Presidenta Nacional Colegio de Periodistas de Chile
En las últimas semanas, informaciones de prensa han dado cuenta de la decisión de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) de poner término al convenio que sostiene con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) para financiar el Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional.
A través del Oficio N° 438, de 31 de julio de 2026, el subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos Garrido, comunicó a ANID la decisión de poner término unilateral al convenio vigente desde 2009. En el marco de una revisión de compromisos instruida por el Ministerio de Hacienda, la Segegob concluyó que no le sería posible entregar financiamiento al concurso 2026. En consecuencia, según señala el oficio, no habría convocatoria este año y el Fondo dejaría de operar una vez que se cierren administrativamente los proyectos que ya están en ejecución.
Lo que informa la Segegob va más allá de una acción administrativa que merece ser discutida. No se trata de un ajuste contable menor, sino de un retroceso importante para la generación de conocimiento sobre problemas que hoy están en el centro de la conversación pública, como la desinformación y la concentración de medios.
Cerrar el principal instrumento público destinado a financiar investigación académica sobre el pluralismo de los medios de comunicación afecta directamente nuestra capacidad para comprender y mejorar un ecosistema mediático que ya enfrenta importantes desafíos. También limita la posibilidad de contar con evidencia para proyectar políticas públicas que fortalezcan el periodismo nacional.
El Fondo de Pluralismo no nació de un programa de gobierno de turno, sino de la Ley N° 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, más conocida como Ley de Prensa. Su artículo 3° establece que el pluralismo en el sistema informativo “favorecerá la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país” y que, para ello, se asegurará la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social. El artículo 4°, por su parte, no deja este asunto a la voluntad de una autoridad, ya que establece que la Ley de Presupuestos debe contemplar anualmente recursos para la realización de estudios sobre el pluralismo en el sistema informativo nacional, asignados mediante concurso público por la entonces Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, hoy ANID.
Es decir, el legislador no solo declaró que el pluralismo informativo importa, sino que creó un mecanismo permanente y concursable para generar conocimiento sobre él. Ese mandato se materializó a partir del año 2009, a través de un convenio entre la Segegob y la Agencia, con un aporte mínimo de la primera y el grueso del financiamiento radicado en esta última. Ponerle término toca directamente el cumplimiento de una ley vigente.
Basta revisar las bases del concurso 2025 para dimensionar lo que hay detrás de este Fondo. Este financia hasta el 90% de las propuestas de investigación, con aportes de hasta 25 millones de pesos para instituciones de la Región Metropolitana y 30 millones para las regionales, ejecutados en proyectos de doce meses por equipos de investigadores responsables, coinvestigadores y equipos técnicos radicados en universidades y centros de investigación reconocidos por el Estado.
Las líneas de investigación que financia tampoco son de nicho. Incluyen, entre otras materias, los hábitos de consumo informativo y su efecto en la esfera pública; la formación de agendas mediáticas y los límites éticos frente a la desinformación; la organización industrial y comercial de los medios y la forma en que variables económicas y regulatorias afectan el pluralismo real del sistema; el rol de las plataformas digitales y las redes sociales en la conformación de la opinión pública, entre otros temas.
En un momento global y nacional en donde el debate público está atravesado por desórdenes informativos, una crisis de credibilidad en los medios de comunicación y una creciente migración de contenidos hacia plataformas digitales, este es precisamente el tipo de conocimiento que un Estado necesita producir de manera sostenida. Solo con evidencia es posible que los sectores público y privado puedan pensar y diseñar un ecosistema de comunicación diverso y representativo de quienes habitan este territorio.
Cerrar el Fondo no solo interrumpe un flujo de financiamiento, también corta la posibilidad de que equipos de investigación nacionales construyan líneas de trabajo de mediano plazo sobre estos temas. Ningún grupo académico puede desarrollar una agenda de investigación seria sobre un concurso que puede desaparecer de un oficio a otro. Además, descontinuar este instrumento implica desaprovechar capacidades instaladas en regiones, desincentivar la formación de nuevos investigadores en comunicación, medios y pluralismo y debilitar la evidencia empírica disponible para el diseño de políticas públicas.
La disposición que plantea el oficio de la Segegob de “formalizar el término del convenio de común acuerdo” es incorrecta. El artículo 4° de la Ley N° 19.733 continúa vigente y mandata la existencia de recursos anuales para este tipo de estudios, con independencia de que el convenio que históricamente canalizó parte mínima de ese financiamiento llegue a su término.
De hecho, el Fondo tiene asignado para este año 2026, a través de ANID, un presupuesto cercano a los 67 millones de pesos, a la espera de que se realice la convocatoria correspondiente. Dado que el grueso del financiamiento ya está radicado en la Agencia, existe al menos una alternativa que debiera ser explorada antes de dar por cerrado este capítulo, que implica que sea la propia ANID con presupuesto propio la que continúe dando cumplimiento a lo que la ley mandata.
El pluralismo informativo no se protege solo garantizando la libertad de fundar medios. También se protege entendiéndolo, midiéndolo y discutiéndolo con evidencia. Eso es, precisamente, lo que este Fondo permite hacer. Por eso, defender su existencia y sostenibilidad no es defender un fondo más. Es proteger una condición necesaria para comprender, evaluar y fortalecer el pluralismo informativo como principio básico de una sociedad democrática.
