Economista, Instituto Igualdad
El sistema de pensiones en Chile es desigual e injusto. Coexiste el sistema de las AFP de capitalización individual creado por el gobierno militar con el antiguo sistema administrado por el Estado. El primero, diseñado para los trabajadores, ha sufrido cambios orientados a mitigar las pérdidas del valor de los ahorros previsionales que administra, mientras que el viejo sistema asegura pensiones muy superiores. Hasta ahora, tal vez por dudar de sus resultados, las FFAA y de Orden han mantenido para sus afiliados el régimen antiguo de pensiones.
La creación de las AFP fue, sin duda, un proyecto revolucionario que prometió pensiones muy cercanas a lo que fueron las últimas remuneraciones de un trabajador. Pero la historia de este sistema ha revelado un relato muy distinto. Bajas pensiones, constantes variaciones e incluso disminución del valor de los saldos del ahorro previsional acumulado como resultado de una mala gestión o de los efectos no previstos del desempeño del mercado financiero o de la economía local y mundial.
El sistema de capitalización individual funciona normalmente mientras el trabajador tiene un trabajo estable; ahí, logra acumular sus ahorros previsionales y se proyecta optimista, hasta que sus saldos muestran variaciones a la baja que señalan un deterioro para su pensión futura. Estas variaciones —nos tratan de convencer— no son preocupantes mientras no se esté en los plazos cercanos a jubilarse y aún quede tiempo para que se recupere el valor de sus ahorros.
Cuando el trabajador queda cesante e incluso en el transcurso del trabajo por cuenta propia o informal, no consigue ahorros para su jubilación; esas lagunas laborales se convierten en mermas significativas para su futura pensión. El desempleo, en general, es una consecuencia del desempeño de la economía del país y de lo que ocurra en el mundo que afecte a las economías de algunos o todos los países, como ocurre con la inflación, las recesiones, los adelantos tecnológicos, el cambio climático y las guerras.
El sistema de AFP no ha logrado responder como sistema de pensiones a las amenazas de los fenómenos que causan visibles deterioros en las cuentas individuales de los ahorros previsionales y no solo está distante para conseguirlo, sino que es parte del sistema, es parte de las causas y efectos que derivan en la imposibilidad de favorecer al mundo de los trabajadores.
El sistema de AFP fue el mejor logro de la dictadura para generar en esa época un mercado de capitales más robusto; de eso no cabe duda alguna. Sin embargo, la integración de las AFP en los mercados financieros externos ha implicado absorber los ciclos y la volatilidad de esos mercados sin poder cubrir en muchos casos los riesgos de afectar el valor de los ahorros previsionales ni los activos del país. La exposición de dichos fondos y su gestión se ha visto que siguen trayectorias indeseadas que golpean las expectativas de las futuras pensiones, que no tienen respuestas ni soluciones en el actual diseño del sistema de parte de las autoridades del país y que no se resuelven solo con la propuesta de crear fondos generacionales que podrían incluso reducir aún más la libertad de decisión de los afiliados.
La historia de las AFP para rematar el desastre de su actual estatus y su reconocimiento a regañadientes de parte de algunos de los creadores, dio cuenta de que sus fondos sufrieron retiros exigidos por sus afiliados cuando sobrevino la crisis provocada a la gente por el COVID-19, al no concurrir el Estado con los recursos suficientes y obligarla a utilizar sus únicos ahorros, destinados para su futuro como pensión. Es decir, el Estado se prestó para alterar el sistema permitiendo los retiros con la venia de todos, pero a sabiendas de que dichos recursos debían ser repuestos en algún momento.
Las AFP se han convertido en un sistema que estresa a los trabajadores y pensionados por su inestabilidad y su incierto futuro. Los ahorros previsionales en el mercado de capitales han originado pérdidas irrecuperables que hasta ahora no tienen mecanismos de compensación con cargo a las propias AFP. Los fondos más conservadores creados para proteger a quienes están por jubilarse y a los propios pensionados con el régimen de retiros programados han sido afectados por acciones de las propias AFP que han producido pérdidas irrecuperables para ese segmento de afiliados.
Al parecer, forma parte del modelo de negocios de las AFP que el Estado cubra los riesgos de su gestión, toda vez que sus afiliados ya pensionados puedan compensar sus pérdidas con mecanismos como la PGU. Si esto está ocurriendo, no solo se trata de un fraude mayúsculo, sino que debe ser resuelto de inmediato no solo por las vías judiciales que correspondan, sino con un cambio en profundidad de las AFP como sistema de pensiones, ya que, a cambio, el sistema de AFP se convirtió, con el ahorro de las personas, principalmente, en la mayor fuente de recursos del mercado de capitales. El Estado chileno no puede continuar subsidiando las pérdidas originadas por las AFP como sistema de pensiones, como el uso de la PGU u otros mecanismos similares que puedan crearse.
Hoy, la mayor parte de los fondos de las AFP son gestionados por controladores de EEUU, al alero de tribunales de justicia de ese país y sujetos a las condiciones económicas y políticas del mismo, lo que pone a Chile en una doble dificultad: resolver el problema de los pensionados e intentar conseguir algún resultado favorable en tribunales extranjeros.
Después de casi medio siglo de existencia de las AFP, estas han capturado fácilmente, en forma masiva y a bajo costo, activos equivalentes a un 60%-66% del PIB chileno, alrededor de US$250.000 millones, distribuyéndose aproximadamente un 43% en el país y un 57% en el exterior, sin cumplir como sistema de pensiones ni haber sido un mecanismo efectivo y eficiente para lograr canalizar flujos de recursos permanentes que favorezcan la inversión productiva en Chile, en especial pymes y nuevas empresas, anulando la sinergia que pueden generar los valiosos ahorros de los trabajadores.
