viernes, marzo 29, 2024
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El Falso Garante del Proceso Constituyente

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El Gobierno, a través de la Ministra vocera, se ha autoasignado la función de “garante” del Proceso Constituyente. Tal definición oculta una serie de cuestiones. En primer lugar, que el Gobierno haya sido participe y promotor del acuerdo político que viabiliza el plebiscito de abril. Esto es falso. Al acuerdo confluyó un amplio espectro de las fuerzas políticas del país, y se firmó el 15 de noviembre en la sede del Congreso Nacional de Santiago. No en La Moneda. El Gobierno fue un espectador pasivo del acuerdo político más importante de los últimos 30 años.

En segundo lugar, el Gobierno asume que el acuerdo requiere de garantías que deben ser resguardadas, cuando en rigor, la única función del Gobierno será cumplir con la ley. Y si, por algún motivo se requieran, serán los propios partidos políticos firmantes quienes tengan la responsabilidad de otorgarlas.

En tercer lugar, si de garantías se trata, quien las otorga debe tener cierto grado de habilitación, o un mínimo de legitimidad para cumplir dicha tarea. Resulta evidente que el Gobierno, representado por el Presidente de la República, no está en condiciones de ser garante de un acuerdo que le es ajeno, que le es extraño, y que, con el esfuerzo que le obliga la falta de convicción, deberán ser capaces de, al menos, cumplir con la ley. Esto que es obvio, no es tan obvio para este Gobierno. Antes de la crisis, fuimos testigos de los ingentes esfuerzos de la Ministra Cubillos por incumplir la ley, utilizando todo tipo de resquicios legales y políticos.

Conquista política

El Plebiscito de abril es una conquista política del pueblo de Chile movilizado en las calles, que los partidos políticos materializaron en la ley. Lo sacaremos adelante muy a pesar del Gobierno, porque si bien el Plebiscito será un tanque de oxigeno para la subsistencia del Gobierno, es su principal derrota política. La agenda del país, durante lo que queda de mandato, será fundamentalmente el proceso constituyente. Nos guste o no, porque las y los ciudadanos exigen al Gobierno una agenda social progresista que, por razones de la naturaleza de la derecha, no están en condiciones de cumplir.

Mientras el Presidente de la República insista en teorías conspirativas internacionales para explicar la protesta social, el Gobierno será, cada día que pasa, un obstáculo para el desarrollo del proceso. La negación de las violaciones a los Derechos Humanos, que encabeza Sebastián Piñera, le interpone una sospecha moral que le pesará a él y al país, por mucho tiempo, aun cuando se vea obligado a rectificar su conducta y a corregir sus declaraciones.

Es cierto que uno de los problemas principales de la política en los tiempos que corren es la cuestión de la legitimidad. ¿Quién tiene legitimidad? Cuando única y exclusivamente la tiene el pueblo, en tanto ente abstracto que está en todas partes, y en ninguna a la vez, ponemos en tela de juicio el sistema de representación de la democracia que tenemos. Este es un problema que no solucionará el proceso constituyente, porque en sus bases tiene la lógica de la representación. Los delegados al órgano constituyente serán representantes electos, independientes o militantes, que surgirán de un proceso electoral establecido en la ley. Al fin y al cabo, se trata de un proceso estrictamente institucional.En ello, no hay demérito, como creen algunos.

Por el contrario, su legalidad y su institucionalidad terminarán siendo, seguramente, la única garantía que permita a la Nueva Constitución tener la legitimidad necesaria de la cual carece la que tenemos vigente. Si el Gobierno quiere subsistir, aunque sea languideciendo, deberá moverse poco, cumplir con la ley, y esperar, con resignación, el inevitable juicio de la historia que pesará sobre sus hombros.

Felipe Barnachea,
Felipe Barnachea,https://pagina19.cl
Profesor de Filosofía y Máster en Estudios Políticos Aplicados.

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