viernes, abril 19, 2024
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Vocera en llamas: La Estrategia para “silenciar” al Partido Socialista

Foto: Secretaría General de Gobierno

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No sólo trató de vincular a los socialistas -a todos- con el narcotráfico, sino, además, los trató de impúdicos. Porque en su declaración primera, la vocera Cecilia Pérez dijo que la acusación constitucional que la colectividad prepara contra la ministra Marcela Cubillos era una “cortina de humo” para “ocultar lo que todos los chilenos queremos saber: qué relación tiene el Partido Socialista con el narcotráfico”. Y a renglón seguido señaló que “ya no tienen pudor” para tratar, a través de esta acusación, de ocultar sus nexos con los narcos. Tal cual. No dijo “algunos militantes”. No dijo “del padrón de la comuna de San Ramón”. Dijo claramente, frente a los micrófonos de todos los medios del país, que esperaban una explicación de la “relación del PS con el narcotráfico”. Y su pregunta fue: “¿Por qué buscan con cortinas de humo no dar cuenta ante la ciudadanía lo peligroso que puede ser la relación del narcotráfico y el crimen organizado cuando se introduce en el sistema de partidos políticos?”.

La vocera emplazó al PS a que aclare estos puntos antes de proceder a una acusación contra la titular del Mineduc. “¿Por qué no se hacen cargo de enfrentar primero los problemas internos que tienen, como es el caso del PS, clarificando lo que yo ayer pregunté, que ha preguntado el diputado Marcelo Díaz, que han preguntado otros parlamentarios, incluso dirigentes, solucionando ese problema?”. En su intervención primera Cecilia Pérez no habló de San Ramón e insistió en “decirles a los integrantes, militantes, parlamentarios del PS que están muy equivocados si creen que los chilenos son tontos”.

Fue el pase necesario para que el oficialismo comenzara de inmediato una campaña que, a decir del diputado Fidel Espinoza es “un diseño, una estrategia comunicacional estructurada y liderada desde La Moneda e involucrados los partidos del oficialismo, para pretender dañar la imagen del partido vinculándolo a un delito atroz como el narcotráfico que nosotros condenamos como socialistas. Por la memoria de nuestros caídos, nosotros no vamos a permitir jamás, por más que sea el Presidente de la República, que a través de la infamia se pretenda generar un daño irreparable a nuestra colectividad. Eso no lo vamos a permitir en democracia”.

Es lo que sotto voce repiten los militantes y los dirigentes, dolidos e indignados por la jugada del gobierno para involucrar a su partido, de 86 años de vida, en una campaña de desprestigio que al final, involucra a toda la política. Así lo entendieron en toda la oposición, que reaccionó firme y rápido entregando su solidaridad al PS, cosa que no previeron-de nuevo- en La Moneda.

De ahí en adelante se desató una crisis aún en pleno desarrollo. El PS, con el apoyo total de la oposición (aunque sin la suma clara del Frente Amplio), anunció que congelaba cualquier relación con el Ejecutivo, a la espera de las disculpas públicas de la vocera, quien dijo que no lo pensaba hacer, avalada por las palabras de su Presidente quien apoyó sus dichos. A lo más, la vocera sacó al PS en su conjunto y se refirió a San Ramón en una segunda aclaración, motivada -al parecer – por las críticas que al interior de Chile Vamos despertó su declaración.

Y el oficialismo, salió a apoyar la estrategia en curso. El jefe de Bancada de la UDI, Javier Macaya, consideró que la ministra Pérez, ha hecho un “diagnóstico correcto” sobre la situación del PS. El parlamentario consideró que el PS “ha negado permanente la sal y el agua”, y que la presentación de una acusación constitucional en contra de la ministra Cubillos tiene un fin “político electoral porque saben que Marcela Cubillos es una persona que ha tenido la capacidad de destacar en la gestión de la cartera de Educación, y saben además que es una potencial buena candidata, y particularmente en la Región Metropolitana que representa el senador Carlos Montes”.

Acto fallido

Pero, contrariamente a lo esperado, la ministra consiguió exactamente lo que no se había producido en el Parlamento desde hace mucho: unidad opositora para rechazar los dichos del Ejecutivo. Es más. No sólo los socialistas dieron cuenta de una estrategia fríamente calculada a propósito de la intervención de la vocera. También lo hicieron desde distintas bancadas, porque era a todas luces bien inexplicable que Cecilia Pérez saliera con ese argumento para defender a la ministra de Educación, luego que ha pasado mucha agua bajo el puente desde la crisis del PS durante su proceso electoral, y menos aún a sabiendas -porque participa el Servel – que se están tomando las medidas del caso.

Los socialistas no sólo decidieron apelar al reglamento que les permite no autorizar el ingreso de subsecretarios y asesores del gobierno a las comisiones y a la sala – vieja práctica muy usada por la derecha al menos durante los gobiernos de Michelle Bachelet-, sino que la bancada del Partido Socialista confirmó de inmediato la presentación de la acusación constitucional contra la ministra del Mineduc.

El presidente del PS, senador Elizalde aseguró: «Desde que recuperamos la democracia no ha habido una declaración de un ministro o ministra vocera que haya hecho una imputación como la que ha señalado la ministra Cecilia Pérez, y lamentablemente ayer el Presidente salió a apoyarla. Ante eso los socialistas hemos decidido ejercer un derecho que establece el reglamento de ambas corporaciones». A su juicio con estos dichos, y tras el respaldo del Mandatario, se ha pasado a llevar la democracia, por lo que su partido «está unido en la defensa de esta convicción y de este principio, todos los socialistas y la oposición también se ha unido en torno a lo que hemos planteado los socialistas».

En tanto, el senador del PS, Carlos Montes, dijo que los dichos de la vocera son una “canallada inaceptable”. “Si ella tiene algún antecedente que lo entregue, que lo lleve al Ministerio Público. Pero lo que está haciendo es sumarse a algo que toda la sociedad teme. Que el narcotráfico penetre las instituciones, haciéndose eco de eso con el único objetivo de debilitar a los diputados y al partido que están estudiando ejercer una acusación dado que la ministra de Educación ha estado actuando mal», agregó el senador.

Para la diputada Maya Fernández Allende, “tanto la vocera como el Presidente, lo que han hecho es tratar de sacar el foco de atención de lo verdaderamente importante que es el que no tienen nada que anunciar. Creo que en el fondo ellos quieren desviar la atención de lo verdaderamente importante: este gobierno no ha avanzado en nada en materia social, en proyectos que apoyen a la ciudadanía y eso se reafirma con las cifras de crecimiento entregadas ayer…creo que es lamentable que se refieran así a un partido que tiene 86 años de historia, donde tantos compañeros y compañeras han dado su vida por sus convicciones”.

Osvaldo Andrade por su parte, dijo que «las operaciones políticas uno las tiene que medir si son un acierto o una torpeza en función del resultado (…) Entonces, si tuviese que hacer un balance, el acierto no es tal, sino que es más bien una torpeza política». «Si uno la midiera para evitar que se presentara una acusación constitucional, lo que logró en concreto es que hoy hay más posibilidades de aprobación. Si lo que quisieron más bien fue generar una lógica de generarle al PS un agravio, lo lograron, pero lo que lograron al mismo tiempo es que se ha generado una solidaridad con el PS», añadió.

Los diputados del Partido por la Democracia (PPD) se cuadraron con la acción, mientras el jefe de bancada DC. Ricardo Celis, jefe de bancada de ese partido confirmó que como bancada van a apoyar la acusación constitucional “y esperamos que la oposición se vaya sumando progresivamente”. El parlamentario añadió que “apoyamos los argumentos jurídicos que ha sostenido el Partido Socialista, y hoy la pelota está fundamentalmente en el apoyo político y en eso estamos trabajando”.

El Partido Radical fue más allá. Manifestó su rechazo a las palabras de Cecilia Pérez y exigieron su renuncia pues -consideran- se ha “inhabilitado para el ejercicio del cargo”. “No existe ningún fundamento ni justificación para que una autoridad de gobierno ministro use un lenguaje ofensivo, descalificatorio y calumnioso en contra de una colectividad política. Sus declaraciones dañan nuestra democracia”, señalaron.

Quien dirige la bancada DC, el diputado Gabriel Ascencio, expresó su solidaridad con el PS y señaló que “varios diputados DC estamos mucho más proclives y hemos pedido que nos envíen a la brevedad el texto para su revisión”. Y agregó que “esta decisión se potencia tras las deleznables declaraciones de la vocera del Gobierno en contra del PS cuando este partido anuncia la presentación de esta acusación constitucional. Si el objetivo de ella era impedir esta acción fiscalizadora, yo le quiero decir que se equivocó absolutamente (…) lo único que ha conseguido es que en realidad se produzca un sentimiento contrario y yo hoy día le he dicho a los camaradas de la bancada que estoy absolutamente, mucho más proclive a apoyar una acusación constitucional en contra de la Ministra de Educación”, indicó.

El diputado Ascencio agregó que “hoy día lamentablemente escuché que el Presidente de la República en vez de hacer que la ministra rectificara y pidiera disculpas, le echa un tacho de bencina y vuelve y ratifica lo dicho por su vocera en contra del partido socialista (…) Así no se hace política. Eso ocurría en la dictadura”.

Claro que, como todo lo que ha ocurrido en el último tiempo y dadas las negociaciones de la mesa directiva de la DC con el gobierno, lo probable es que un porcentaje de diputados vote a favor de la acusación constitucional contra la Ministra Cubillos, y otro apoye al gobierno. Así se desprende de los dichos del diputado Matías Walker, quien dijo que “va a ser una decisión individual de cada diputado”. Agregó que «uno puede cuestionar políticamente las acciones de la ministra, otra cosa es si incurre en causales de infracción para impulsar una acusación constitucional», indicó. Precisó que “no hay una decisión de bancada de apoyarla, pero claramente cada diputado es libre de suscribir una acusación constitucional. El resto, lo que vamos a hacer, es juzgarla en su mérito, estudiar el libelo acusatorio, y la defensa de la acusada”.

En tanto, en el Frente Amplio optaron por la cautela y aguardan la presentación elaborada por el PS antes de tomar una determinación. Así lo indicó el diputado Gonzalo Winter  (Convergencia Social), quien dijo que si bien “efectivamente creemos que hay razones para acusar a la ministra y ha tenido una pésima gestión, no conocemos el documento, el PS no nos ha hecho llegar el documento”. Peor aún, tras una reunión de bancada, la prensa informa que se tomó la decisión de no firmarla, porque “no nos vamos a prestar para gallitos políticos entre la ex Nueva Mayoría y Chile Vamos”. Ese fue el argumento del diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter.

¿Por qué ahora el gobierno inició esta estrategia? 

Hay diferentes hipótesis, pero la que más se reitera en los partidos de la oposición es que si se revisa objetivamente el escenario político actual, es obvio que el gobierno está en problemas serios económicos y políticos. Necesitaba con urgencia cambiar el foco de la agenda, copado por la discusión acerca del proyecto de rebaja de horas de trabajo. Es que, a esas alturas, hasta el empresariado había decidido comenzar sus propias gestiones directamente con representantes de trabajadores, saltándose olímpicamente al gobierno.

En el oficialismo, si bien se alinearon con La Moneda, critican internamente a los ministros relacionados con el tema por no haber anticipado las consecuencias de la estrategia contra el PS. No sólo por el sentimiento de unidad que se evidenció y que hace rato no se veía en la centroizquierda y el desmoronamiento del trabajo que estaba haciendo el ministro Chadwick en busca de acuerdos nacionales. Eso, al margen de -una vez más- perder el control de la agenda. Por eso es que el Ejecutivo comenzó a bajar el tono llamando,  el titular de Interior, Andrés Chadwick, a que “se calmen las aguas”. El ministro del Interior planteó que “esto está referido fundamentalmente a la comuna de San Ramón, en el proceso electoral, es de público conocimiento, los propios dirigentes del PS lo denunciaron y han exigido aclaraciones”. Al insistirle la prensa que la acusación de la vocera fue en términos globales contra la colectividad, Chadwick respondió que “lo que se ha señalado y ha reiterado, y que es público conocimiento, que está en el ámbito de la comuna de San Ramón y de algunos militantes”.

El senador de la UDI, Víctor Pérez resumió así la situación: “Los ministros son para resolver problemas al gobierno, no para crearlos. El comité político debe trabajar más fino en los temas políticos y detectar oportunamente dificultades. En el tema de las 40 horas y en la respuesta al PS se generaron más problemas de los que se resolvieron. Debe haber una mayor preocupación por los efectos políticos… el ministro Chadwick ha hecho un esfuerzo en reunirse con todos los sectores para temas institucionales, y frases desafortunadas echan a perder ese trabajo en minutos”.

La pertinaz posición de la vocera fue planteada por los presidentes de ambas cámaras al presidente Piñera.  “Francamente no hay precedentes, como le acabo de expresar al Presidente Piñera, no hay precedentes en la historia democrática de dichos de esa magnitud, que claramente son un agravio a un partido político, pero también son un daño al Congreso y son un daño al sistema democrático. No hay ninguna necesidad y el gobierno tiene que ser muy tajante en esto; o respalda los discursos de odio o toma distancia. Y esta es claramente una provocación, es realmente inaceptable en democracia y esperamos que la ministra se retracte a la brevedad para retomar las relaciones”, declaró Quintana.

“Le hemos expresado al Presidente que fue el propio PS quien tomó acciones frente a estos casos puntuales en una comuna de la RM y, por lo tanto, creo que no corresponden”. Consultado sobre si como mesa del Senado tomarán algunas medidas ante los dichos de la vocera, Quintana aseguró que “yo no descarto que si la ministra no se retracta haya que tomar otras medidas, pero esa es una decisión que tendremos que tomar en las próximas horas junto a los demás comités”.

El diputado Iván Flores, en tanto, aseguró que “creo que la ministra vocera debe rectificar, porque independientemente de la opinión que ella pueda tener sobre algunas personas, no se puede involucrar la institucionalidad de los partidos políticos (…) eso no solamente daña la imagen, sino que también compromete a personas honestas que están trabajando por Chile. Yo honestamente creo que ella debe rectificar y así se lo he planteado al presidente de Chile”. “Se lo acabo de plantear al Presidente Piñera en términos de que son desafortunadas las declaraciones cuando, al voleo, se hace una acusación tan grave como esta. Independiente del tenor del comentario. Cuando se es vocero de gobierno no se puede cometer ese tipo de errores”, añadió.

La acusación

La acusación constitucional contra la ministra Cubillos se presentará el 5 de septiembre. Ella rechazó que la acusación tenga fundamentos: “tiene que acreditarse incumplimiento de la ley y yo he cumplido cada una de las leyes al pie de la letra (…) como ha sido la implementación de la educación pública”. Además -dijo- “he sido especialmente proactiva en velar que la ley se cumpla, como ha sido la implementación de la educación pública”.

Según ha trascendido, los argumentos apuntan a que Cubillos no habría implementado de forma adecuada la ley de Educación Pública. Además, acusan una infracción al principio de probidad por cuanto aseguran que la ministra ha desinformado respecto al Sistema de Admisión Escolar (SAE).»La ministra Cubillos ha mentido frente a políticas públicas en materia de educación y eso viola el artículo 8 de la Constitución que incluye la obligación de actuar con veracidad y eso no lo han hecho al hacer con una campaña contra el Sistema de Admisión Escolar», dijo el jefe de bancada PS, Manuel Monsalve.

Para ingresar la acusación bastan con las firmas de 10 diputados y los votos DC y del Frente Amplio son claves para que la acusación sea aprobada en la sala de la Cámara de Diputados, dado que se requieren 78 votos.

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