Analista.
Todo indica que un movimiento guerrillero se ha estado desplegando en el extremo sur de Chile, en la zona de La Araucanía. La evidencia señala que se ha incrementado paulatinamente hace varios años sin que se logre algún grado significativo de control. Las acciones han migrado sostenidamente desde tomas de terreno hacia ataques incendiarios, destrucción de propiedades, ha costado la vida de personas y policías, destrucción de infraestructura productiva de empresas de diverso tipo, preferentemente aquellas asociada a la madera y a las empresas tercerizadas que operan en la zona.
Todo ello en el contexto del llamado conflicto mapuche. Conflicto que ha sido caracterizado de muchas maneras, de acuerdo a quién realice el diagnóstico y de acuerdo a qué intereses económicos y políticos haya de por medio. Las fuerzas de orden y seguridad han sido empleadas en diversas direcciones operativas, también las Fuerzas Armadas. El conflicto, en su integralidad, también ha sido caracterizado de varias maneras en busca de explicar la ausencia de progreso en su solución con la intención de priorizar cierto tipo de avance que cautele otros intereses.
El analista Genaro Arriaga aporta en el cuerpo Reportajes de El Mercurio del domingo 8, un clarificador recuento. Claro y preciso de la situación en curso y caracteriza los ámbitos de lucha armada: “Sería un avance reconocer que en La Araucanía tenemos una guerra de guerrillas y discutir cómo enfrentarla mediante una estrategia adecuada propia de una democracia. La superioridad de la democracia en la lucha contra la violencia política radica en que cuando ejerce los medios coercitivos que están en la esencia de todo estado, lo hace distinguiendo escrupulosamente entre fuerza y violencia”.
Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, ha sido explícito en el medio electrónico Werken Noticias, colocando el escenario estratégico en una perspectiva concreta frente a la cual no hay espacio para dobles lecturas: “A preparar fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio para la nación mapuche”. Esta declaración obliga a revisar la variedad de modelamientos explicativos vertidos durante varios años. No es precisamente una declaración de guerra, sino la definición de lo que viene, es decir, sacar a los winkas de los territorios mapuche, ocupar dichos territorios en su totalidad, recuperar los espacios de la nación mapuche. Vale decir una ofensiva de largo plazo, amplia, acotada y armada. Es una demostración de coherencia en los propósitos, sin ambigüedades ni posturas relativas.
La relatividad se expresa en que dicha postura no involucra a la totalidad del pueblo mapuche, no excluye las negociaciones de tierra en curso, ni las propuestas de diálogo, ni las iniciativas de apoyo social y calidad de vida, ni las conversaciones que se han logrado hacer. Esta declaración instala una fuerte polaridad en la amplitud del conflicto: guerra y paz, comprensión y diálogo, enfrentamiento o cooperación.
Esta claridad de propósitos por parte de esta fuerza insurgente, que decide aplicar fuerza armada, permite aceptar esta polaridad y caracterizar a las fuerzas en presencia. Un sector dispuesto a recuperar tierras, presencias y derechos aceptando las propuestas del gobierno y discutir sobre ellas con toda la intensidad posible pero en paz. Otro sector que opta por la guerra. Se genera entonces un modelo que obliga a definir, en el contexto de una democracia, las modalidades a emplear para actuar frente a cada ámbito.
Aquellos que se han definido por la ruta de la guerra y que han rechazado con disparos la presencia de la autoridad, deben esperar una respuesta enmarcada en aquellas definiciones vertidas por ellos mismos y que, lamentablemente, ensucia el escenario en el cual cursan conversaciones, entendimiento y ofertas pacíficas.
¿Lo dicho significa que ya se puede desplegar fuerza armada y buscar el aniquilamiento del enemigo? Obvio que no.
Pese a que las posturas explicitadas remiten a un escenario como ese, de guerra, que significa el enfrentamiento de una fuerza beligerante que debe ser derrotada, un despliegue territorial, cercos estratégicos, la muerte de los adversarios, la exterminación de los resistentes, las cosas, aun en ese espacio, pueden hacerse de otra manera. No solo son posibles los comandos jungla, ni el despliegue de toda la potencia armada del Estado. Se trata de una guerra irregular, una fuerza beligerante que no crea amenazas a la seguridad nacional, incapaz de enfrentar con éxito a las fuerzas armadas, y que no necesariamente debe ser víctima de aniquilamiento.
Estos grupos beligerantes deben ser contenidos para abrir espacios a las soluciones pacíficas en busca de la paz duradera. ¿Destruyéndolos sería suficiente? El Estado puede aplicar la fuerza que la legitimidad democrática le confiere. Los insurgentes también disponen de una legitimidad que yace en la base de sus demandas territoriales y de derechos
Descubrir ideas de maniobra que permitan alcanzar un clima óptimo que permita el desarrollo de las rutas pacíficas es el tema de fondo. Las metodologías de inteligencia positiva y estratégica pueden proveer rutas adecuadas para instalar un balance de fuerzas que no exijan perentoriamente la aniquilación de los disconformes.
Será necesario crear un dispositivo de alto profesionalismo que permanezca y adquiera experiencia. Que no mienta y que no sea necesario desmantelar cada cierto tiempo debido a conflictos políticos o administrativos, que no se enfrente ni compita de mala manera en el espacio institucional, ya que las acciones deben ser de amplio espectro con la inclusión de variada especialidades y experiencias.
Se deberá desarrollar una evaluación precisa de la fuerza que se debe enfrentar. Obtener datos provenientes de esfuerzos de inteligencia profunda; y conocer así su tamaño, despliegue, capacidades, dispersión territorial, locaciones permanentes, inserción en ámbitos sociales, fuerza convocatoria, probabilidad de crecimiento.
Recoger información precisa de los vínculos de estas fuerzas beligerantes con organizaciones de crimen organizado, delincuencia común y específicamente narcotráfico. Esos vínculos corresponden a esfuerzos logísticos y se debe evitar que se conviertan en la actividad principal dado los recursos abundantes que se pueden alcanzar. Varios frentes de las FARC en Colombia se restaron al proceso de paz para no perder las ganancias obtenidas en sus vínculos con carteles de drogas. Eso se puede convertir en un problema de difícil erradicación.
Se debe lograr información anticipativa. Cuando estos grupos perciban que sus acciones combativas están siendo anticipadas y neutralizadas en el terreno, aparte de las medidas comunicacionales y las demostraciones de control y poder, empezarán a visualizar nuevas rutas de acción para lograr sus fines o comprender que esos son inalcanzables. Conjuntamente, demostrar que los avances en el otro proceso de negociación, de acuerdos y diálogo logra resultados tangibles y concretos, ayudará a desprestigiar la vía armada.
No es saludable para el país, arriesgar los equilibrios democráticos en este proceso de búsqueda de soluciones. Esos equilibrios que señala Genaro Arriagada, entre violencia y fuerza, cobran una enorme importancia.
El proceso es largo y dificultoso. Requiere una gran estabilidad de los organismos actuantes y sus cursos de acción, amplia y profunda coordinación inter institucional, un centro de mando integrado, planes conjuntos, cada cual actúa desde su especialidad poniendo en juego sus mejores atributos en el marco de una división técnica del esfuerzo.
La política debe desplegarse en las decisiones estratégicas, en las grandes definiciones, nunca en el día a día en el terreno ni en los niveles tácticos. Todas las medidas aplicadas requerirán un estudio minucioso, equilibrios de medios, personal, tiempo y espacio, en caso contrario surgirá la confusión en las actuaciones, en las decisiones, en los marcos referenciales políticos, en la atingencia institucional, poco profesionalismo, algo así como el caos que tenemos hoy día.
