Diplomático Saharaui.
La reciente crisis de Ceuta ha vuelto a colocar ante España y Europa una realidad que durante demasiado tiempo se ha presentado como una sucesión de episodios aislados. La llegada masiva de más de 72 mil personas desde Marruecos no constituye únicamente una crisis fronteriza o humanitaria. Obliga también a preguntarse hasta qué punto la presión migratoria puede convertirse en un instrumento de coerción política.
La cuestión no es responsabilizar a quienes intentan llegar a Europa. Son, en muchos casos, víctimas de unas condiciones económicas y sociales que los empujan a buscar oportunidades fuera de su país. La cuestión es otra: qué ocurre cuando un Estado utiliza sus ciudadanos y su capacidad para controlar los flujos migratorios como mecanismo de presión sobre otro Estado.
Y para comprenderlo hay que mirar más allá de Ceuta y situar en el centro de este análisis el conflicto del Sáhara Occidental.
El espejismo del desarrollo
Durante años, Marruecos ha proyectado ante Europa la imagen de un país convertido en modelo de modernización y desarrollo. Grandes infraestructuras, inversiones internacionales y proyectos de proyección internacional forman parte de esa imagen.
Pero crecimiento económico y desarrollo humano no son conceptos equivalentes.
El propio PNUD sitúa a Marruecos en el puesto 120 de 193 países en el Índice de Desarrollo Humano por debajo de los demás países del norte de África. Aunque el país ha entrado por primera vez en la categoría de desarrollo humano alto, su IDH ajustado por desigualdad desciende hasta 0,517.
Los datos educativos también muestran una realidad menos brillante que la imagen exterior. Según el Alto Comisionado marroquí de Planificación, la tasa de alfabetización de la población mayor de 15 años era del 72,1% en 2024. El propio censo de 2024 sitúa el analfabetismo de la población de diez años o más en el 24,8%, con enormes diferencias entre el medio urbano y el rural.
Tampoco basta con observar el crecimiento del PIB. El Banco Mundial estima un crecimiento de alrededor del 4,9% en 2025, pero señala al mismo tiempo un desempleo juvenil cercano al 37%. Es precisamente esta contradicción la que debe ser examinada: una economía puede crecer mientras una parte importante de su población continúa sin acceder a empleos suficientes y de calidad y no podemos dejar de mencionar las graves crisis en salud, educación y vivienda.
La deuda constituye otro elemento de esta ecuación. El FMI sitúa la deuda presupuestaria del Gobierno central en torno al 67% del PIB y la deuda externa alrededor del 45% del PIB. No son cifras que permitan hablar de un Estado en quiebra, pero sí de una economía que necesita mantener un elevado acceso a financiación para sostener buena parte de su inversión pública y convertir a las generaciones venideras en rehenes de acreedores extranjeros.
La migración como arma de presión política
La crisis de Ceuta no puede analizarse como un fenómeno migratorio ordinario. Marruecos ha demostrado que puede utilizar el control de sus fronteras y de los flujos migratorios como instrumento de presión política sobre España y la Unión Europea, convirtiendo la vulnerabilidad de sus propios ciudadanos en una herramienta al servicio de sus intereses estratégicos.
El precedente de mayo de 2021 dejó una evidencia difícil de ignorar: miles de personas la mayoría menores entraron en Ceuta en apenas unos días después de una relajación extraordinaria de los controles fronterizos marroquíes. En aquel momento, el Gobierno español llegó a calificar la actuación marroquí de chantaje, mientras medios internacionales vincularon la crisis con la disputa política sobre el Sáhara Occidental.
La crisis actual vuelve a demostrar la capacidad de una frontera para transformarse en instrumento de presión y coacción.
Cuando un Estado dispone de la capacidad para controlar una frontera y decide utilizar esa capacidad para generar presión sobre otro Estado, los flujos migratorios dejan de ser únicamente una cuestión de gestión fronteriza y adquieren una dimensión geopolítica.
Y en el caso de Marruecos, esa presión no puede desvincularse de la cuestión del Sáhara Occidental.
No son los migrantes quienes deben ser señalados. Son las políticas que permiten convertir su vulnerabilidad en una herramienta de presión. Utilizar a la propia población como instrumento de coerción frente a otro Estado constituye una forma particularmente grave de instrumentalización política de la migración.
Narcotráfico: otra dimensión de la presión
Existe además otra dimensión: el narcotráfico.
Las estimaciones históricas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito mostraron la enorme dimensión alcanzada por la producción marroquí de cannabis, con estimaciones que superaron las 3.000 toneladas en determinados periodos. No sería riguroso presentar esa cifra histórica como si correspondiera a 2026; pero tampoco puede utilizarse la falta de una estimación internacional actual comparable para negar la dimensión del fenómeno.
La realidad europea continúa mostrando la importancia de Marruecos como origen del hachís y estupefacientes que llega a Europa y, particularmente, a España, y sin dejar de mencionar el sufrimiento que padece Argelia con la droga proveniente de Marruecos.
La actualidad ofrece un ejemplo contundente. Una operación de la Policía Nacional española culminada el 8 de agosto de 2026 se saldó con 57 detenidos y más de 10,5 toneladas de hachís y 1.100 kilos de marihuana intervenidos. Según la Policía, la droga procedía de Marruecos y era introducida en España para su posterior distribución nacional y europea.
Migración y narcotráfico son fenómenos diferentes, pero ambos forman parte de un espacio transfronterizo en el que la posición geográfica de Marruecos proporciona a Rabat una capacidad considerable de presión sobre España y Europa.
Pegasus: la dimensión tecnológica
La guerra híbrida tampoco se limita a las fronteras. También se libra en el espacio digital.
Amnistía Internacional ha señalado que el Pegasus Project fue una investigación internacional coordinada por Forbidden Stories en la que participaron 17 medios de comunicación de 10 países, cuyo laboratorio técnico confirmó múltiples casos de teléfonos seleccionados como objetivos y, en numerosos casos, infectados con Pegasus.
La investigación documentó casos relacionados con periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, incluidos objetivos vinculados con Marruecos y el Sáhara Occidental.
Las nuevas investigaciones periodísticas publicadas en España durante julio de 2026 han aportado además nuevos elementos sobre el espionaje mediante Pegasus contra teléfonos españoles y sobre indicios que apuntan hacia Marruecos.
La prudencia jurídica obliga a diferenciar entre indicios, evidencias técnicas y responsabilidades judicialmente acreditadas. Pero tampoco puede ignorarse el conjunto de investigaciones acumuladas.
La cuestión política resulta evidente: la presión sobre España no se desarrolla únicamente en Ceuta o mediante la diplomacia; también puede desarrollarse en el terreno de la inteligencia y la tecnología.
El Sáhara Occidental: el núcleo político
El Sáhara Occidental continúa figurando en la lista de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas. Su proceso de descolonización permanece inconcluso y el pueblo saharaui conserva su derecho a la libre determinación.
En su dictamen de 16 de octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia concluyó que los elementos presentados ante ella no demostraban vínculos de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental que pudieran afectar a la aplicación de la resolución 1514 (XV) y al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
La retirada española no transfirió la soberanía del territorio. Los llamados Acuerdos de Madrid tampoco podían producir jurídicamente una transferencia de soberanía sobre un territorio pendiente de descolonización.
Por ello, la consideración de España como potencia administradora de iure continúa siendo una cuestión jurídica fundamental, aunque España haya dejado de ejercer materialmente esa administración.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reforzado igualmente la separación jurídica entre Marruecos y el Sáhara Occidental, impidiendo tratar ambos territorios como si fueran jurídicamente uno solo.
El «Gran Marruecos»
La política exterior marroquí tampoco puede comprenderse plenamente sin recordar la doctrina del denominado «Gran Marruecos», asociada históricamente a Allal al-Fassi, dirigente del partido Istiqlal.
Esta concepción territorial alimentó reivindicaciones sobre espacios que excedían las fronteras internacionalmente reconocidas de Marruecos. La Guerra de las Arenas de 1963 contra Argelia constituye uno de sus antecedentes históricos más significativos.
Posteriormente, el Sáhara Occidental se convirtió en el principal escenario de esta política expansionista.
España tampoco puede considerar esta cuestión un problema lejano. La presión sobre Ceuta y Melilla, las controversias marítimas y la proyección atlántica de Marruecos muestran que las consecuencias de esta concepción territorial exceden ampliamente el territorio saharaui.
Europa ante una estrategia de presión
España y la Unión Europea se encuentran ante una paradoja: cuanto más necesitan a Marruecos para controlar la migración y cooperar en seguridad, mayor es la capacidad de Rabat para utilizar esas dependencias como instrumentos de negociación política.
Puede producirse así un círculo vicioso: más dependencia genera más capacidad de presión; más presión produce nuevas concesiones; y las concesiones incrementan todavía más la dependencia.
El Sáhara Occidental se encuentra en el centro de esta ecuación.
La cuestión no consiste en enfrentarse al pueblo marroquí. Los ciudadanos marroquíes son, muchas veces, las primeras víctimas de las desigualdades y de la falta de oportunidades.
La pregunta es otra: ¿puede Europa defender el Derecho Internacional en unos conflictos y relativizarlo cuando hacerlo afecta a sus intereses migratorios o de seguridad?
La respuesta debería ser inequívoca.
Chile y la defensa del Derecho Internacional
Esta cuestión también interpela a América Latina y particularmente a Chile.
Chile ha construido una parte esencial de su identidad internacional sobre el respeto al Derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, la defensa de la autodeterminación de los pueblos y el rechazo de la adquisición territorial mediante la fuerza.
Como Estado soberano, Chile tiene además una responsabilidad especial en preservar la independencia de sus instituciones frente a intereses externos. Los parlamentarios chilenos son representantes del pueblo de Chile y sus actuaciones internacionales deberían responder al interés nacional y a los principios que el Estado sostiene en el ámbito multilateral.
Por ello, resulta legítimo preguntarse si es compatible con esa tradición que representantes parlamentarios chilenos desarrollen actuaciones de lobby o gestiones políticas destinadas a favorecer los intereses de un Estado extranjero en este caso, Marruecos cuando estas terminan respaldando posiciones contrarias al Derecho Internacional y al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
No se trata de impedir las relaciones parlamentarias internacionales. Se trata de establecer una línea que ningún representante público debería cruzar: la defensa de los intereses de una potencia extranjera no puede hacerse a costa de los principios jurídicos que Chile ha defendido históricamente.
La causa saharaui no necesita privilegios. Necesita que se aplique al pueblo del Sáhara Occidental el mismo principio reconocido a otros pueblos sometidos a procesos de descolonización: el derecho a decidir libremente su propio destino.
Porque si la presión consigue modificar las fronteras, si la migración puede utilizarse como instrumento de coerción y si una ocupación prolongada termina convirtiéndose en una supuesta normalidad, el problema deja de ser únicamente saharaui.
Pasa a ser un problema de todos los Estados que creen que las fronteras internacionales, la autodeterminación de los pueblos y las normas del Derecho Internacional deben prevalecer sobre la voluntad del más poderoso.
Defender el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación no es solamente defender una causa internacional: es defender el principio de que ningún pueblo puede ser privado de su derecho a decidir su propio futuro por la fuerza o mediante la presión política.
El Sáhara Occidental sigue esperando una solución. La comunidad internacional lleva más de medio siglo pendiente de una descolonización inconclusa.
Chile puede contribuir a que esa espera no se convierta en olvido.
