directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile
Claramente las grandes marchas y movilizaciones masivas dejaron de tomarse las calles de Chile. Pareciera ser que atrás quedó el estallido social de 2019. Incluso algunos se esmeran por olvidar, minimizar e incluso negar las violaciones de derechos humanos que se cometieron en ese periodo. Sin embargo, lo que es evidente es que el estallido social no ha quedado atrás para las víctimas y sus familias, quienes día a día tienen que sobrevivir a la pérdida, al dolor, al miedo, a las secuelas físicas y psicológicas de tan tremendo daño ocasionado por agentes del Estado.
El caso de Renzo Inostroza grafica muy bien lo anterior. Él era un joven de 24 años, universitario y deportista al momento del ataque. A eso de las 18:00 horas del domingo 21 de octubre de 2019 todo estaba tranquilo en la Gran Avenida José Miguel Carrera, incluso muy pocas personas transitaban por el lugar; a diferencia de lo que ocurría en otros lugares del país donde abundaban las protestas. Por allí caminaba Renzo junto a un amigo en dirección a su casa ubicada en La Cisterna.
“Sin mediar ninguna provocación un carabinero empezó a patear por la espalda a mi amigo. Fue en eso cuando empecé a grabar con mi celular y le dije al carabinero que tenía grabado su nombre”. Sin embargo, esta advertencia nada importó, por supuesto, menos importó la vida e integridad de estos jóvenes, porque en cosa de segundos Renzo pasó a ser el blanco del ataque, e incluso fue víctima de mayor brutalidad. Tras varios disparos de la policía, 19 balines impactaron en su rostro y cuerpo. Carabineros, como ocurrió en varios otros casos, no lo auxiliaron; fueron los bomberos quienes lo asistieron.
Tras más de 40 días hospitalizado y 10 operaciones e intervenciones para sacarle los balines de su cuerpo, Renzo intenta rearmar su vida con la pérdida casi total de la visión de uno de sus ojos y múltiples lesiones. “No solo me dispararon y me afectaron a mí. El daño también fue para toda mi familia. Ha sido ella la que ha tenido que hacerse cargo de todo, incluido de la totalidad de los gastos médicos”.
La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizó la investigación por el delito de lesiones graves gravísimas en el caso de Renzo y de abuso contra particulares en el caso de su amigo. En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó otra querella por tortura agravada. Actualmente hay dos funcionarios de carabineros formalizados. En cuanto al sumario administrativo de Carabineros de Chile, y a más de tres años de sucedidos los hechos, sigue pendiente.
“Cuando veo a carabineros se me tensa el cuerpo y no es porque esté haciendo algo malo. Sentir su presencia cerca me pone mal. Además, quienes me atacaron siguen en funciones, así que tengo el miedo latente de sufrir alguna represalia por mi denuncia”.
No obstante el temor, Renzo Inostroza decidió visibilizar su testimonio a través de Amnistía Internacional. La organización documentó el caso en su informe “Ojos sobre Chile” y actualmente lo ha incluido en la campaña “Escribe por los derechos”, la cual lleva más de 20 años movilizando a la gente a actuar a favor de otras personas cuyos derechos están en riesgo.
“Tengo la esperanza de que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. No puedo bajar los brazos”, menciona el joven, pese a que en el marco del aniversario del estallido social, Amnistía Internacional advirtió que la impunidad es generalizada, pues tan solo el 0,1% de las denuncias ha terminado en condenas.
Por su parte, el presidente Gabriel Boric en la ceremonia de conmemoración de esta fecha, marcó la agenda al reconocer la existencia de violaciones de derechos humanos, precisando incluso los tipos de abusos cometidos, y afirmó que no son aceptables. Un acto tremendamente importante y necesario viniendo de la primera autoridad del país. También aprovechó la instancia para dar su apoyo a la labor de Carabineros en el combate contra la delincuencia y el control del orden público, aspecto que no está mal en sí mismo porque indiscutiblemente la labor de esta institución es esencial y, por lo mismo, se requiere una policía altamente preparada, que actúe bajo un efectivo control civil y en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.
No obstante, llama la atención algunas decisiones y espaldarazos hacia ciertos funcionarios de Carabineros de Chile, en especial hacia los altos mandos. Por ejemplo, preocupa que mantenga en su cargo al general director a pesar de haber sido llamado a declarar como imputado en unas de las querellas por crímenes de lesa humanidad y en otra relativa a la responsabilidad de mando que investiga su rol cuando se desempeñaba como director de Orden y Seguridad en pleno estallido social.
Es esperable que cualquier persona con indicios serios de haber ordenado o tolerado la violación generalizada de derechos humanos fuera apartada de su cargo hasta que se determine judicialmente su responsabilidad. Sin embargo, el general director y otros altos mandos siguen fijos en sus puestos como si nada hubiera pasado. Este tipo de decisiones generan suspicacia, más aún cuando el Gobierno se ha propuesto llevar adelante una reforma a la institución.
“Los carabineros que me dispararon fueron los responsables directos, pero creo que ellos venían con una orden específica de más arriba. Era un tema general”, menciona Renzo; sin embargo, a la fecha ningún alto mando estratégico ha sido formalizado por su responsabilidad en la mayor crisis de derechos humanos desatada tras la dictadura de Pinochet.
Sin duda, hasta que no se llegue a la total verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, el estallido social seguirá siendo un tema contingente.
