Profesor de Historia, analista político.
El triunfo de José Antonio Kast en la elección presidencial de este domingo 14 no es un rayo en un cielo despejado, tampoco es un simple giro coyuntural del electorado chileno. Los datos son demasiado claros como para refugiarse en explicaciones tranquilizadoras. Kast se impuso con el 58,2 % de los votos frente al 41,8 % de Jeannette Jara, ganó en todas las regiones del país y en más de 300 comunas, con una participación cercana al 85 % del padrón. Es una victoria amplia y extendida. José Antonio Kast es el presidente más votado en la historia de Chile.
Este dato es aún más relevante si se considera el voto obligatorio. Fue reimplementado en el plebiscito de salida de 2022, y desde entonces el electorado chileno ha votado reiteradamente bajo este marco. La ciudadanía que se expresó este domingo es, en buena medida, la misma que rechazó el primer proceso constitucional y la misma que ha venido mostrando una creciente distancia con los marcos interpretativos tradicionales del progresismo. Kast no ganó porque la sociedad chilena se haya derechizado, sino porque logró ofrecer un marco interpretativo que ordenó malestares dispersos bajo una narrativa común de protección, control y urgencia.
En ese contexto, es importante mencionar que José Antonio Kast no es un outsider de la política chilena. A diferencia de otros políticos de su signo en la región, su trayectoria no se construye desde los márgenes del sistema, sino desde su interior. Fue diputado durante dieciséis años, entre 2002 y 2018, con una presencia constante en el Congreso y una inserción profunda en la derecha tradicional. Su quiebre con la UDI no fue una ruptura con la política institucional, sino una escisión estratégica que dio origen primero a Acción Republicana y luego al Partido Republicano, hoy una de las fuerzas más relevantes del sistema político chileno. Kast leyó mejor que otros el clima de época y construyó una herramienta política eficaz para capitalizarlo.
Su triunfo tiene, además, un carácter histórico que no conviene relativizar. Kast es el primer presidente electo que no solo proviene de la derecha más dura, sino que no ha establecido una ruptura con la dictadura de Augusto Pinochet. Ha abierto, incluso, la posibilidad de indultar a criminales de lesa humanidad actualmente condenados por delitos cometidos durante ese período. Este hecho introduce una tensión profunda en la democracia chilena contemporánea, no solo en términos de memoria histórica, sino también respecto de los consensos éticos que habían estructurado, con mayor o menor fragilidad la política transicional.
La campaña de Kast fue, en términos estratégicos, notablemente más mesurada que en elecciones anteriores. Moderó el tono, redujo la exposición a escenarios de alto riesgo comunicacional y, de manera deliberada, evitó debates que pudieran obligarlo a precisar posiciones incómodas. En su lugar, instaló una narrativa simple, reiterativa y eficaz: Chile vive una situación de emergencia en materia de seguridad, orden y control, y esa emergencia exige respuestas excepcionales. El concepto de “gobierno de emergencia” logró conectar con una experiencia cotidiana ampliamente compartida por la ciudadanía: la sensación de inseguridad, desamparo y pérdida de control.
Las derechas radicales
Esa ambigüedad abre una pregunta sobre el gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo. ¿Estamos ante un proyecto realmente excepcional, dispuesto a tensionar los límites institucionales en nombre del orden, o ante una administración que, una vez en La Moneda, optará por una gobernabilidad más clásica? La pregunta no es retórica, porque esa tensión atraviesa al propio Partido Republicano. No se trata de un bloque homogéneo. Conviven en su interior sectores que empujan por una implementación acelerada y sin concesiones de su agenda, mirando con atención experiencias como las de Milei, y otros que entienden que el ejercicio del poder exige gradualidad, acuerdos y cierto pragmatismo. La forma en que se resuelva esa tensión marcará no solo el tono del gobierno, sino también la estabilidad política del próximo período.
Pero más allá de las particularidades chilenas, el triunfo de Kast se inscribe en una tendencia más amplia de las derechas radicales contemporáneas. Su éxito descansa en tres pilares relativamente claros. Primero, una centralidad absoluta del eje seguridad-orden, que desplaza a un segundo plano los debates clásicos sobre redistribución o derechos sociales. Segundo, una narrativa de protección que combina Estado fuerte, fronteras controladas y autoridad, presentada como respuesta a un mundo percibido como caótico. Y tercero, una interpelación directa a sectores que históricamente habían apoyado proyectos progresistas: trabajadores, clases populares y segmentos jóvenes que ya no se sienten representados por las promesas tradicionales de la izquierda.
Es precisamente ahí donde se vuelve inevitable mirar el otro lado de la ecuación. La izquierda y el progresismo llegaron a esta elección con una candidata de alta popularidad y una trayectoria reconocida. Jeannette Jara logró articular una coalición amplia y coherente, y representó, para muchos, una figura cercana, con experiencia de gestión y sensibilidad social. Sin embargo, su candidatura quedó offside frente a un escenario que se desplazó con rapidez. Kast llegó por tercera vez a una elección presidencial habiendo aprendido de sus derrotas anteriores, ampliando su base electoral y convenciendo a un electorado más diverso que el de sus primeras incursiones. Jara, en cambio, no logró expandir suficientemente su apoyo más allá del núcleo duro del progresismo.
A esto se suma un factor que sigue operando con fuerza en el inconsciente colectivo: el anticomunismo. Más allá de su racionalidad o consistencia, sigue siendo un elemento movilizador en amplios sectores del electorado y operó como un límite efectivo para la candidatura de Jara en el balotaje. No fue el único factor, pero sí uno relevante en un contexto de alta crispación política.
Con todo, reducir la derrota de la izquierda a factores externos sería un error. Hay responsabilidades internas que no pueden eludirse. La principal es una mala lectura del clivaje central de esta elección. Mientras una parte importante de la ciudadanía organizó sus decisiones en torno a la seguridad y la economía, la izquierda insistió en marcos discursivos anclados en derechos sociales, justicia y transformaciones estructurales que, siendo relevantes, no lograron conectar con la urgencia cotidiana de las personas. No se trata de abandonar esos principios, sino de reconocer que dejaron de ser suficientes como eje articulador de mayorías.
Explicando las derrotas
Desde la derrota del primer proceso constitucional en 2022, la izquierda ha atravesado una crisis prolongada de interpretación de la realidad. Ha tendido a explicar sus derrotas como producto de desinformación, miedo o manipulación, sin asumir del todo que algo en su forma de comprender el país dejó de funcionar. La dificultad no está solo en el mensaje, sino en las categorías con las que se lee el malestar social. Mientras la izquierda habló de derechos, una parte creciente de la población habló de seguridad. Y en política, cuando no se logra nombrar correctamente lo que las personas viven, alguien más lo hará.
La derrota de este domingo es, en lo fundamental, una derrota epistemológica y un rechazo a los principios progresistas. La izquierda no perdió porque carezca de ideas ni porque haya renunciado a sus convicciones históricas, sino porque ha tenido crecientes dificultades para producir interpretaciones del presente capaces de organizar la experiencia social de manera convincente. Kast no triunfó porque ofreciera mejores soluciones estructurales, sino porque logró articular un marco de sentido que ordenó miedos, percepciones de desprotección y demandas de certeza bajo una narrativa de urgencia y control.
Ese marco no emerge de la nada. Existen crisis reales en materia de seguridad, economía y cohesión social, pero estas han sido amplificadas y reordenadas por un relato eficaz de las derechas, particularmente de la derecha radical, que logró instalar la idea de un país al borde del colapso y, con ello, la necesidad de un “gobierno de emergencia”. El gobierno de Gabriel Boric ha debido administrar ese escenario tensionado, con dificultades evidentes para disputar el encuadre interpretativo desde el cual esas crisis son leídas, más que por haber sido su causa exclusiva. La disputa perdida no fue solo de gestión, sino de sentido.
En ese vacío interpretativo, la izquierda identitaria ha tenido una responsabilidad que no puede ser eludida. Al privilegiar una política centrada en la afirmación de identidades fragmentadas y en gramáticas morales cada vez más sofisticadas, terminó debilitando su capacidad de articular un horizonte común. No se trata de negar las luchas por reconocimiento, sino de constatar que, al desvincularlas de las condiciones materiales y de las experiencias compartidas, la izquierda habló un lenguaje cada vez más distante de la vida cotidiana de amplios sectores sociales. Ese desplazamiento erosionó la posibilidad de construir relatos integradores en un contexto dominado por el miedo y la incertidumbre.
El triunfo de Kast debe leerse, entonces, no como una derechización homogénea del electorado, sino como el resultado de una disputa narrativa bien resuelta a favor de quien logró ofrecer una lectura simple, inteligible y emocionalmente eficaz del presente. Si la izquierda no asume con seriedad esta crisis epistemológica, reconstruyendo una capacidad de interpretación que vuelva a nombrar lo común sin renunciar a la complejidad, seguirá perdiendo no solo elecciones, sino la posibilidad misma de disputar cómo el país entiende sus propias crisis y, con ello, su futuro político.
