Profesor de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Magister© Ingeniería Informática USACH. Diplomado en Big Data Universidad Católica. Diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad de Chile. Licenciado en Educación en Matemática y Computación USACH.
Es un hecho de la historia reciente de chile, que el proceso constitucional se reinicia como consecuencia del estallido social de octubre del 2019 y donde los partidos políticos, terminaron siendo desplazados por una gran mayoría de “independientes”.
Por ello, la historia debe contar que un primer paso de propuesta constitucional del siglo XXI estuvo disponible en marzo del 2018, poco antes de la entrega del segundo Gobierno por parte de Michelle Bachelet. Esta propuesta fue la consecuencia de varios años de trabajo, pues fue parte de su programa de gobierno , el que consideraba como visión tres cimientos fundamentales: Reforma Educacional, Reforma Tributaria y Nueva Constitución.
A veces, los actores políticos, solo a veces, reniegan de sus actuaciones, pero con relación al proceso constitucional, los hechos muestran que, por un lado, los integrantes del oficialismo en el gobierno de Bachelet, poco o nada aportaron a la consolidación del proceso constitucional que ella encabezó y menos a su materialización, ya sea, por la forma en que el gobierno de Bachelet buscó obtener la opinión ciudadana, la falta de vínculo de estos con la sociedad civil, una mirada distante ante el desprestigio de la político o todas las anteriores.
Pero como consecuencia del estallido social, no solo el nuevo oficialismo de derecha, sino el anterior, en noviembre 15, del 2019 a las 02:20 am, debieron concordaron en 12 puntos para avanzar hacia una nueva constitución, como puerta de salida a las movilizaciones.
En ese instante, al parecer nadie recordó o no quisieron recordar que, desde octubre del 2015, la presidenta Bachelet ya había convocado a la ciudadanía a participar en diversos espacios de deliberación: Consultas individual, Encuentros locales autoconvocados, Cabildos provinciales y Regionales. Pero además con una nueva impronta ciudadanía, diciendo: “… esta nueva Constitución no sólo debe ser nueva en su contenido, sino que también debe ser nueva en la manera en que se discute y elabora.”
Los registros abiertos de la época dan cuenta que la participación alcanzó más de 204 mil personas. Ahí comenzamos a tener una pequeña gran diferencia con los procesos actuales que, siendo elaborada por representantes democráticamente electos, difieren de una base de deliberación y debate, auténticamente ciudadano. De hecho, el informe de sistematización , muestra nítidamente en el 2017 que las prioridades ciudadanas respecto de derechos fundamentales comienzan en salud, seguridad social, igualdad ante la ley, vivienda digna, seguridad social, libertad de expresión, medio ambiente, pero también, el derecho a la vida.
La entrega oficial de Michelle Bachelet, de la propuesta constitucional al nuevo mandatario (Sebastián Piñera), quedó olvidada. Ya sea porque el nuevo gobierno tenía otras prioridades, así como para su sector, hasta ese momento no era importante, una nueva constitución.
Pero el segundo gobierno de Piñera requirió de la clase política en noviembre del 2019, por medio de lo que se llamo finalmente: “Acuerdo de paz social y nueva constitución”. Ojalá el presidente Allende, hubiese podido obtener de los partidos políticos, el mismo acuerdo.
El resultado lo conocemos, la ciudadanía rechazó la propuesta y el proceso, de forma aplastante. Al punto que el plebiscito de entrada quedó disminuido, con la votación de salida. Los defensores del proceso buscaron excusas iniciales en los medios de comunicación, redes sociales y noticias falsas; pero a poco andar solo basta recordar el acto organizado por el Municipio porteño, del 27 de agosto y la polémica performance con la bandera chilena , lo que se sumó a una seguidilla de actuaciones fuera de toda cultura de representatividad, que a ratos es mejor no recordar y que se reflejan en las sabias palabras (léase con ironía) del ex convencional Stingo cuando afirma dando cuenta de una escala de valores y principios circunstanciales, que “los grandes acuerdos los vamos a poner los que no somos de derecha». Dando paso a una era para el olvido.
Luego de la derrota país, de la versión 2 del proceso constitucional, conformada por 150 representantes, en su mayoría (62%) independientes fuera de partidos, tal como lo expresaban, con su cántico: “el pueblo unido, avanza sin partidos”. Los mismos independientes identitarios, pasaron a ser miembros de la clase política y a tomar en sus manos las prácticas, que criticaban y más que desprestigiar la actividad política, terminaron sepultando su propia proyección.
Paradojalmente la ciudadanía avanzó por medio de los partidos políticos, que si bien viven en zona de desprestigio, acuerdan en un nuevo proceso con Consejeros Constitucionales, Comité de Expertos y Comité de Admisibilidad. A esto se sumaron los 12 límites o bordes. Abriendo paso nuevamente a la sensatez de la conversación política, y la relevancia de alcanzar acuerdos de forma amplia.
Lo primero que genera este nuevo escenario, es en junio 2023, es un Anteproyecto de la Comisión Experta, que materializa el principio de “acuerdos transversales” por medio de 211 artículos y 47 disposiciones transitorias, retomando entre otros aspectos, una semántica constitucional más vinculada con la historia constitucional. Trabajo cuya calidad, profesionalismo y valor histórico, se alcanza en los meses de discusión y deliberaciones.
Un retroceso para el país
El valor de esta propuesta fue vilipendiado, en particular por la mal llamada “mayoría circunstancial”, pues sumaron gran parte de las 1.069 revisiones de distinto orden y profundidad. Enmiendas que en visión progresista menoscaba el orden democrático, y alejan el estado social y democrático de derechos para la ciudadanía, generando un retroceso social sustantivo y evidente. Pero además repitiendo la historia de la versión 2 de los procesos constitucionales, al desatender la política de acuerdos e imponer visiones de mayoría.
Con el avance de los días, la radicalización de ideas ha evidenciado, el daño que provoca, el uso de las mayorías y la necesidad de una política de acuerdos.
Por ello el ambiente que rodea este nuevo proceso, tiende a mostrar nuevamente un desequilibrio en la balanza, esta vez cargado a la derecha, en especial a la extrema derecha (conservadurismo) dejando algunos caminos a considerar.
Primer camino que se mantenga la línea de decisión Republicana, así como el actual texto y en caso de aprobar la nueva constitución, el efecto será un retroceso para el país. Pero en caso de rechazarla, serán los Republicanos los perdedores y las opciones de Kast disminuyen, pero se abren tres opciones. Uno, abrir un nuevo proceso constitucional, lo que puede terminar agotando a la ciudadanía y aumentando el desprestigio de la política. Dos, dejar pasar un tiempo y en las elecciones presidenciales del 2025, realizar un plebiscito para determinar si se persiste en cambiar o mantener la constitución. O tres, simplemente plebiscitar el Anteproyecto de la Comisión Experta como propuesta de nueva constitución, poniendo realismo, racionalidad y cierre al proceso. Esta dos últimas opciones, implica dialogar electoralmente con los votantes que se sienten obligados a concurrir a las urnas. A ellos se debe convencer. Ellos y ellas, son el sector social que puede determinar el camino constitucional de los próximos años.
Un segundo camino, puede pasar que la decisión Republicana sea allanarse a establecer cambios al texto a plebiscitar en diciembre del 2023, permitiendo sumar valores que la izquierda y el centro, defienden. Transformando a los republicanos en los héroes públicos, logrando mostrar capacidad de consenso y gobernabilidad, abriendo las opciones de Kast para llegar a La Moneda en marzo del 2026. Esto en una estrategia de dialogar electoralmente a quienes pueden cambiar su voto.
Por lo pronto, en octubre del 2023, las evaluaciones de opinión pública dan cuenta de un categórico nuevo rechazo, desaprobación o estar en contra, de la nueva propuesta constitucional. La pregunta es, ¿la desaprobación será mayor al 62% y la participación será menor al 85%?
