Hernán García Moresco, Magister©️ Ingeniería Informática USACH. Diplomado en Big Data. Universidad Católica. Diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad de Chile. Licenciado en Educación en Matemática y Computación USACH
José Orellana Yáñez, Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Integrante del Centro para el Desarrollo Comunal Padre Hurtado.
La controversia generada por el denominado caso de los niños haitianos volvió a instalar el debate migratorio en la agenda pública. Más allá de las responsabilidades administrativas que determinó el preinforme de la Contraloría General de la República, el episodio dejó en evidencia una debilidad mayor: la ausencia de una política migratoria concebida desde el territorio y no únicamente desde la administración de fronteras. El Estado debe fortalecer los sistemas de control, mejorar la trazabilidad de las personas e integrar oportunamente la información entre instituciones públicas, pero, sobre todo, comprender que la migración constituye un fenómeno político, social y territorial de largo plazo.
La discusión pública, sin embargo, derivó rápidamente hacia la asignación de responsabilidades entre gobiernos, relegando a un segundo plano la necesidad de fortalecer las capacidades permanentes del Estado. Mientras se instalaban interpretaciones políticas sobre el caso, la propia Policía de Investigaciones confirmó que los 64 niños haitianos observados por Contraloría habían sido ubicados y se encontraban incorporados, en términos generales, al sistema escolar y de salud. Ello evidenció la distancia existente entre la percepción pública del problema y la información institucional disponible. Es decir, el estado no sabe lo que debería saber.
La migración posee una característica que con frecuencia se omite: es un fenómeno profundamente territorial. No se expresa únicamente en los pasos fronterizos o en los aeropuertos, sino en comunas, barrios y ciudades donde se producen procesos de integración, segregación, cooperación y conflicto. Por ello, reducir el debate a mecanismos de control migratorio significa desconocer la dimensión espacial donde efectivamente se desarrolla la convivencia cotidiana.
El territorio no constituye un soporte físico neutro, sino una construcción social, política, económica y cultural. Es allí donde convergen los intereses del Estado, de las comunidades locales, de los migrantes y de múltiples organizaciones formales e informales. Desde esta perspectiva, la política migratoria debe incorporar una lectura multiescalar, entendiendo que las dinámicas internacionales terminan materializándose en espacios locales concretos. Las decisiones adoptadas por actores globales modifican las trayectorias migratorias y generan impactos directos sobre los territorios de acogida, configurando escenarios que requieren respuestas coordinadas entre distintos niveles de gobierno.
Chile conoce esta realidad. Históricamente ha recibido migración proveniente de distintos continentes y, en las últimas décadas, principalmente desde América Latina y el Caribe. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, más de 1,6 millones de personas migrantes residen actualmente en el país, concentrándose mayoritariamente en comunidades provenientes de Venezuela, Perú, Colombia, Haití, Bolivia y Argentina. Esta población no sólo aporta significativamente a la economía nacional, sino que también transforma la organización social y territorial de numerosas comunas, configurando nuevas demandas para las políticas públicas.
A ello se suma la propia experiencia internacional del Estado chileno. La participación en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), junto con otras operaciones de paz, entregó un conocimiento valioso sobre las condiciones políticas, sociales y territoriales que explican muchos procesos migratorios contemporáneos. Esa experiencia debiera traducirse hoy en mejores capacidades institucionales para anticipar fenómenos migratorios y diseñar políticas públicas que integren la política exterior con la planificación territorial.
La movilidad humana constituye una realidad estructural del sistema internacional. Más de 300 millones de personas viven actualmente fuera de sus países de origen, por lo que resulta insuficiente responder únicamente mediante controles fronterizos o expulsiones administrativas. Las políticas públicas requieren comprender las trayectorias territoriales de los países emisores, las capacidades de absorción de los territorios receptores y las relaciones que se establecen entre ambos espacios. En otras palabras, la gobernanza migratoria exige pensar simultáneamente el territorio interior y el territorio exterior.
Precisamente por ello preocupa que el debate legislativo continúe concentrándose casi exclusivamente en fortalecer el control fronterizo, tipificar nuevas infracciones o restringir beneficios para personas en situación irregular, mientras permanece ausente una discusión más profunda sobre la dimensión territorial de la migración. El desafío no consiste únicamente en administrar flujos migratorios, sino en comprender que estos reconfiguran ciudades, economías locales, relaciones sociales e incluso el mapa político del país.
Si la política expresada en el congreso no logra incorporar el territorio como eje de comprensión de la migración, seguirá reaccionando tarde y de forma fragmentada frente a un fenómeno que ya está reconfigurando éste y todos los países. No se trata solo de ordenar fronteras, sino de entender que Chile ya cambió en sus barrios, en sus escuelas y en sus ciudades.
Persistir en una mirada exclusivamente administrativa no solo limita la eficacia de las políticas públicas, sino que profundiza la distancia entre el Estado y la realidad que pretende gobernar. La pregunta, entonces, no es si la migración debe ser regulada, sino si la política será capaz de asumirla como lo que realmente es: un proceso territorial que redefine, desde dentro y desde fuera, el futuro del país.
