Periodista.
Pese a todos los esfuerzos desplegados para cambiar el foco de atención y salir del marasmo producido por el asesinato de Camilo Catrillanca, incluyendo el proyecto “Admisión Justa”, presentado por el Ministerio de Educación y que echa por la borda parte de la reforma educacional impulsada por Michelle Bachelet, el Gobierno aún no logra controlar la agenda. Peor aún. No sólo siguen las señales del inicio de una temprana carrera presidencial cuando aún no se cumple un año del gobierno, sino que se mantiene en sordina el rumor de “nuevas revelaciones” al estilo del general Mauro Victoriano. Revelaciones que pusieron a muy mal traer al Ministro del Interior y al propio gobierno, obligando al Presidente a suspender su gira por el extremo austral y regresar rápidamente a defender con todo a su ministro, primo y hombre de su total confianza, Andrés Chadwick.
La sorpresa y el enojo que recogieron las redes sociales ante las declaraciones judiciales del ahora retirado general Victoriano, dejando ver que el Ministro del Interior fue informado de inmediato que nunca hubo fuego cruzado con Camilo Catrillanca y su acompañante y que ambos no estaban armados, influyeron en la oposición, que no sólo pidió la renuncia del ministro en cuestión, sino además hubo aprestos para entablar una acusación constitucional en su contra.
El gobierno y en particular Chadwick desplegaron de inmediato toda su artillería comunicacional. “Quiero señalar algo que me parece muy importante que va al fondo del debate: Yo como Ministro del Interior, y el Gobierno, jamás hemos avalado las versiones de Carabineros en relación a la muerte de Camilo Catrillanca, y jamás hemos señalado de que Camilo Catrillanca o su acompañante hayan llevado armas de fuego. Nunca lo hemos señalado y desde el primer momento recurrimos al Ministerio Público y a la fiscalía”, señaló. “Hemos actuado siempre con la verdad”, insistió, añadiendo que el informe que recibió a las 8 de la mañana del día siguiente a la muerte de Catrillanca, es el que daba cuenta de que había existido un enfrentamiento entre los comuneros y efectivos policiales. Ese documento, recalcó, fue emitido por el general Mauro Victoriano. Así, subrayó: “el documento que yo exigí, que me llegó el día 15 de noviembre, es el que da cuenta de los hechos que nosotros pusimos en conocimiento de la fiscalía”.
En las redes sociales aparecieron grabaciones con declaraciones del ministro. Luego de relatar un asalto a tres profesoras, señaló que carabineros, en cumplimiento de su deber “inició una persecución de los delincuentes. Lo hizo con apoyo aéreo con helicópteros y fuerzas terrestres. En la persecución de los delincuentes con autos robados ingresaron a la zona de Temucuicui y se internaron en caminos rurales de la comunidad. Según la información, los tres vehículos fueron ubicados al interior de Temucuicui, y lo que dice carabineros es que en esos momentos, al aproximarse, se encontraron con una barricada en el camino y debieron enfrentar disparos desde distintas localidades produciéndose un intercambio con la fuerza policial”.
El nerviosismo
Así y todo, los nervios siguen disparados en La Moneda. Es que no saben qué puede ocurrir en el futuro inmediato, con decenas de altos oficiales molestos con el gobierno por los últimos acontecimientos. Fue el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien deslizó esa posibilidad aún abierta. “No es casualidad que hayan aparecido en estos días versiones interesadas, que manipulan la verdad, que intentan desinformar y tergiversar los hechos. Aquí hay un intento de alterar la verdad con una intencionalidad política, que es involucrar al Gobierno o al Ministerio del Interior“.
¿La razón? Según él, porque “las decisiones difíciles tomadas por el Gobierno desde marzo hasta la fecha, con el cambio del alto mando, con el rol activo del Ministerio para denunciar el caso Catrillanca ante la Fiscalía tienen costos, pero vamos a seguir adelante en nuestro plan de modernizar Carabineros y romper con los enclaves que tanto daño le han hecho a la institución”. E insiste en que “ninguna tergiversación, desinformación o manipulación, con marcada intencionalidad política, nos va sacar de nuestro camino. Esta campaña de desinformación pretende desgastar al gobierno. Nos atacan porque queremos avanzar y cambiar. Nada va impedir la determinación en la reforma de Carabineros. El cambio no se detiene, es necesario y urgente”.
“¿Por qué intentar involucrar a terceros?” Se le preguntó. ”Porque hay un interés de algunos enclaves de Carabineros, que ya están fuera de la institución”, dice Ubilla. “En su intento por exculparse, están comprometiendo a terceros”
De todas maneras, y aunque las posibilidades de una acusación constitucional han disminuído, la debilidad en que se encuentra Chadwick es más que notoria. Si hasta el diputado Andrés Celis (RN), coincidió con que es necesaria la salida del ministro. Repitió un rumor de aquellos días sobre un cambio de gabinete y expuso su parecer: “No tengo claro lo de Andrés Chadwick, pero si me preguntas a mí, yo creo que él, por una cuestión de desgaste y yo creo que de cansancio, debiera dejar el Ministerio del Interior“. Celis efectuó una fuerte crítica a la respuesta que dio Andrés Chadwick, cuando se le consultó por las palabras del general (r) Mauro Victoriano Kreb en relación al Caso Catrillanca. “Creo que el tema de Catrillanca, con la respuesta que dio, de que la interferencia… no creo que tenga algún fundamento para defenderla, porque él podría haber llamado nuevamente o… comunicación hay. Entonces creo que esa respuesta de excusa más bien es de cuarto básico o de kínder”, expresó el parlamentario.
Para marzo
Las declaraciones de la DC, el PR, el PPD y los socialistas pidiendo la salida del ministro parecían allanar el camino para una acusación constitucional. Pero, se trata de un instrumento que requiere más que críticas políticas. La presentación debe cumplir con requisitos concretos que ni abogados de las bancadas ni parlamentarios creen que se cumplen. Hay algunos más convencidos en el Frente Amplio y el PC. Y qué decir de los indignados interlocutores de las redes sociales. Para acusar constitucionalmente a un ministro se requieren 78 votos de los 155 votos. La oposición solo obtendría una victoria si no hay votos descolgados. Hoy el bloque tiene 83 votos, de los cuales 14 son DC.
Y ahí está la madre del cordero. Porque parlamentarios de la falange manifestaron sus dudas desde el primer momento y como dijo Matías Walker, “el tema de la acusación constitucional la vamos a evaluar en su mérito cuando se presente. Esta es una atribución exclusiva y excluyente de los diputados que quieran interponerla. Obviamente la vamos a juzgar en su mérito, de acuerdo a las causales que establece la Constitución. No podemos pronunciarnos hoy día respecto de un hecho eventual”, señaló el diputado.
Así, se ponía cuesta arriba de inmediato la posibilidad de una acusación constitucional y Chadwick, astuto, aprovechó la puerta que se le abrió para expresar “mi agradecimiento a la bancada de la Democracia Cristiana si ha tomado la decisión de no apoyar una acusación constitucional que no tienen fundamentos”, agregando que “actúan en forma muy republicana, con un sentido democrático e institucional que quiero destacar”.
Las palabras del titular de Interior generaron molestia en la colectividad de centro, porque si bien algunos de sus dirigentes habían expresado dudas ante un libelo acusatorio, nada estaba zanjado. Y se suma que los dejaba en entredicho frente a sus aliados naturales. De ahí que optaran por “endurecer” el tono. El presidente del partido, Fuad Chahín, debió salir a aclarar el punto, pues el “agradecimiento” gubernamental provocó irritación. Dijo que “para la Democracia Cristiana es más pertinente para el bien del país, para la interlocución del gobierno con la oposición, que el Ministro del Interior dé un paso al costado y libere al Presidente de la República de toda esta presión que se genera”. El cambio de estrategia de la DC implicaba insistir en pedir la renuncia al secretario de Estado, y sumarse a una reunión con el resto de las bancadas de oposición para analizar el qué hacer, cosa que no ocurría desde hacía demasiado tiempo.
Frente a las dudas de si hay piso para acusar constitucionalmente sin el riesgo de una nueva derrota política, los partidos de la oposición apostaron a la solución intermedia de pedirle al ministro su renuncia. La fallida acusación al ministro de Salud ronda aún en las bancadas de los distintos partidos y, por lo tanto, algunos parlamentarios prefirieron esperar. “La acusación constitucional solo se presenta si es que hay un acuerdo de la totalidad de las bancadas de la oposición”, había señalado el jefe de bancada del Partido Socialista, Manuel Monsalve a La Tercera. El diputado Miguel Crispi, del Frente Amplio, había expresado por su parte que “no nos podemos arriesgar a un show político y por tanto si vamos con la acusación constitucional debiera ser con compromiso de las bancadas antes de manera de llegar a buen puerto y no a la mitad”.
Finalmente, se concretó el encuentro para analizar el escenario abierto. Asistieron representando a las bancadas: Matías Walker, Gabriel Silber, Gabriel Ascencio (representando a la DC), Ricardo Celis (PPD); Manuel Monsalve (PS), Karol Cariola (PC), Tomás Hirsch (PH), Miguel Crispi (RD) y Alejandra Sepúlveda (FRVS).
La Democracia Cristiana llevó la propuesta de trasladar al plano exclusivamente jurídico y no político la acusación constitucional contra Chadwick. Durante el encuentro del bloque se conversó la idea con los representantes de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio. Tuvieron éxito. De este modo, se generó un acuerdo para crear una comisión jurídica –que evaluará si existen los fundamentos jurídicos para la acción-, mantener la posición de pedirle la renuncia a Chadwick y desarrollar instancias de diálogo para un nuevo trato con pueblo originarios.
A la salida del encuentro, Matías Walker señaló: “Esto lo vamos a hacer de manera conjunta y en base a ese informe vamos a tomar una decisión”. Es decir, todo para marzo. Porque sabido es que en febrero, todo febrero, los parlamentarios hacen uso de sus vacaciones. Y así, la DC neutralizó las críticas que en voz alta o baja le hacían sus pares, por su cercanía con el gobierno.
Otro error
En su intento desesperado por sacar el caso Catrillanca de la agenda mediática, presente pese a los dos meses ya transcurridos desde el asesinato del joven mapuche, el Ministerio de Educación presentó un proyecto de reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE), sabiendo -obviamente- que ello generaría una conveniente polémica con la oposición y la ciudadanía. Es que se trataba ni más ni menos de el regreso a un “sistema de méritos” como criterio de selección en los establecimientos educacionales emblemáticos o de excelencia. La iniciativa presentada por la actual administración de Sebastián Piñera, denominada “Admisión Justa”, da marcha atrás a la normativa vigente, modifica el sistema de admisión de los establecimientos de alta exigencia y con proyectos especiales, y plantea el regreso voluntario de las entrevistas a familiares y apoderados.
«Reconocer el mérito no es un premio, es justicia. En cada historia de esfuerzo y de mérito, en contexto de vulnerabilidad, hay un joven, familia, docentes, impulsando un mejor futuro para él y nuestro país», publicó la Ministra Marcela Cubillos para dar a conocer la iniciativa. Rápidamente surgieron las críticas no sólo en la oposición.
La ministra fue interpelada por dos padres de familia que conocen muy bien qué significa seleccionar “por méritos”. Un ex profesor de sus hijos, Rodrigo Salinas Corona, rechazó el argumento de la secretaria de estado. “Yo fui profesor de dos de sus hijos, ministra. Grandes muchachos, con opinión, valores, ideas… pero no con muy buenas notas. Ellos no habrían podido ingresar a un colegio público de ‘excelencia’ según su criterio. La admisión es discriminación. Las notas no lo son todo”, respondió el profesor al tuit.
La ministra le respondió: “Profesor, quizás no hubieran entrado y es justo porque ese cupo sería de alguien con más mérito académico. ¿Hablemos entre adultos? Yo quizás habría entrado. 6,9 NEM, puntaje nacional PAA Matemática y profesores que siempre respetaron a todos sus estudiantes. #AdmisiónJusta”.
La respuesta tampoco tardó. ”¿Y no ve la injusticia en ello, ministra? Yo sí. En la educación pública deben compartir los puntajes nacionales como usted y los que son del montón, como yo. Así Chile crece verdaderamente en justicia y no en slogans”, contestó el profesor poniendo fin al intercambio.
Otra respuesta que también le llegó a la ministra: “Se ha hablado de justicia, de “perfeccionar el sistema actual” (en palabras de la propia ministra Marcela Cubillos). Sin embargo parece ser otro muro, como los que buscan erigir Trump y Bolsonaro un poco más al norte. Se trata de segregación, aunque muchos quieran esquivar la palabra. Para quienes estudiamos en liceo con número sabemos que las buenas notas no dicen nada, más allá del privilegio que algunos tuvimos de criarnos en un entorno donde nuestras necesidades básicas fueron suplidas, al alero de una familia que nos permitió vivir sin otras presiones internas”.
“¿Es esa una realidad común? Lamentablemente no, por la misma precarización de la vida a la que nos estamos enfrentando como país. Desigualdad cada vez más presente, que se manifiesta a través de largos recorridos para ir a trabajar, la ausencia de horas libres, el miedo a perder el trabajo, las distintas violencias y abusos de poder que tenemos que soportar día a día. Salarios como los de los agregados comerciales en NYC, que nos refregaron en la cara una vez más aquello que más nos pesa. El mérito en Chile no existe. Y quienes han podido sortearlo han sido excepciones maravillosas, con una historia propia del realismo mágico. Gracias a esa excepción que confirma la regla, es que pudimos tener a una premio Nobel, la primera latinoamericana en recibirlo”.
La periodista Claudia Aldana, madre de una pequeña con Síndrome de Down, y autora de un libro que aborda dicho trastorno, cuestionó la iniciativa en un hilo de mensajes que ya ha sido compartido en más de 660 oportunidades. Fueron cuatro sus interrogantes:
«Hola ministra (…) me gustaría saber qué pasa con las personas como mi hija Fátima en este proyecto de reforma que presentan. Ella tiene #SindromeDeDown y como ella nacen 21 mil niños con esta condición genética al año. ¿Han contemplado cupos de inclusión?». -«¿Cómo se mide el mérito para una persona con discapacidad cognitiva? Ella pasó a tercero básico, con promedio 6,7 pero tiene un currículum adaptado y un aula de apoyo. ¿Va a tener cabida ella y todas las personas con #SindromeDeDown en las salas?». «(…) Porque la educación es un derecho para todos. Y creo que los niños como mi hija se les quedan fuera». “Qué entienden ustedes por educación inclusiva? ¿Cómo podemos esperar que luego mi hija y los niños como ella puedan tener oportunidades laborales reales y aptas a sus capacidades? ¿Cómo enseñamos empatía, segregando en las aulas de clase?».
«¿Han pensado qué va a pasar ministra cuando estos 21 mil niños con #SindromeDeDown al año en Chile pidan su cupo en un colegio? Pregunto con real preocupación. Porque la educación es un derecho para todos. Y creo que los niños como mi hija se les quedan fuera». Hasta el momento, las cuatro inquietudes de la periodista no han tenido respuesta.
La investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sylvia Eyzaguirre, quien también formó parte del comité que elaboró las propuestas educacionales del programa de Sebastián Piñera, entró al debate por los cambios al Sistema de Admisión Escolar, contenido en la Ley de Inclusión. Dice que está de acuerdo con que se permita a los liceos de excelencia volver a seleccionar a su alumnado, pues representan un “trampolín” para los estudiantes vulnerables, pero cree que sería un error extender la medida a todos los colegios, como lo está planteando el Gobierno. “Eso les cierra la puerta a los niños que han tenido mayores problemas”, afirma.
La “industria” de la educación
Si algo consiguió la derecha al poner este tema en agenda, fue provocar señales más fuertes de unidad en la oposición. Minutos antes que los presidentes de los partidos agrupados en Convergencia Progresista (PR, PS y PPD) emitieran una declaración rechazando el proyecto de “admisión justa” impulsado por el gobierno, el presidente Piñera había salido a defender la iniciativa argumentando que “da más libertad para los que están en la industria de la educación”. Es decir, a los dueños de los establecimientos educacionales.
PS, PR y PPD se reunieron por primera vez con representantes de la directiva de la DC para abordar temas del acontecer político. A la salida del encuentro los dirigentes Álvaro Elizalde (PS), Heraldo Muñoz (PPD), Fuad Chahín (DC) y Carlos Maldonado (PR) explicaron que “continuarán en conversaciones para alcanzar espacios de entendimiento para responder a las demandas de la gente”. Pero por el momento la falange no integrará esta alianza política de la centroizquierda y no existe fecha para una próxima reunión.
Señalaron que “son firmes partidarios del reconocimiento al mérito y al esfuerzo personal. Pero deben ser las familias las que escojan las escuelas para los estudiantes, y no las escuelas las que seleccionen a sus alumnos. La selección le otorga poder a los colegios, no a los padres”, y agregaron que “la propuesta de modificación de la actual Ley de Inclusión Escolar pone en riesgo el principio de igualdad de oportunidades y libre elección de las familias”.
“La evidencia es que la actual normativa se aplica exitosamente en 14 regiones y que el 60 % de los niños quedó en la primera opción de sus padres, en tanto que el 85% quedó en alguna de las preferencias familiares. En las 14 regiones en que se ha aplicado el sistema hay más de 120 colegios emblemáticos que podían hacer uso del 30% de selección existente, pero sólo 20 colegios lo han usado”, se lee en el documento que acordaron durante la reunión.
“Llama la atención que el Gobierno ponga esta discusión en agenda cuando el tema fue amplia y democráticamente debatido e incluso llevado al Tribunal Constitucional, donde la materia fue zanjada en contra de la discriminación arbitraria en los procesos de admisión de alumnos. Evidentemente, el Gobierno intenta un nuevo artilugio comunicacional”, agregaron los dirigentes políticos.
Los presidentes del PR, PS, PPD y DC mostraron su disponibilidad a discutir ajustes de implementación a la ley, “siempre y cuando no contemplen mecanismos de selección que permitan la discriminación arbitraria hacia los estudiantes”. “Por último, propondremos se establezcan mecanismos legales para que los colegios particulares pagados contribuyan recibiendo a un porcentaje de alumnos meritorios vulnerables. A la inclusión y la calidad de la educación debe contribuir la sociedad en su conjunto, y ningún sector debiera restarse de ello”, explicaron.
