mismo tiempo, intervenir suelos, consumir agua y fragmentar hábitats. El litio puede ser indispensable para almacenar electricidad renovable y simultáneamente ejercer presión sobre ecosistemas de alta fragilidad. Una salmonera puede reducir su huella de carbono utilizando electricidad limpia sin que eso elimine automáticamente los impactos que pueda producir sobre los fondos marinos. No hay contradicción en que una actividad mejore climáticamente y siga siendo ecológicamente problemática.
Precisamente por eso el mercado necesita una política ambiental que mire más allá del carbono. La evaluación tradicional, centrada en proyectos individuales, puede comprobar que una carretera cumple sus exigencias, que una mina cumple las suyas y que una línea eléctrica también lo hace. Pero la cuenca recibe las tres intervenciones al mismo tiempo. El bosque experimenta conjuntamente todas las fragmentaciones. El salar no distingue qué expediente administrativo autorizó cada extracción de agua. Cuando esas presiones se acumulan, cumplir individualmente una norma deja de garantizar que el ecosistema completo permanezca dentro de límites seguros.
De ahí que la evaluación acumulativa y ecosistémica se vuelva relevante para el propio futuro del mercado climático. No se trata de impedir cualquier inversión, sino de invertir la pregunta. En vez de comenzar siempre preguntando cuánto impacto puede compensar un proyecto, el Estado puede comenzar determinando cuánto impacto puede soportar el territorio sin perder funciones esenciales y, a partir de allí, establecer qué actividades son compatibles. Esa forma de regulación puede parecer más exigente, pero también puede entregar algo que el capital de largo plazo necesita: saber anticipadamente dónde puede invertir, bajo qué condiciones y dónde determinados límites simplemente no son negociables.
Esto permite entender por qué la incertidumbre generada por una regulación suspendida tampoco es necesariamente favorable para la inversión. Un inversionista puede adaptarse a una norma severa si conoce sus exigencias y sabe que seguirán vigentes durante veinte años. Mucho más difícil es calcular un proyecto cuando no sabe cuál será la norma definitiva dentro de seis meses. Pocas semanas antes del retiro de los decretos, actores del naciente mercado chileno del carbono habían destacado precisamente la continuidad, la certeza y la integridad institucional como condiciones para financiar proyectos de largo plazo. La disputa no es, por tanto, entre mucha regulación y poca regulación. Es entre regulación previsible y regulación incierta; entre simplificar procedimientos y disminuir estándares; entre eliminar burocracia y rebajar el costo ambiental efectivo de una actividad.
Esa distinción será decisiva para evaluar la revisión realizada por el gobierno de Kast. Si los decretos vuelven con mejores metodologías, menor riesgo de impugnación y estándares ambientales equivalentes o superiores, la revisión habrá producido una institucionalidad más robusta. Si, en cambio, regresan con obligaciones sustantivamente menores, o algunos de los reglamentos esenciales para el mercado climático permanecen indefinidamente pendientes, el efecto será otro. Chile estaría intentando atraer inversionistas para que financien reducciones cuya credibilidad depende precisamente de las reglas que ha dejado incompletas.
El problema ya no sería solamente ambiental. Sería económico.
Los mercados internacionales de carbono están aprendiendo a distinguir entre certificados de distinta calidad. La existencia de una tonelada escrita en un registro no basta. Importan la adicionalidad, la permanencia, el riesgo de reversión, la trazabilidad y la capacidad de las instituciones nacionales para demostrar que la reducción corresponde a algo real. En esa nueva economía, una regulación ambiental robusta puede transformarse en parte del valor del producto que Chile ofrece al mundo.
Esta posibilidad obliga a revisar la manera tradicional de pensar la competitividad. Durante décadas predominó la idea de que la principal ventaja era reducir aquello que el inversionista debía pagar: impuestos, permisos, tiempos y costos regulatorios. Esos factores continúan importando. Pero la transición climática está creando una segunda forma de competitividad. Una empresa puede decidir instalarse en Chile porque encuentra abundante energía renovable, porque puede producir cobre con menor huella, porque existe capacidad para certificar reducciones o porque sus productos tendrán mejor acceso a mercados que cada vez imponen estándares climáticos más rigurosos.
La regulación, en esos casos, deja de ser solamente el precio que una empresa paga para invertir. Pasa a formar parte de aquello que Chile vende.
El país se encuentra, además, en una posición particularmente compleja porque posee simultáneamente los minerales que requiere la transición y una importante capacidad para producir energía y mitigación climática. Cobre, litio, posibles tierras raras, energía solar, viento, bosques y ecosistemas australes forman parte de una misma transformación global. El riesgo consiste en repetir, bajo un lenguaje ecológico, una estructura económica conocida: América Latina poniendo el territorio y las materias primas mientras otras economías concentran la tecnología, la intermediación financiera y las actividades de mayor valor agregado.
Nada garantiza que un mercado de carbono corrija esa desigualdad. También puede reproducirla.
Chile podría terminar exportando cobre y litio para que otros fabriquen las tecnologías de la transición y, simultáneamente, vender reducciones baratas de carbono mientras bancos, desarrolladores, certificadores e intermediarios internacionales concentran una parte importante de las rentas. La mercancía cambiaría, pero la posición periférica podría mantenerse.
Ahí la discusión deja definitivamente de ser solamente ambiental. Se convierte en una cuestión de soberanía.
No una soberanía entendida como cierre económico o rechazo a la inversión extranjera, sino como capacidad nacional para decidir qué se extrae, qué se conserva, qué reducción conviene vender, cuánto valor permanece en el territorio y qué riesgos no deberían transferirse a quienes vivirán aquí dentro de treinta o cincuenta años. El mercado del carbono puede fortalecer esa capacidad si permite financiar tecnología, restauración, ciencia, empleo territorial y una transición productiva más compleja. Puede debilitarla si Chile se limita a ofrecer otra materia prima barata, esta vez invisible: una tonelada certificada de carbono.
Por eso los 35 decretos que permanecían pendientes no deberían analizarse simplemente como el remanente administrativo de una disputa entre dos gobiernos. Son una prueba concreta de algo mayor. Chile comenzó a construir una economía en la que contaminar debería volverse progresivamente más costoso y reducir emisiones más valioso. Esa arquitectura ya moviliza inversiones, pero todavía es frágil. El precio directo del carbono sigue siendo bajo, el mercado está en formación y alcanzar la carbono-neutralidad exigirá inversiones que se extenderán durante varias décadas.
En ese contexto, dejar incompletas durante demasiado tiempo reglas vinculadas con certificación, compensación, contaminación, biodiversidad o transición energética puede tener efectos que sólo serán visibles años después. Una inversión limpia que no se realizó, una reconversión tecnológica que se postergó o un ecosistema cuya degradación pudo evitarse no aparecen inmediatamente en las estadísticas fiscales. Pero precisamente ésa es la característica del cambio climático: muchas decisiones cuyos beneficios son inmediatos producen costos que llegan cuando quienes las tomaron ya no están en el gobierno.
Por eso la prueba definitiva no será contar cuántos decretos fueron retirados o reingresados. Habrá que seguir cada uno y comparar sus textos. Saber qué se corrigió y por qué, qué exigencias se conservaron, cuáles cambiaron y quién obtiene ventajas económicas de esas modificaciones. Sólo entonces podrá establecerse si la revisión fortaleció técnicamente la regulación o alteró la frontera entre el costo privado de producir y el costo que continúa asumiendo la sociedad.
Lo que ya puede afirmarse es algo más elemental y, al mismo tiempo, más profundo: el mercado chileno del carbono no existe al margen de la regulación ambiental. Es una creación institucional. Necesita normas para definir la línea de base, científicos para medir, registros para evitar el doble conteo, fiscalizadores para otorgar credibilidad y un Estado capaz de decidir qué parte de su capacidad de mitigación utiliza dentro del país y qué parte autoriza para circular internacionalmente.
El Estado, por tanto, no observa este mercado desde la vereda de enfrente. Lo construye.
Puede fortalecerlo haciendo más costoso contaminar, más rentable innovar y más confiables las reducciones que Chile ofrece. También puede distorsionarlo si deja demasiado barato seguir emitiendo, rebaja las líneas de base o deteriora los ecosistemas sobre los cuales pretende construir parte de su futura riqueza climática.
Ésa es la cuestión que probablemente acompañará a las nuevas generaciones chilenas mucho después de que la controversia sobre estos decretos haya desaparecido de las noticias. Durante buena parte de nuestra historia económica preguntamos cuánto cobre, salitre o litio podía extraerse del territorio. El siglo XXI está agregando preguntas diferentes: cuánto carbono podemos evitar emitir, cuánto pueden almacenar nuestros ecosistemas, cuánto vale conservarlos y quién tendrá derecho a apropiarse de ese nuevo valor.
Chile tendrá que continuar produciendo, explotando minerales y atrayendo inversiones. Pero deberá aprender a hacerlo en un mundo donde la naturaleza ya no será considerada solamente una fuente de recursos. También será infraestructura climática, reserva de biodiversidad y, cada vez más, activo económico.
La regulación ambiental puede convertirse en una carga mal diseñada, lenta e ineficiente. Pero también puede convertirse en exactamente lo contrario: la institución que impida que la rentabilidad presente destruya la riqueza que necesitarán quienes todavía no pueden participar de estas decisiones.
Ése es el verdadero horizonte del mercado chileno del carbono. No decidir simplemente cuánto vale una tonelada que dejamos de emitir, sino cuánto valor puede crear Chile sin consumir, en el proceso, el patrimonio ecológico del que dependerán las próximas generaciones.
