Periodista.
Aunque todos en el Gobierno se esmeran por difundir tranquilidad y sosiego frente a las malas nuevas de las últimas semanas -tanto económicas, como políticas y sociales-, lo cierto es que a estas alturas se les hace imposible convencer a los chilenos y chilenas, ya nerviosos con tanta alza de precios y promesas incumplidas respecto -entre otras cosas- al gran crecimiento que tendríamos, que el país está bien. La cruda realidad obligó al Ministro de Hacienda a realizar un llamado a la calma el lunes 12 de noviembre, pidiéndonos mirar “la parte más llena del vaso”, porque asegura que “las noticias económicas son bastante buenas”.
Lamentablemente para Larraín ministro, su jefe y amigo lo desmintió. El Presidente Piñera admitió que la guerra comercial entre Estados Unidos y China “nos está afectando en forma muy intensa”. Con todas sus letras: “muy intensa”.
Olvidaron ambos, ministro y presidente cuando en su guerra declarada contra el gobierno de la Presidenta Bachelet, repitieron hasta el cansancio que el crecimiento del país dependía en dos terceras partes del buen o mal manejo interno y sólo un tercio de la situación externa. Hoy, se olvidan de sus palabras. Y, por si fuera poco, destacados economistas y expertos del área ya no aplauden como en los inicios de esta administración, y cautelosos ellos, no avizoran un buen futuro para el país.
¿Una lección?
La resolución del conflicto de Gendarmería, que estuvo a un tris de convertirse en drama merced al actuar apresurado del gobierno, al enviar a Fuerzas Especiales de Carabineros a desalojar a los Gendarmes,-dos fuerzas especiales armadas- sin duda que dejó algunas “enseñanzas” a los movimientos sociales. Un paro, que en principio pocos tomaron en serio, se convirtió en una olla con tal presión en todo el país, que obligó finalmente al presidente Piñera a negociar con los trabajadores de Gendarmería para terminar con un movimiento dispuesto a todo.
“Nos costó hacer entrar en razón al gobierno y que entendiera que una medida se relacionaba con la otra, indirecta o directamente. Por lo tanto, si no iba esa medida, los incentivos no eran suficientes para acabar con el problema de la carrera funcionaria. Había que redistribuir cargos dentro de las plantas”, indicó Andrés Segovia, vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios. Dice que el acuerdo logrado en este punto provocó la “ansiedad” del gobierno para anunciar públicamente el término de la negociación, pero quedaba un punto sin resolver y que era clave para los dirigentes y sus bases: la gradualidad de los avances. El Ejecutivo proponía iniciar los cambios en 2020, sin embargo, los funcionarios lograron que algunos se inicien en 2019.
De esta manera y en menos de 24 horas, el conflicto en Gendarmería paso desde un posible enfrentamiento con Carabineros, a la firma de las cuatro páginas del acuerdo con el Ministerio de Justicia terminando así con la movilización. Esa es la señal que quedó en el aire. Y que ya la comentaron incluso los estudiantes, que ya están llamando a desobedecer la futura ley de Aula Segura.
La reforma
Hubo cambios de estrategia. Aunque el gobierno quiso dar un golpe de efecto con el envío de la reforma a las pensiones y desviar así la atención de tanto problema acumulado con militares, policías, estudiantes, la anunciada reforma previsional del gobierno a estas alturas suma y suma detractores. No va a ser fácil su discusión en el Parlamento. Menos aun cuando tres pesos pesados de la economía nacional e internacional, como Rodrigo Valdés, Nicolás Eyzaguirre y Andrés Velasco entregaron demoledoras opiniones al respecto
Entre los principales detalles del proyecto de reforma previsional enviado por el Gobierno al Parlamento, está incrementar la tasa de cotización obligatoria para pensiones, en 4 puntos porcentuales, de manera gradual y anual en ocho oportunidades, comenzando el primer día del mes siguiente al de publicación de la ley. Este incremento será de cargo del empleador en el caso de los trabajadores dependientes y del propio trabajador en el caso de los independientes. Así cada punto de aumento en la cotización obligatoria pagado durante toda la vida laboral implica un 10% de aumento en la pensión de vejez autofinanciada.
También se considera que los trabajadores podrán decidir libremente si aportar todo o parte del aumento de la cotización obligatoria de 4 puntos a su cuenta individual en la AFP o a una cuenta individual en entidades administradoras de planes de ahorro complementario para pensión que se crean para este efecto. Una entrevista a Andras Uthoff en Página 19, explica claramente los pro y los contra de esta iniciativa.
Faltaban otras voces poderosas. Luego de estudiar el proyecto, tres ex ministros de Hacienda lo criticaron duramente. Rodrigo Valdés dijo que “el Gobierno dice que la situación fiscal es estrecha y después que van a gastar US$3.500 millones por reforma de pensiones”. Todo un misterio para el exministro es la procedencia de esos dineros. Para Andrés Velasco el debate ha sido «pobrísimo» y acusó que el proyecto no es claro en materia de financiamiento y padece de «populismo fiscal». Finalmente, Nicolás Eyzaguirre, calificó la iniciativa de «irresponsable» en cuanto al tema fiscal.
Así, ante los reproches, que se centran en el tema del financiamiento de la iniciativa, el ministro Felipe Larraín respondió que se trata de «un proyecto con absoluta responsabilidad fiscal” e invitó a todos los que tengan dudas “a leer dos cosas: el informe financiero y el informe de productividad que muestra los efectos positivos en ahorro, en inversión, en crecimiento de la reforma de pensiones». Larraín siguió defendiéndose: «El informe financiero deja claro, si se compara con el informe de finanzas públicas, que el proyecto está plenamente financiado dentro de las holguras que tiene el Gobierno para los próximos años, de tal manera que es exactamente al revés. Es un proyecto con absoluta responsabilidad fiscal». Además, pidió «no confundir a la opinión pública» y enfatizó en que «cuando se plantea que el proyecto tiene en régimen un costo de US$3.500 millones no es el próximo año, estas son las cifras que ocurren 10 años después de su implementación».
Las culpas y las presiones
La sensación ambiente de mayor optimismo que provocó la llegada del nuevo gobierno, poco a poco se ha ido desdibujando y a estas alturas, ya no pueden seguir culpando a la administración de la Presidenta Bachelet de todos los errores que se han cometido, como ocurrió hasta hace poco.
Las promesas de más empleo, más crecimiento, más salud, más seguridad, se están diluyendo. Y esa percepción está trayendo a Piñera bajas entre sus adeptos, a tal punto que hasta Cadem, encuestadora dirigida por un ex empleado del mandatario, debió hacerse cargo de la baja de su popularidad señalando un descenso de 4 puntos.
Poco antes, Criteria Research había constatado una baja de 11 puntos, además del aumento de su desaprobación en 9 puntos porcentuales. El director de Criteria Research, Cristián Valdivieso, dijo que el resultado es “un plebiscito de la ciudadanía respecto de cómo el Gobierno lo está haciendo en materia económica”, y que “está muy relacionado con la percepción que la gente tiene con el curso de la economía”. Valdivieso le atribuye esta baja de Piñera en la encuesta a dos factores: “El Gobierno deja de ser dueño de la agenda económica y/o la gente no siente que pasen cosas en el mundo de la economía. Cuando una de las dos cosas pasan, o ambas, se refleja en la aprobación del Gobierno”.
La estrategia para revertir esta situación que evidencian las encuestas fue activar sus promesas principales. Y allí están las reformas tributarias, previsional y de salud que el gobierno desea aprobar antes que termine el primer año de su mandato. ¿La explicación?. La adelanta el presidente del Senado Carlos Montes: “Aquí todo su diseño político tiene un problema y es que ellos decían que iban a crecer más de lo que han crecido económicamente y se está generando un problema de empleo, se está generando una sensación general de que aquí la economía no está creciendo como debería. Entonces, frente a eso han entrado a lo que antes ellos mismos llamaban “frenesí legislativo”. Tirar y tirar leyes, porque el tema que era el articulador de su estrategia no se les está dando como pensaban. Este frenesí responde a la debilidad del gobierno en materia económica, sin duda”.
Lo concreto es que poco a poco las expectativas de los agentes económicos se han ido ajustando a la baja. De hecho, la mayoría del mercado espera que el Producto Interno Bruto (PIB) se ubique por debajo de lo que espera Hacienda (3,8%) y el Banco Central (3,25%-4,25%). En el caso de la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central se pasó de 3,8% a 3,7%, mientras que Consensus Forecasts la redujo de 3,6% a 3,5%.
Las malas nuevas económicas, las discusiones en el Congreso del proyecto Aula Segura, ya reformado por el Senado, y el Presupuesto 2019 siguieron acaparando titulares. La aprobación en general en la Cámara de Diputados del proyecto Aula Segura, con 110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones, una iniciativa que supone el fortalecimiento de las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia extrema, seguirá trayendo reacciones a la agenda mediática. Aunque parece ser el final de un conflicto, en realidad es una verdadera “noticia en desarrollo”. Habrá que ver qué consecuencias traerá.
¿Qué pasa en el Ejército?
En el intertanto, otras situaciones se tomaron esta agenda relegando a un segundo nivel cada acción que el gobierno deseaba relevar. Aparecieron nuevos antecedentes sobre el verdadero robo de miles y miles de dólares por parte de personeros del Ejército. Al extremo que 21 de los 46 generales del Alto mando del Ejército fueron llamados a retiro. Este verdadero terremoto fue provocado por la investigación en tribunales que significó la renuncia del general de División John Griffiths, jefe del Estado Mayor General, uno de los cargos más importantes del Ejército, por el descubrimiento de irregularidades en la adquisición de los pasajes para las comisiones de uniformados en el exterior y por lo cual fue procesado por fraude al fisco por la ministra Romy Rutherford
Previamente, hubo de realizarse un chequeo de antecedentes no sólo de los generales, sino también de los coroneles que podían ascender. Hacía algunas semanas, el ministro de Defensa, Alberto Espina, había informado el inicio de un «análisis exhaustivo» de la oficialidad, con el fin de evitar nombramientos de efectivos que pudieran estar involucrados en el mal uso de los fondos de la Ley Reservada del Cobre. En el Gobierno se quería evitar la situación del general (r) John Griffiths se repitiera y finalmente se produjo un cambio sin precedentes en la plana mayor del Ejército.
La salida de los oficiales representa un 45% de renovación del generalato y se da en medio de diversas investigaciones que involucran a funcionarios de la institución castrense en supuestos fraudes al fisco.
Pero no fue todo. Hubo sorpresas en el mundo político y de Derechos Humanos cuando el juez Mario Carroza dictó condena contra el excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, en el marco del caso “Caravana de la Muerte”, episodio La Serena en 1973. Dictaminó 3 años y un día de libertad vigilada como encubridor de los hechos investigados. Cuando pasó la denominada “Caravana de la Muerte” por la ciudad, dejó como saldo 15 personas fusiladas. A raíz de estos casos, Carroza lo procesó como cómplice de dichas muertes, situación que habría cambiado en esta condena.
Carroza dijo que “es el momento de ir concluyendo algunas situaciones, de ir entregando de alguna manera a los parientes una reparación. A la sociedad, ir señalándole que nosotros estamos esclareciendo estos hechos, buscamos resultados que sean justos y racionales y que a su vez establecemos la verdad histórica”. Además, el magistrado dictaminó que el fisco pague $ 3.610 millones a las esposas, hijos y hermanos de las víctimas de la “Caravana de la Muerte” en La Serena.
Así las cosas, el asilo concedido por Francia a Ricardo Palma Salamanca también produjo escozor en algunos sectores y fue más que un hecho noticioso. Ha provocado las iras particularmente de la UDI, que amenaza con las penas del infierno a cualquiera que ose decir una palabra en favor del militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pero, tanto escándalo más bien parece una excusa para -vía reclamos y declaraciones un tanto torpes- desviar la atención del mal momento en que se encuentran. No otra cosa sería las acusaciones destempladas y con un dejo de ridiculez, contra dos diputados del Frente Amplio que “osaron” conversar con Palma Salamanca en París, olvidando que sus propias visitas a Punta Peuco y su defensa a ultranza del general Pinochet, acusado de crímenes de lesa humanidad, pueden ser un bumerang inesperado para ellos.
