Psicólogo y Vicerrector de la Universidad del Alba Chillán
La salud mental debe ser considerada como un Derecho Humano que involucre y garantice su acceso y mantención. La pandemia del COVID-19 y las medidas de confinamiento, unidas a la restricción social, asociadas al miedo por el contagio y los efectos devastadores en las familias que sufrieron pérdidas de sus seres queridos, elevó aún más los indicadores de prevalencias de las alteraciones en salud mental. Esto se vuelve aún peor si sumamos la percepción de incertidumbre producto de las vicisitudes de la economía y la política que contribuyeron a impactar aún más los factores psicosociales básicos como son la confianza y seguridad de las personas en nuestra sociedad actual.
Según la quinta versión del informe ‘Termómetro de Salud Mental en Chile’ elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y la Universidad Católica, entre agosto de 2021 y mayo de 2022, los indicadores de depresión y ansiedad aumentaron en 5.8 y 5.7 puntos porcentuales respectivamente.
Asimismo, las licencias médicas laborales por salud mental han aumentado significativamente. Estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), indican que, en 2022, 2 de cada 3 trabajadores (67%) que presentaron una enfermedad de origen profesional y laboral en tuvieron un diagnóstico vinculado a la salud mental, lo que significa un aumento respecto al año anterior en el que la cifra era de un 52%. Estos antecedentes ponen en evidencia la urgencia de abordar la salud mental, especialmente en los segmentos más vulnerables de la población, donde se observan conflictos de convivencia escolar, maltrato, consumo de drogas y suicidios, que son reflejo de una sociedad que sufre y que manifiesta el desafío de cambiar el rumbo de sus políticas públicas y de sus relaciones sociales.
Lamentablemente, menos del 2% del presupuesto sectorial se destina a programas de salud mental en Chile. El criterio básico es más salud y mejor salud mental, puesto que al invertir en mejorar los estándares relacionales y psicosociales podremos obtener mayores índices de bienestar para una adecuada integración en la sociedad.
La Organización Mundial de la Salud destaca que el bienestar y la salud mental son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida. Sobre esta base, la promoción, protección y restablecimiento de la salud mental deben ser preocupaciones vitales de las autoridades, comunidades y la sociedad en su conjunto. Así, ese antiguo aforismo que la salud no es sólo la carencia de enfermedades provoca en nuestros días un nuevo impulso de la salud mental, provista de una mayor robustez para enfrentar los estragos tras la pandemia, especialmente en las realidades sociales afectadas con mayor fuerza por la desesperanza y el rezago.
Una de las estrategias es afianzar los dispositivos de promoción de salud mental, fortalecer promotores sociales y también las instancias privadas que colaboran en esta tarea. Las políticas públicas deben contar con presupuestos de largo plazo imbricadas en un trabajo colaborativo, intersectorial e interdisciplinario para intervenir, ya sea desde la prevención y posvención.
Es necesario tomar conciencia de la importancia de abarcar, con largo aliento, medidas que permitan elevar nuestra calidad de vida, el bienestar y la salud mental en nuestra sociedad.
