Periodista.
Mientras algunos en la coalición de gobierno se quejan porque en “el Frente Amplio no nos quieren” y otros mandan recados vía prensa para que el Presidente haga un cambio de gabinete, todos, de una manera u otra, ya andan preocupados de las listas que van a competir en la elección del Consejo Constitucional, recientemente sancionado por el parlamento y que abre un período de elecciones que en realidad, por ahora no entusiasma mucho.
Es que por 109 votos a favor, 37 en contra y dos abstenciones, finalmente se aprobó el proyecto de reforma constitucional que establece un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución. Así, se reinicia un proceso para elaborar una nueva Constitución que en su primer intento fue rechazado el pasado 4 de septiembre.
Ahora ese proceso sigue. Entre tiras y aflojas y con la derecha teniendo la sartén por el mango, finalmente se creó el Consejo Constitucional conformado por 50 personas que serán las que elaboren el texto de la nueva Constitución. Se respeta la paridad solicitada por el gobierno y su trabajo será debatir y aprobar una propuesta de Carta Fundamental. Los partidos serán los que elijan a quienes competirán el 7 de mayo para ser electos en el Consejo. El medio centenar de integrantes comenzará a trabajar un mes después. Y el pueblo deberá pronunciarse en diciembre
El proyecto aprobado regula la integración y funcionamiento del Consejo Redactor, el Comité Técnico de Admisibilidad y a la Comisión Experta, integrada por 24 profesionales. Allí, entonces, están puestos ahora los intereses de los partidos.
En todo caso el futuro no se ve brillante. El sicólogo Cristián Valdivieso de la empresa encuestadora Criteria expresó en una entrevista del fin de semana pasado que la teoría indique que “un proceso político -como el constituyente que tenemos por delante- haya nacido de un acuerdo amplio entre los partidos, eso no asegura para nada su éxito”. Dijo que la gente está desconectada y que hay una serie de factores que pueden impugnar lo que aquí resulte. “Si el plebiscito fuera hoy día, yo no veo fácil el triunfo del A favor. Veo muy posible que el En contra se termine imponiendo”.
La champaña
No hubo gritos de alegría ni se descorcharon champañas. Pocos en el oficialismo quedaron satisfechos, pero cumplieron la palabra empeñada y respaldaron a su Presidente, cuya situación es de mucha debilidad, luego de dos intentos fallidos de nominación del Fiscal Nacional -el tercero resultó- y peor aún, por las consecuencias de los indultos recientemente otorgados por el Mandatario a presos vinculados al estallido social. El propio Presidente señaló que hubo desprolijidades luego de que se conocieran los prontuarios de algunos indultados.
La situación está provocando la más seria crisis política que ha enfrentado este gobierno desde que asumió. No sólo el Mandatario debió pedir la renuncia a la Ministra de Justicia. También la de su amigo y principal asesor, el jefe de gabinete Boris Matias Meza Lopehandia. No es casualidad lo que el PPD analizó el fin de semana pasado. Se dice que Guido Girardi habría señalado que “estamos en una situación compleja (…). Yo soy parte de este gobierno en su ideología, en su visión de contenido (…). Hemos tomado una decisión, de colaborar con este gobierno y apoyarlo, y lo hemos hecho lealmente (…), a pesar de que en el Frente Amplio (FA) y en el Partido Comunista (PC) no nos quieren”. Y en la ocasión se habría realizado un diagnóstico sombrío del futuro inmediato.
Para qué decir lo que viene desde la misma vereda. Un ex asesor de segundo piso 3en la época de Lagos, conocido por su ego entusiasta, Ernesto Ottone, se permitió decir que “cada Presidente tiene los asesores que se merece”. Y uno que tiene una nutrida pasada por ministerios y servicios: Ministro de Justicia, Director de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, y Director de Gendarmería, Isidro Solís, se dio también la licencia de declarar que el Presidente Boric es “moralmente responsable” de lo que puedan hacer a partir de ahora los indultados.
Y Girardi habría adelantado los próximos pasos del PPD: “al ir en una sola lista, muchos electores que votaron por nosotros históricamente (…), no van a votar por nosotros”. Añadió que “la única manera que tiene este gobierno de sobrevivir (…) es que amplíe su base de sustentación (…) generando coordinadamente (…) una lista del Socialismo Democrático que pueda empujar la frontera y que pueda disputarle el escenario, el espacio político a la derecha (…)”.
Distinto piensa el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre: “la convicción nuestra es que lo mejor hoy día para la alianza de gobierno, para el oficialismo, para el gobierno, incluso electoralmente, es ir en una sola lista. Creo que nos haría muy mal una división en medio de este momento”. Y en el mismo sentido se pronunció el partido Comunes.
Por supuesto, la derecha ha aprovechado cada minuto, desde el inicio, los errores cometidos para descalificar al gobierno y presionar sin cesar sin que estén muy claras sus pretensiones. Tanto que no sólo presentaron una acusación constitucional contra la ex ministra Marcela Ríos, acusación que de ser aprobada castigará a la académica e investigadora de políticas sociales, a cinco años de ostracismo. No podrá trabajar en ningún organismo público. Ni siquiera en las universidades. Eso es el castigo de la derecha anunciando probablemente un camino que ya tienen trazado.
También contra el Presidente
No sólo los objetivos son los ministros para la derecha. También van contra el Mandatario. Diputados de Renovación Nacional ya les pidieron a sus abogados que estudiaran si existen méritos para acusar al propio Presidente Gabriel Boric. No son pocos los que recuerdan que lo mismo hizo la derecha el año 1973, tratando de acusar constitucionalmente a Salvador Allende, pero los golpistas existentes al interior de las Fuerzas Armadas se adelantaron.
La Bancada de diputados de esa derecha adelantó que el próximo lunes presentarán la solicitud de una Comisión Especial Investigadora, para evaluar una eventual Acusación Constitucional en contra del presidente Gabriel Boric. “La solicitud de separar de sus funciones al Jefe de Estado, cuyo estatuto de remoción exige circunstancias de excepcional gravedad por parte de la Constitución, amerita a nuestro entender, agotar todas las instancias”, señalan los parlamentarios. Por ello, anuncian que presentaran una comisión investigadora “que en un tiempo breve indague en el procedimiento y los fundamentos reales que subyacen a la concesión de indultos, junto con ejecutar otras herramientas que nos permitan obtener toda la documentación necesaria por parte de las autoridades involucradas”, sentencian.
Pero por supuesto, hay letra chica. Porque esconden la presión que han hecho desde el día uno para que el Mandatario revoque los indultos. “Esperamos que este tiempo permita la reflexión del Presidente Gabriel Boric y se dejen sin efecto aquellos decretos en lo que S.E. decidió desafiar abiertamente la verdad judicial y, tal como el propio gobierno reconociere, sin tener a la vista todos los antecedentes”.
Está claro entonces, que la derecha no soltará el tema de los indultos. Se les ha explicado en todos los tonos lo ocurrido. De hecho, la ministra del Interior también aclaró que el tipo de indulto que otorgó el Presidente Boric se denomina “conmutativo”, el cual -según explicó- “no anula la pena, sino que la conmuta”. “La pena sigue vigente, pero la persona en lugar de seguir presa, lo que hace es que queda sometida a otro tipo de medidas, que son el arraigo nacional y la firma mensual. En esa condición quedaron los indultados, salvo uno de ellos que entiendo que ya estaba con libertad cuando se le indultó”.
En ese sentido, la Secretaria de Estado también puntualizó que el uso de este tipo de beneficio carcelario no debilitan las políticas de seguridad y que el “reproche” del gobierno a la violencia, así como también el respaldo a las policías, “no se ponen en cuestión”. “Los indultos no son una política de seguridad, no reemplazan la acción de la justicia, no implican un cambio en el reproche penal de las acciones por los cuales una persona está condenada”, expresó Tohá.
Pero no se oyen explicaciones. Es más, hasta se dan la licencia de burlarse. “El que explica se complica”, dijo un parlamentario por ahí. El objetivo no es una diputada, como se intentó hacer con Karol Cariola, cuya moción de censura presentada por los Republicanos, fue rechazada, provocando la ira del diputado Gonzalo de la Carrera. Y, además, de su jefe máximo, José Antonio Kast, quien escribió: «la izquierda, apoyada por diputados de Chile Vamos, rechazó la moción de censura en contra de la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, a cargo de la Comisión de Constitución. La izquierda sigue dominando las comisiones a falta de una real oposición».
El objetivo está claro: es el gobierno.
