Académica Facultad de Educación. Universidad Alberto Hurtado
Recientemente se presentó el Plan Nacional Docente en el Mineduc es una buena noticia, porque reconoce los nudos críticos que muestra la implementación de la Ley de Desarrollo Profesional Docente, promulgada hace ya 8 años, y porque plantea un plan específico para hacerse cargo de las debilidades identificadas. Parece destacable que uno de sus ejes sea el bienestar docente, pues constituye un eje de impacto profundo en la salud de las y los docentes y sus comunidades, dimensión que fue soslayada en la ley y requería abordaje urgente y específico. Asimismo, es de especial relevancia y urgencia la propuesta respecto del fortalecimiento de los procesos de inducción, que constituyen un foco de profunda debilidad en la implementación de la ley, una deuda clave considerando que fue planteado como derecho, pero a la fecha un derecho al que solo ha logrado acceder el 1% de los profesores que se inician.
También es especialmente relevante la propuesta de velar por el fortalecimiento permanente y pertinente de las capacidades de las y los docentes en ejercicio, cuyo eje de pertinencia ha sido una particular debilidad en la implementación de la ley. Sin embargo, respecto del eje de formación inicial, parece insuficiente un sistema nacional de postulación a cupos docentes en establecimientos y mejorar los mecanismos de atracción de postulantes y talentos para responder a la necesidad de distribución equitativa de docentes. Este problema requiere una mirada diversificada y territorial para ajustarse apropiadamente a las particularidades de la formación en regiones extremas, cuestión que no pasa sólo por los procesos de inserción laboral, sino necesariamente por la forma en que se constituye la oferta y los procesos formativos. Este es otro aspecto que no toca la ley, y que no ha formado parte de las discusiones, la regulación de una oferta formativa planificada, ajustada a las necesidades de los territorios, cuestión que tensiona el corazón de la autonomía universitaria estructural del sistema.
En esta misma dimensión de formación inicial, un aspecto particularmente preocupante del Plan Nacional Docente tiene que ver con la opción de fortalecimiento de las pedagogías a través del resguardo del mejor uso de los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica. Esta opción parece incongruente con la investigación que hemos desarrollado en este sentido, y con las conclusiones que emite el propio PNUD respecto de este punto en su informe en torno a la evaluación de la ley. La END es una política que ha sido amplia y legítimamente cuestionada en su capacidad para entregar resultados que sean susceptibles de ser utilizados para la mejora, no hay claridad acerca de cómo se mide y qué significan sus resultados, sin embargo, crecientemente estos resultados van teniendo implicancias en los procesos de acreditación y los programas formativos se ven obligados a tomar decisiones de cambios sustentados en información que no lo permite. Resulta así extremadamente peligroso conferir a este instrumento unas capacidades de las que carece.
Con todo, el Plan Nacional Docente es una buena noticia, es una buena noticia saber que las y los docentes vuelven a ser puestos al centro de la tarea educativa, que el país releva el tono apropiado para su consideración y que se presenta un horizonte claro que permita en el próximo sexenio entender con claridad cuánto más hemos avanzado, porque es el espíritu de un plan que reconoce las debilidades y se va haciendo cargo de ellas, de la perfectibilidad propia de todo sistema.
