Periodista.
La próxima semana, una vez terminado el proceso electoral y con los resultados en la mano, recién entonces el gobierno va a entregar su respuesta a la contrapropuesta que la oposición le entregó sobre los mínimos comunes destinados a sacar de la urgencia económica y social a una enorme mayoría de chilenos y chilenas, entrampados en la burocracia inventada para las ayudas que nunca llegaron a sus hogares.
En el documento opositor se señala que la propuesta “fue construida en conjunto con diversos actores sociales, gremios, centros de estudio, especialistas y académicos, en un proceso participativo, abierto y transparente”, durante un encuentro realizado el pasado sábado.
“Hemos optado por una agenda acotada y concreta porque, además de la urgencia de estos temas, un mínimo de realismo nos indica que será difícil acercar posiciones con el gobierno, en otros en que la diferencia en la mirada de país y de sociedad que tenemos con él, resultan evidentes”, dice el documento.
Aclaran que la agenda entregada “no inhibe el legítimo debate de un conjunto de otras iniciativas que continuaremos en el Congreso Nacional, respondiendo a las necesidades del país y poniendo siempre por delante, el bien común”
Asimismo, dejan establecida su preocupación por un tema que no está en esta Agenda de Mínimos Comunes. Se trata del Programa Integral de Reparación Ocular. “Resulta evidente la falta de compromiso que el gobierno ha mostrado en la implementación de este programa, surgido a partir de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante y después del estallido social, la que ha dejado muertos, lesionados y mutilados. El gobierno debe ejecutar este programa, cuyos recursos se encuentran asignados, de manera correcta, con la mayor celeridad y en las mejores condiciones, con el respeto que las víctimas del Estado merecen y necesitan, considerando las graves secuelas que ellos presentan”.
Renta Básica Universal
Más adelante critican la que consideran la errada estrategia adoptada por el gobierno frente a la pandemia, que dejará al país “más pobre y enfermo, y un sistema de salud público altamente estresado y endeudado”. Al mismo tiempo, afirman que los altos números de fallecidos y contagiados de hoy serían mucho mayores de no haber mediado el compromiso humano y profesional de los funcionarios y trabajadores de la salud.
“Como oposición -dicen- hemos resuelto dejar de lado cualquier cálculo político y hemos invitado una vez más al gobierno a escuchar, no a la oposición, a escuchar a Chile, a asumir la profundidad de la crisis, a dejar de lado su sobre ideologización en que ha fundado todas y cada una de sus decisiones y a terminar de manera digna los meses de gobierno que le quedan, respondiendo a lo que Chile y sus familias necesitan y merecen”.
Recuerdan que la demanda por una Renta Básica Universal de Emergencia no es nueva en la centroizquierda. “Es una propuesta presentada durante la tramitación del primer Ingreso Familiar de Emergencia -en abril de 2020- y planteada desde la oposición como la opción más idónea para afrontar la crisis. Hasta ahora el Gobierno no ha aceptado esta propuesta”. Pero que dadas las restricciones propias de un sistema de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, el Congreso “no ha tenido más alternativa que aprobar sucesivos IFEs, haciendo siempre presente que en todos ellos persistían dos problemas esenciales: la cobertura y el monto destinado a las familias”.
“Sobre la base de las diversas propuestas presentadas por organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y especialistas de diferentes tendencias, proponemos el establecimiento de una Renta Básica Universal de Emergencia que le permita a las familias contar con los recursos necesarios para afrontar los efectos sociales y económicos lesivos de un conjunto de factores que han afectado directamente su calidad de vida y en muchos casos, su mínima capacidad de subsistencia: confinamientos; baja en los ingresos; pérdida del empleo; enfermedades diversas, entre muchas otras, la justifican con urgencia”.
Se propone, entonces, una cobertura inicial del 100% del Registro Social de Hogares (6,7 millones de hogares), pero que aquellos que estén en el RSH, pero tengan altos ingresos (correspondientes al décimo decil de ingresos del país), podrán ser detectadas y excluidas del beneficio, a partir de la información sobre ingresos que conste en otros registros administrativos, por ejemplo, con apoyo del Servicio de Impuestos Internos.
Señalan que adicionalmente, “se deben considerar mecanismos complementarios que permitan la incorporación a la prestación de hogares en condición de vulnerabilidad que no estén actualmente en el RSH, con apoyo de registros administrativos que sirven para tal efecto y con la cooperación de los municipios y organizaciones territoriales. De esta forma se podrán incorporar grupos de potenciales beneficiarios que necesitan la prestación, pero que, por alguna razón, han quedado fuera de la red estatal. Esta nueva información permitirá, además, mejorar y completar el RSH como instrumento de política pública”.
Así, proponen que la Renta Básica Universal de Emergencia sea el valor que resulta de aumentar al monto de la línea de la pobreza según el número de integrantes del hogar, más un 30%, por todo el tiempo que sea necesario para permitir la aplicación correcta de las medidas sanitarias y dar tranquilidad a las familias en momentos de restricción y confinamiento.
Apoyo a las Pymes
Afirman que la mayoría de las pequeñas empresas no han tenido apoyo fiscal durante la pandemia. “Nuestra propuesta recoge las prioridades que diversos gremios PYMES han solicitado para defender la sobrevivencia de las empresas de menor tamaño que generan el 50% del empleo formal y, recuperar a mediano plazo los niveles de actividad económica y de empleo en las pequeñas empresas con políticas públicas activas que promuevan la innovación, la capacitación y una mayor tecnificación.
Entre otras medidas de ayuda, proponen la Suspensión de Pago, Condonación, Subsidios Directos y Créditos; entregar un paquete de transferencias no reembolsables, por un monto total de US$ 3.000 millones, para hacer posible la sobrevivencia y la capacidad de generar empleos en la etapa de recuperación. La cobertura debe ser universal y dentro de ella deben priorizarse aquellas industrias más afectadas, como son: cultura y entretenimiento, turismo, gastronomía y hotelería, servicios personales y sociales, artesanía y comercio minorista, pequeña industria.
Además, entregar a través de BancoEstado líneas de Crédito de largo plazo garantizados al 90% (sin deducible) por Fogape; establecer una política de discriminación positiva hacia las MiPyme, en el área de compras públicas que revierta las señales de concentración en las grandes empresas ocurridas en los últimos años.
También se refieren a los desafíos sanitarios, gratuidad del examen PCR independiente que la persona esté o no en su red (atendida su naturaleza de bien público). En la actualidad su precio es de: $25.000. Transferencia de recursos a la Atención Primaria de Salud para Testeo – Trazabilidad – Aislamiento, implementando 30 trazadores por cada 100.000 habitantes; pago de subsidio de incapacidad laboral; abordar las listas de espera, especialmente, en consultas de especialidad
Por cierto, que proponen que todas estas medidas deben contar con respaldo financiero, enumerando una larga lista de posibilidades de donde recaudar el dinero necesario para ello.
Ver Propuesta Oposición Minimos Comunes 12 de mayo 2021
