Periodista.
El primer paso de lo que parece será un largo batallar para la entrega de un tercer retiro del 10 por ciento del Fondo de Pensiones para chilenos y chilenas que deberán enfrentar de nuevo todo un año de pandemia -según diagnostican los expertos-, se dio en el primer día del período legislativo en el Congreso.
La Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisible el proyecto que fue ingresado en enero por el diputado de la Federación Regionalista Verde, Jaime Mulet, junto a otros parlamentarios de esa colectividad como Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez. El proyecto también lleva las firmas de René Alinco, Patricio Rosas (independiente), Maya Fernández (PS), Gastón Saavedra (PS), Amaro Labra (PC), Camila Vallejo (PC) y Luis Rocafull (PS).
En la oportunidad, Mulet explicó que “este proyecto de reforma constitucional contempla un bono de reconocimiento para no dañar las pensiones futuras y contempla una fórmula similar para jubilados por rentas vitalicias. Se tiene que fusionar con el otro proyecto que está y esperamos que la Comisión de Constitución lo tramite lo antes posible”.
El segundo paso será la discusión que se iniciará en la Comisión de Constitución donde también existe otra iniciativa similar impulsada por la diputada humanista Pamela Jiles.
El proyecto de reforma constitucional faculta a los afiliados y pensionados de AFP y pensionados con renta vitalicia a retirar una parte de los fondos previsionales por causa de la crisis sanitaria COVID-19 y establece un bono de reconocimiento a favor de éstos para proteger su pensión. Establece, además, que el Estado deberá emitir un bono de reconocimiento que se abonará a los afiliados y pensionados para no mermar su pensión.
Así, “excepcionalmente, y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, autorízase a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, a realizar de forma voluntaria un retiro por hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo del equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento”.
“En el evento de que el 10 por ciento de los fondos acumulados sea inferior a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta”, indica el proyecto.
El Gobierno ha sido tajante para notificar que se opondrá a la medida y que si es necesario, recurrirá nuevamente al tribunal Constitucional para impedirlo. Pese a ello, ya hay voces, incluso en el oficialismo, que han señalado que apoyarían tal medida. La senadora DC Ximena Rincón entregó su respaldo a la iniciativa, y la socialista Paula Narváez, emplazó a Piñera a usar los recursos del cobre “o no quedará otra opción que aprobar”.
Como una manera de detener la iniciativa opositora, el gobierno deslizó que están preparando nuevas medidas para ir en ayuda de la clase media, cuyos ingresos han disminuidos estrepitosamente. Baste recordar que existe un millón de desempleados y otro millón con empleos circunstanciales.
