Comité Central Nacional Partido Socialista de Chile
La participación ciudadana siempre ha sido el gran sueño de las comunidades, organizaciones e incluso de los gobiernos: construir una ciudadanía activa, organizada y capaz de movilizarse por convicción propia. Sin embargo, en Chile seguimos confundiendo muchas veces la participación con solo cumplir formalidades administrativas.
Desde 2011 nuestro país cuenta con una Ley de Participación Ciudadana y Asociatividad. Su existencia es importante porque reconoce que el Estado debe fomentar la organización social y abrir espacios para que la comunidad pueda involucrarse en las decisiones públicas. Pero la realidad demuestra que la ley quedó corta. No es vinculante, no garantiza incidencia real y, peor aún, carece de recursos suficientes para que la participación funcione de manera efectiva.
En la práctica, muchas instituciones deben sostener la participación utilizando los mismos recursos limitados con los que ya funcionan. Son funcionarios/as que, además de cumplir múltiples tareas, deben generar reuniones, diálogos, consejos consultivos y actividades comunitarias sin tiempo suficiente ni apoyo real. En salud esto se vuelve todavía más crítico.
¿Por qué? Porque la participación comunitaria también es salud. Una comunidad organizada genera redes de apoyo, acompañamiento y contención. Un tejido social fuerte puede incluso transformarse en un factor protector frente a problemas tan graves como la depresión, la soledad o el suicidio. Cuando las personas se conocen, se organizan y se apoyan mutuamente, la comunidad se vuelve más resiliente frente a las crisis.
Pero las comunidades no se fortalecen solas. Requieren herramientas, formación y acompañamiento permanente. Sí, existen liderazgos naturales en juntas vecinales, clubes deportivos, organizaciones religiosas y territoriales. Pero esos liderazgos necesitan apoyo institucional para crecer y transformarse en verdaderos agentes comunitarios.
En salud esto puede marcar una enorme diferencia. Un dirigente/a capacitado puede coordinar redes de apoyo, orientar a vecinos o responder frente a emergencias naturales y sanitarias. Sin preparación ni recursos, muchas comunidades quedan expuestas al abandono y al aislamiento.
Por eso es urgente entender algo básico: la participación ciudadana no puede seguir dependiendo únicamente de la buena voluntad de los equipos o del sacrificio de dirigentes/as sociales. Si el Estado realmente cree en la participación, entonces debe invertir en ella con recursos humanos, financiamiento y políticas permanentes.
Porque la participación jamás será un gasto. La participación siempre será una inversión: en democracia, en salud, en cohesión social y en comunidades más fuertes para enfrentar los desafíos del país.
