“Cómo Republicanos convirtió la elección constituyente de 2023 en un plebiscito sobre el orden, la autoridad y el gobierno de Gabriel Boric”
Chile no pasó simplemente del estallido social a Gabriel Boric y de Gabriel Boric a José Antonio Kast. Entre esos momentos hubo una acumulación extraordinaria de crisis que modificó las prioridades de la sociedad, alteró el marco desde el cual se evaluaba a los gobiernos y terminó desplazando el centro de gravedad de la conversación pública. La hipótesis que propongo es que la derrota de la izquierda en 2025 no puede comprenderse solamente como un giro ideológico de la ciudadanía hacia la derecha radical. Puede entenderse mejor como el resultado de una transformación progresiva de la demanda social: una sociedad que en 2019 reclamaba principalmente dignidad, igualdad y derechos comenzó, después de años de incertidumbre, a exigir también protección, estabilidad, seguridad y capacidad estatal. En ese tránsito, la izquierda perdió credibilidad justamente en aquellas dimensiones que adquirieron mayor centralidad, mientras José Antonio Kast consiguió apropiarse políticamente de ellas.
Ese cambio no ocurrió de un día para otro. En octubre de 2020, cuando la ciudadanía pudo pronunciarse electoralmente sobre la posibilidad de iniciar un proceso constituyente, el 78,28% votó Apruebo. Fueron 5.892.832 votos favorables a una nueva Constitución. El dato es suficientemente contundente para descartar la interpretación retrospectiva según la cual el impulso transformador de 2019 habría sido simplemente una ilusión producida por una minoría movilizada. Existía una mayoría real que quería modificar el marco constitucional. Pero aquel 78,28% no significaba que Chile se hubiese convertido en una sociedad ideológicamente de izquierda ni que hubiese entregado un mandato ilimitado sobre la profundidad, velocidad y contenido de esas transformaciones.
Ésa fue probablemente una de las primeras confusiones del ciclo. Una mayoría podía querer mejores pensiones, mayor protección social, servicios públicos de calidad, menos abusos y una nueva Constitución sin compartir necesariamente toda la cosmovisión del Frente Amplio, de la izquierda o de los sectores más radicales de la Convención. Había un amplio consenso respecto de que algo debía cambiar, pero no necesariamente respecto de qué debía reemplazarlo. Lo que en retrospectiva aparece como una mayoría progresista era más probablemente una coalición social reformista, heterogénea y extraordinariamente transversal, unida más por el diagnóstico del malestar que por una arquitectura ideológica común.
Boric llegó a La Moneda en marzo de 2022 sobre ese horizonte transformador, pero recibió un país que ya no era exactamente el que había producido el 18 de octubre. Entre medio había ocurrido una pandemia, una contracción económica, confinamientos, destrucción de empleos, interrupción prolongada de la escolaridad presencial, deterioro de la salud mental, transferencias fiscales extraordinarias, tres retiros de fondos previsionales y un fuerte incremento de la demanda interna. El déficit efectivo del Gobierno Central había alcanzado 7,7% del PIB en 2021 y el déficit estructural había llegado a 10,7% del PIB, reflejo de la respuesta excepcional desplegada durante la emergencia sanitaria.
La política expansiva había sido socialmente necesaria para contener las consecuencias de la pandemia, pero dejó una economía muy distinta para quien asumiera posteriormente la administración del Estado. A los factores internos se sumaron disrupciones internacionales de cadenas logísticas, aumentos de alimentos y energía y posteriormente la invasión rusa de Ucrania. Cuando Boric asumió, la inflación ya venía acelerándose y cerró 2022 en 12,8% anual. Los salarios nominales crecieron, pero no consiguieron alcanzar el aumento del costo de la vida: las remuneraciones reales terminaron ese año con una caída cercana a 1,7%.
Este dato tiene una importancia política que frecuentemente queda escondida detrás de las cifras macroeconómicas. El ciudadano no experimenta la inflación como una variable abstracta. La encuentra en el supermercado, en el arriendo, en el transporte, en los alimentos y en la cuenta corriente familiar. Puede comprender intelectualmente que existen factores internacionales, decisiones anteriores, autonomía del Banco Central y efectos pospandemia; políticamente, sin embargo, identifica al gobierno en funciones con su experiencia cotidiana. Éste es uno de los mecanismos clásicos del voto retrospectivo: los ciudadanos tienden a premiar o castigar al Ejecutivo por las condiciones bajo las cuales viven, aun cuando la causalidad económica sea considerablemente más compleja.
La contradicción para Boric era especialmente profunda. Había llegado prometiendo expansión de derechos sociales y tuvo que comenzar administrando la retirada de buena parte del estímulo extraordinario anterior. Durante 2022 el gasto del Gobierno Central cayó 23,1% real, concentrándose especialmente en gasto corriente, mientras el país pasó de los gigantescos déficits pandémicos a un superávit efectivo equivalente a 1,1% del PIB, aproximadamente $2,96 billones. El Consejo Fiscal Autónomo destacó además que el balance estructural pasó del déficit de 10,7% del PIB de 2021 a un superávit de 0,2% en 2022. Desde la estabilidad macroeconómica, fue una consolidación extraordinaria; desde la experiencia de numerosos hogares, significó el retiro de ayudas precisamente mientras el poder adquisitivo retrocedía.
El gobierno, además, no controlaba la política monetaria. El Banco Central autónomo había iniciado un fuerte aumento de la tasa de interés para enfriar una economía recalentada. Sin embargo, para la ciudadanía estas distinciones institucionales son poco visibles. Lo observable era una combinación de precios elevados, crédito más caro, consumo debilitándose y un gobierno que no podía continuar distribuyendo recursos con la intensidad del período anterior. Así apareció una primera gran paradoja: un proyecto que llegó prometiendo protección social tuvo que comenzar gobernando mediante estabilización macroeconómica.
Y mientras el gobierno intentaba contener aquel desequilibrio, el horizonte político que justificaba buena parte de las expectativas transformadoras comenzó a desmoronarse. El 4 de septiembre de 2022, el proyecto redactado por la Convención fue rechazado por 61,86%, frente a 38,14% del Apruebo. El Rechazo recibió aproximadamente 7,88 millones de votos.
El contraste entre 78,28% por iniciar el cambio constitucional en 2020 y 38,14% por aprobar el texto producido en 2022 es uno de los hechos políticos fundamentales del período. No demuestra que Chile hubiese renunciado repentinamente a las demandas que originaron 2019. Demuestra que la amplia coalición favorable a transformar el orden existente se había fragmentado respecto del contenido concreto de esa transformación. Entre ambos plebiscitos habían cambiado el contexto económico, la percepción de seguridad, la evaluación de la Convención y también el propio estado emocional de una ciudadanía sometida durante años a sucesivas crisis.
La derrota del 4 de septiembre obligó además a Boric a realizar una corrección que era probablemente necesaria para la gobernabilidad, pero muy difícil de explicar simbólicamente. Su gobierno amplió el peso del Socialismo Democrático y recurrió a dirigentes con una experiencia estatal acumulada precisamente en los gobiernos que el Frente Amplio había construido buena parte de su identidad política impugnando a la generación concertacionista que gobernó gran parte de la transición a la democracia. No era necesariamente una capitulación ideológica. Podía ser simplemente el reconocimiento de que administrar el Estado requiere conocimientos institucionales, coordinación burocrática y experiencia política que una generación recién llegada al Ejecutivo todavía no había acumulado. Pero comunicacionalmente la escena era problemática: quienes habían prometido superar a las antiguas élites debían recurrir a ellas para estabilizar su propio gobierno.
La autocrítica realizada por Boric en agosto de 2026 durante la presentación de La resaca, de Eugenio Tironi, adquiere aquí una importancia particular. El expresidente reconoció que, mirando retrospectivamente, las señales del cambio de escenario —el desgaste de la Convención, la preocupación por seguridad, las dificultades económicas y la incertidumbre posterior al estallido y la pandemia— “no fueron leídas con la ponderación adecuada”. También sostuvo que habría compuesto de manera más equilibrada su primer gabinete, incorporando mayor experiencia en el manejo del Estado.
Pero simultáneamente se estaba produciendo otra mutación, probablemente todavía más importante: la preocupación que había organizado el ciclo de 2019 comenzó a ser desplazada por otra. Para fines de 2022, la Encuesta CEP mostraba que 60,8% de las personas mencionaba “delincuencia, asaltos y robos” entre los tres problemas a los cuales el gobierno debía dedicar mayor esfuerzo. Salud aparecía con 32,6%, pensiones con 31,3%, educación con 25,9%, drogas con 25,4%, inmigración con 19,2%, sueldos con 13,3%, pobreza con 12,4%, violencia con 11,8% y alzas de precios o inflación con 10,3%. “La Constitución”, en cambio, había caído a apenas 2,9%.
Es difícil encontrar una fotografía más clara del cambio de agenda. El proceso constitucional todavía dominaba buena parte de la conversación política institucional, pero para la ciudadanía había pasado a ocupar una posición marginal entre sus urgencias. El eje del país estaba desplazándose desde la pregunta “¿qué nuevo orden institucional queremos?” hacia otra mucho más inmediata: “¿quién puede protegernos y hacer funcionar las cosas?”.
Aquí comienza a ser especialmente útil el concepto de agenda-setting. La teoría no sostiene que los medios puedan simplemente introducir opiniones dentro de la cabeza de las personas. Su poder opera de una forma más sofisticada: aumentando la visibilidad de determinados problemas hasta convertirlos en los criterios principales mediante los cuales la ciudadanía interpreta la realidad y evalúa a las autoridades. Los medios no necesariamente dicen qué pensar; contribuyen decisivamente a determinar sobre qué pensar y cuánto pensar en ello.
El estudio del Consejo Nacional de Televisión sobre el plebiscito de 2022 proporciona una primera evidencia importante. El CNTV analizó 37.045 minutos de programación televisiva durante el período examinado. Solamente 16,1% estuvo asociado al plebiscito y la nueva Constitución. Dentro de los 5.973 minutos específicamente dedicados a contenido constitucional, el componente más grande —32,2%— correspondía al escenario general de plebiscito, campañas y comandos. Las propuestas contenidas directamente en el texto constitucional ocuparon 27,2%. La discusión política relacionada con plebiscito y proceso constituyente sumaba 18,5%, mientras aproximadamente 8% correspondía a polémicas y manifestaciones electorales. El CNTV observó además que los noticiarios centrales eran el tipo de programa que más tiempo dedicaba a la discusión política del plebiscito.
El dato no demuestra un complot ni permite concluir que la televisión haya hecho ganar al Rechazo. Pero sí demuestra una transformación relevante del objeto mediático: la Constitución competía con la campaña, los comandos, las controversias y la contingencia política por definir qué significaba el propio plebiscito. Una discusión que idealmente podía haber estado concentrada en diseño institucional, derechos, sistema político, descentralización o justicia terminó inevitablemente integrada a una narrativa cotidiana de gobierno versus oposición.
Ese mecanismo se volvió todavía más importante durante 2023. A los problemas económicos se sumaron delitos de alto impacto, homicidios de funcionarios policiales, crecimiento del crimen organizado, secuestros, extorsiones y la aparición pública de organizaciones transnacionales. La Fiscalía Nacional ha documentado posteriormente una expansión de mercados criminales como la extorsión y el secuestro extorsivo, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, además de un aumento de organizaciones extranjeras especializadas en drogas, tráfico de migrantes y delitos predatorios. En octubre de 2022, por ejemplo, la Fiscalía de Arica ya mantenía 29 imputados en prisión preventiva en la investigación contra Los Gallegos, célula vinculada al Tren de Aragua, por delitos que incluían tráfico de drogas, secuestro, homicidio, extorsión y tráfico ilícito de migrantes con fines de explotación sexual.
La preocupación, por tanto, no era ficticia. Existían mutaciones reales de la criminalidad. Pero entre existencia objetiva de un fenómeno y su peso político media una segunda dimensión: su saliencia. Cuando determinados delitos aparecen reiteradamente como apertura de noticiarios, son discutidos durante horas en matinales y se convierten en objetos permanentes de declaraciones políticas, una preocupación real puede pasar a funcionar como la categoría dominante para juzgar a todo el sistema político.
No disponemos todavía de una serie homogénea del CNTV que mida mes a mes a TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13 entre marzo de 2022 y mayo de 2023. Éste es un límite importante de la evidencia y debe reconocerse. Pero el primer estudio longitudinal comparable disponible para los noticiarios centrales, realizado entre septiembre y octubre de 2023, permite observar la estructura que ya había adquirido la agenda televisiva: sobre 18.197 minutos de presencia en pantalla, el área policial/judicial concentró en promedio 21,3%, equivalente a 3.869 minutos, constituyéndose en el tema de mayor presencia agregada. De ese tiempo, 53% estuvo dedicado a delitos contra las personas y contra la propiedad; aproximadamente la mitad de ese universo se refería a asaltos y robos. Los casos judiciales representaron 15% y narcotráfico y lavado de dinero aproximadamente 10%.
La distribución tampoco fue idéntica entre canales. Las mediciones del CNTV muestran que Mega y Chilevisión se encontraban especialmente cargados hacia policiales, mientras TVN presentaba una estructura más equilibrada. Por eso sería incorrecto hablar de una maquinaria televisiva perfectamente coordinada. Lo que sí podemos observar es un ecosistema en el cual seguridad, delitos y justicia adquirieron una presencia sistemática extraordinariamente alta.
Esta transformación de la agenda tuvo una consecuencia política que puede entenderse mediante otro concepto: issue ownership, o propiedad temática. Cuando una sociedad considera que un problema es prioritario, no todos los partidos comienzan desde el mismo punto. Las fuerzas políticas han construido durante años reputaciones asociadas a determinados asuntos. La izquierda chilena tenía una ventaja histórica en derechos sociales, desigualdad, pensiones o protección laboral. José Antonio Kast y Republicanos habían construido su identidad precisamente alrededor de seguridad, orden, migración, autoridad y control fronterizo.
Por eso Kast no necesitaba necesariamente convencer al país de toda su ideología. Le bastaba con conseguir que la elección se jugara cada vez más en aquellos asuntos en que ya era percibido como más coherente y decidido. Si la preocupación dominante fuese la reforma de pensiones, la izquierda competía en un terreno relativamente favorable. Si el problema central era seguridad, inmigración y autoridad, Kast comenzaba a jugar de local.
La migración reforzó ese proceso. La crisis venezolana era continental y antecedía ampliamente al gobierno de Boric. Para 2023 Chile tenía una población extranjera estimada en 1.918.583 personas y los ciudadanos venezolanos constituían el grupo más numeroso: 728.586 personas, equivalentes al 38% de la población extranjera residente estimada. La magnitud del fenómeno generaba desafíos reales de vivienda, integración, educación, empleo, fronteras y seguridad. Pero la aparición de organizaciones criminales extranjeras permitió además construir una asociación discursiva particularmente potente entre migración irregular y delincuencia.
Aquí el framing se vuelve tan importante como el agenda-setting. La inmigración puede ser encuadrada como una crisis humanitaria, un desafío económico, un problema de integración o una amenaza a la seguridad. Ninguno de esos marcos agota por sí solo el fenómeno. Pero aquel que termina dominando la conversación pública condiciona las soluciones políticamente imaginables. Una vez que “migración” pasa a significar principalmente “frontera, delito y descontrol”, quien durante años ha prometido expulsiones, barreras y endurecimiento adquiere una ventaja considerable.
La elección del Consejo Constitucional del 7 de mayo de 2023 puede interpretarse desde esta transformación. Formalmente, la ciudadanía debía escoger a quienes redactarían una nueva propuesta constitucional. Pero la Constitución había caído a 2,9% entre las prioridades registradas por CEP pocos meses antes, mientras delincuencia alcanzaba 60,8% e inmigración 19,2%. Republicanos obtuvo 3.468.258 votos, equivalentes al 35,41%, y eligió 23 consejeros. Unidad para Chile consiguió 28,59% y 16 representantes; Chile Seguro, 21,07% y 11. El Partido de la Gente alcanzó 5,48% y Todo por Chile 8,95%, ambos sin consejeros electos.
La elección constitucional había funcionado, al menos parcialmente, como una elección de segundo orden: una oportunidad de evaluar, premiar o castigar al gobierno nacional utilizando una papeleta formalmente destinada a otra finalidad. No podemos determinar qué porcentaje exacto del 35,41% republicano era castigo a Boric, voto por seguridad, adhesión constitucional conservadora, preocupación migratoria o identidad ideológica. Pero la evidencia posterior permite descartar que todo aquel resultado representara simplemente una demanda por una Constitución republicana.
Siete meses después, cuando la pregunta dejó de ser quién debía integrar el Consejo y volvió a concentrarse sobre el texto constitucional concreto producido bajo predominio de la derecha, 55,76% votó En contra y 44,24% A favor. Participaron más de doce millones de electores. La misma ciudadanía que había entregado una victoria extraordinaria a Republicanos en mayo rechazó en diciembre la propuesta constitucional surgida del proceso que aquel partido dominó.
Ésa es una evidencia particularmente poderosa contra cualquier interpretación lineal del período. El 35,41% republicano de mayo de 2023 no puede leerse simplemente como un mandato constitucional ideológico. Una parte considerable del voto estaba expresando algo diferente. La secuencia más plausible es que una elección constitucional se había convertido en vehículo de otras preocupaciones acumuladas: seguridad, migración, desaprobación gubernamental, fatiga política y voluntad de castigo.
Las encuestas posteriores permiten observar la profundidad de ese desplazamiento. En junio-julio de 2023, el CEP preguntó a los ciudadanos por la tensión entre libertades públicas y orden público y seguridad ciudadana. 72% se situaba entre 7 y 10 en la escala orientada hacia orden y seguridad, mientras ese porcentaje había sido 68% en noviembre-diciembre de 2022, 66% en abril-mayo de 2022, 55% en agosto de 2021 y apenas 41% en diciembre de 2019. No estamos observando simplemente un cambio electoral. Estamos observando una transformación de la jerarquía de valores coyunturalmente priorizados por la ciudadanía.
Aquí comienza a comprenderse mucho mejor la frase de Boric de 2026: “No fuimos creíbles” en seguridad. El expresidente no está afirmando necesariamente que su administración no haya ejecutado políticas en esa materia. De hecho, en la misma intervención reivindicó medidas desarrolladas durante su gobierno. Su autocrítica es más profunda: la izquierda no consiguió construir autoridad simbólica sobre el problema precisamente cuando éste se estaba convirtiendo en una de las principales unidades de medida mediante las cuales la ciudadanía evaluaba al Ejecutivo. Boric agregó que la seguridad debía ser entendida por el progresismo como “un derecho principal para el ejercicio de los otros derechos” y que la utilización legítima de la fuerza estatal no sólo era legítima, sino necesaria.
Su dificultad no consistía simplemente en aprobar leyes. Consistía en transformar una reputación política construida durante años. El Frente Amplio había emergido asociado a derechos humanos, crítica al uso excesivo de la fuerza policial, cuestionamiento de la política migratoria restrictiva y denuncia de abusos institucionales. Cuando posteriormente debió fortalecer policías, fronteras, inteligencia y persecución penal, la política pública podía cambiar mucho más rápido que la imagen política depositada en la memoria de los ciudadanos.
En esa brecha entre acción y reputación Kast encontró una oportunidad excepcional. El discurso podía reducir problemas extremadamente complejos a una narración sencilla: descontrol fronterizo, delincuencia, falta de autoridad, debilidad gubernamental. La simplicidad posee una ventaja formidable en comunicación política. Explicar que el éxodo venezolano comenzó años antes, que el crimen organizado no representa a la población migrante, que existen diferencias entre ingreso regular e irregular, que la inflación combinó shocks internos y externos y que el Banco Central es autónomo requiere tiempo. Decir “el país está fuera de control” requiere pocos segundos.
Eso no significa que el electorado que posteriormente votó por Kast se haya convertido integralmente a su proyecto doctrinario. La propia elección presidencial de 2025 obliga a realizar la misma distinción que no se hizo correctamente después de 2019. En segunda vuelta Kast obtuvo 7.261.332 votos, equivalentes al 58,17% de los votos válidos, frente al 41,83% conseguido por Jeannette Jara. Es una victoria democrática contundente, pero una coalición de segunda vuelta no constituye automáticamente una mayoría ideológica permanente.
Aquí aparece una simetría histórica que debería preocupar tanto a izquierda como a derecha. Una parte del progresismo pudo interpretar el 78,28% del Apruebo de entrada como la confirmación de una hegemonía cultural que realmente no poseía. Una parte de la derecha puede cometer ahora el mismo error interpretando el 58,17% de Kast como prueba de que una mayoría estable adoptó íntegramente su proyecto político. En ambos casos se confunde una decisión electoral producida bajo determinadas condiciones con una identidad ideológica permanente.
La hipótesis más consistente con los datos es más compleja. Entre 2019 y 2025 Chile atravesó una fatiga de transición permanente: estallido, pandemia, retiros previsionales, inflación de 12,8%, salarios reales cayendo 1,7%, ajuste fiscal de 23,1% real, dos procesos constitucionales, crisis migratoria, crecimiento del crimen organizado y una agenda televisiva progresivamente dominada por seguridad. La ciudadanía pasó de una etapa en que la transformación representaba protección frente al abuso y la desigualdad a otra en que protección comenzó a significar también orden, frontera, estabilidad económica y seguridad física.
El error de la izquierda probablemente fue no comprender a tiempo que ambas seguridades pertenecen a la misma experiencia social. Seguridad no es sólo policía, pero tampoco es solamente pensión y salud. Para una familia, sentirse segura significa poder caminar por su barrio sin temor, conservar el empleo, pagar las cuentas, recibir atención médica, no perderlo todo frente a una enfermedad, jubilar con dignidad y saber que el Estado controla su territorio. El progresismo había desarrollado un lenguaje extraordinariamente sofisticado para explicar la inseguridad social, pero dejó que la derecha monopolizara semánticamente la seguridad física.
El resultado fue una forma de hegemonía temática. La agenda-setting contribuyó a aumentar la saliencia de la delincuencia; el framing permitió vincular seguridad, migración, autoridad y gobierno; el issue ownership entregó ventaja inicial a Kast; el voto retrospectivo convirtió inflación, desorden e inseguridad en responsabilidades atribuidas al Ejecutivo; y la fatiga acumulada convirtió la promesa de estabilización en una oferta políticamente poderosa. Ninguno de esos mecanismos por sí solo explica el resultado. Juntos ofrecen una explicación bastante más robusta que la idea simplista de que “Chile se volvió de derecha”.
Y aquí debe colocarse una precaución metodológica decisiva. Existe evidencia empírica fuerte para demostrar el cambio de prioridades ciudadanas, la prominencia posterior de policiales en televisión, la pérdida de centralidad de la Constitución, el crecimiento de la preocupación por orden y seguridad y el salto electoral republicano. No existe todavía evidencia suficiente para afirmar que la televisión causó directamente el triunfo de Kast o que determinados medios produjeron un número específico de votos republicanos. Tampoco disponemos todavía de una serie cuantitativa homogénea de TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13 desde marzo de 2022 hasta mayo de 2023 que permita calcular la curva exacta de cobertura policial anterior a la elección del Consejo.
La evidencia permite hablar con bastante seguridad de correlación temporal, saliencia y compatibilidad con los mecanismos conocidos de agenda-setting, pero la causalidad requiere un estudio adicional. Ésa es precisamente la diferencia entre una hipótesis políticamente sugerente y una hipótesis empíricamente defendible.
Aun con esa cautela, la secuencia resulta extraordinariamente coherente. En 2020, 78,28% quería abrir un nuevo ciclo constitucional. En 2022, 61,86% rechazó el texto que debía encarnarlo. Ese mismo año la inflación llegó a 12,8%, los salarios reales cayeron alrededor de 1,7% y el Estado ejecutó una reducción real del gasto de 23,1%. A fines de ese año, 60,8% identificaba delincuencia entre los principales problemas del país y apenas 2,9% mencionaba la Constitución. En mayo de 2023, Republicanos obtuvo 35,41% y 23 consejeros, pero en diciembre 55,76% rechazó la propuesta constitucional producida bajo su predominio. Meses después, las mediciones televisivas del CNTV mostrarían a policiales y judiciales ocupando 21,3% del tiempo de los noticiarios centrales, 3.869 minutos sobre una base de 18.197, mientras en la opinión pública 72% se orientaba hacia privilegiar orden público y seguridad ciudadana. Finalmente, en 2025 Kast alcanzó 58,17% en segunda vuelta.
Vista de esa manera, la autocrítica actual de Boric adquiere un significado histórico mucho mayor. Cuando reconoce que las señales del cambio de escenario no fueron ponderadas adecuadamente y que la izquierda “no fue creíble” en seguridad, no está describiendo solamente un error sectorial. Está identificando el momento en que el proyecto político que había llegado al poder preparado para gobernar el Chile del 18 de octubre descubrió que debía gobernar un Chile psicológicamente transformado por años de crisis.
Boric llegó preparado para responder a una sociedad que preguntaba “¿cómo cambiamos el país?”. Muy rápidamente tuvo que gobernar una sociedad que comenzaba a preguntar “¿quién puede protegerme de todo esto?”.
Kast comprendió antes esa mutación y consiguió responder con una fórmula simple: orden, fronteras, autoridad y crecimiento. Su triunfo no demuestra necesariamente que aquella sea la única respuesta posible. Demuestra que, durante ese ciclo, fue la respuesta que consiguió mayor credibilidad.
La gran derrota intelectual del progresismo, entonces, quizá no fue haber defendido demasiado los derechos sociales. Fue no comprender suficientemente pronto que la seguridad ciudadana, la seguridad económica y la seguridad social forman parte de una misma experiencia humana de vulnerabilidad. Al separarlas, dejó una de esas dimensiones disponible para que la derecha radical la monopolizara.
Por eso la pregunta que queda después de Boric no es si la izquierda debe abandonar la transformación para abrazar el orden. Es otra: si puede construir una idea de seguridad democrática suficientemente amplia como para proteger simultáneamente a una persona del narcotráfico, de la enfermedad, del desempleo, de una mala pensión, de la violencia y del descenso social.
Ése puede ser el verdadero hilo que conecta el estallido de 2019, la pandemia, la inflación, los dos procesos constitucionales, la crisis migratoria, la agenda televisiva, la pérdida de credibilidad de Boric y el triunfo de Kast. No una simple derechización del país, sino una sociedad exhausta que cambió progresivamente la pregunta que hacía a la política: de la promesa de transformación a la demanda urgente de protección.
