La Mesa de Género Covid-19 presentó una agenda con medidas para enfrentar el impacto de la crisis sanitaria, económica y social en la vida de las mujeres, la que fue elaborada de manera participativa por 80 organizaciones de mujeres, feministas, académicas, sindicales y colegios profesionales, entre otras.

Esta Agenda de Género visibiliza y entrega propuestas urgentes, a mediano y a largo plazo, en materias de Violencia de Género, Trabajo, Salud, Educación, Salud Sexual y Reproductiva, Migrantes, el Agua como derecho y bien público, y la realidad de los Territorios.

Para la Mesa de Género Covid-19, instancia impulsada por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, en conjunto con las diputadas presidentas de la Comisión de Género, Camila Vallejo y de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans, “Es vital que el Gobierno se comprometa políticamente de manera efectiva con la agenda, se abra a debatir y acoger las demandas expresadas en ella y provea los recursos necesarios, en la cantidad y oportunidad requeridos, para llevarla a cabo.

Durante la presentación, la senadora Muñoz valoró y agradeció el trabajo de cerca de dos meses realizado por las diversas agrupaciones, el que permitió “hacer visible la situación que viven las mujeres en esta crisis” y anunció que la agenda se presentará en una ronda de conversaciones con el Gobierno, puesto que abarca medidas administrativasy es decisión política poder implementarlas ahora, y hay propuestas de mediano y otras de más largo plazo que son fundamentalmente propuestas legislativas que habrá que trabajar a futuro”, explicó.

La agenda “Hacer política pública con una mirada de género en situaciones de crisis”, recuerda que como lo advirtió ONU Mujeres, las consecuencias provocadas por la pandemia de Covid-19 recaen con más fuerza sobre las mujeres, porque los efectos socioeconómicos impactan con más gravedad en los sectores donde existe mayor empleo de mujeres, tanto en la economía formal, principalmente turismo, producción de alimentos y servicios- como en el trabajo informal.

El texto destaca que “el distanciamiento social necesario y el teletrabajo no pueden ejercerse en situaciones de hacinamiento extremo, de niños y niñas que necesitan atención y de falta de comida. Las mujeres, especialmente el alto porcentaje de ellas que son jefas de hogar, son las que más sufren esta situación”. A ello se agrega un dramático incremento de la violencia contra las mujeres.

El documento añade que las mujeres migrantes muestran una realidad quizás más dramática, “en particular aquellas que están en el país en situación irregular, porque no tienen existencia legal para que les lleguen los apoyos de los municipios y del gobierno. De allí que las cuarentenas y el autocuidado, chocan con la cruda realidad del hacinamiento, de la precariedad del empleo que afecta a más del 30% de la población, de la falta de ingresos por los despidos masivos, de los problemas de salud endémicos de los de los sectores más vulnerable, que además habitan en barrios sin una infraestructura urbana adecuada”.

Trabajo, Educación, Violencia y Salud

En el ámbito del trabajo, la Agenda de Género del Senado plantea la creación de un Fondo Nacional Solidario de apoyo a la red de ollas comunes existentes y otras iniciativas ciudadanas similares; la creación y fortalecimiento de bolsas de trabajo para mujeres desempleadas de las distintas categorías socio ocupacionales que prioricen a las jefas de hogar; la creación de un Sistema Nacional Integral de Cuidados que dé prioridad al trabajo doméstico y de cuidados para niñas/os, adultas/os mayores y personas dependientes, y establecer una Renta Básica de Emergencia de amplia cobertura, en especial para mujeres jefas de hogar, cuidadoras y migrantes.

Como medidas urgentes en violencia de género, se pide destinar presupuesto con glosa reservada para la prevención universal y comunitaria; atención y protección de las mujeres y niñas víctimas de violencia; disponer de infraestructura pública y/o privada para ser destinadas como residencias temporales que aseguren protección para todas las mujeres y sus hijos/as que lo requieran, dado que el perfil de ingreso a las Casas de Acogida requiere estar en riesgo grave-vital, junto con la aprobación de la llamada “Ley Integral de Violencia” y del proyecto de Ley de Monitoreo Telemático.

Para salud, la agenda solicita aprobar los protocolos Covid-19 para atención de salud sexual y reproductiva, testear de manera urgente a todas las embarazadas hospitalizadas, manejo de gestantes, puérperas, recién nacidos en ginecología, neonatología y en atención primaria; contar con un registro de embarazadas con Covid positivo, puesto que según cifras del Colegio de Matronas y Matrones de Chile ya hay más de 1.200, y que estos testeos incluyan a mujeres de pueblos originarios, migrantes, afrodescendientes y con discapacidad; asegurar el acceso a atención de tratamiento continuo en salud sexual y reproductiva, a personas con cáncer, personas trans que estén en tratamiento de reemplazo hormonal y a personas con discapacidad;  garantizar el acceso a información sobre salud para mujeres sordas, personas con enfermedades y continuidad de atención para personas con enfermedades raras.

Se exige también la extensión del postnatal de emergencia, que ha generado un amplio debate y que luego de ser declarado inadmisible en el Senado, será discutido en una Comisión Mixta.

En Educación las primeras demandas son la suspensión del SIMCE, de la PSU y de la Evaluación Docente; a las que se suman el asegurar conectividad, formación y generación de un programa de acceso a tecnologías para mujeres e implementar programas de formación socioemocional para autocuidado de docentes y acompañamiento a estudiantes.

Migración, territorio y agua

En materia de territorios se apunta a asegurar la autonomía de los municipios para la elaboración de protocolos de atención y cuidados en salud según la realidad territorial en tiempos de pandemia y catástrofe; apoyar a mujeres adultas mayores (incluidas mujeres con discapacidad, sordas migrantes, sin cédula de identidad), con medidas como subsidios de arriendos a mujeres jefas de hogar; el establecimiento de una partida especial en los presupuestos municipales para ser utilizados en tiempos de pandemia y/o catástrofe y de un Decreto de Obligatoriedad para que los municipios acuerden con los Consejos Comunales de la Sociedad Civil medidas preventivas, de saneamiento y otras, en el territorio comunal.

Los requerimientos específicos relativos al derecho al agua, en tanto, dicen relación con el aseguramiento de los 100 litros por persona al día que recomienda la Organización Mundial de la Salud para zonas rurales y campamentos, para lo cual se pide oficiar al Ministerio del Interior en cuanto al retroceso en esta medida en la localidad de Petorca y comunas adyacentes. En este punto se resaltó que en Chile hay 138 comunas decretadas zonas de catástrofe hídrica, lo que aumenta su riesgo en un contexto de pandemia. Otras medidas anunciadas son el asegurar el enfoque de género en situaciones de escasez hídrica en sectores rurales, con falta de infraestructura sanitaria, zonas de sacrificio ambiental, campamentos, personas privadas de libertad y situaciones territoriales especiales, y priorizar el uso del agua para consumo humano y agricultura de subsistencia.

Entre las demandas sobre migración se encuentran la regularización migratoria para facilitar acceso a apoyos y beneficios durante la pandemia; asegurar los recursos estatales para mujeres migrantes, especialmente las que tienen denuncias por violencia; la condonación de multas por irregularidad migratoria en emergencia; incluir a hijos/as de migrantes sincédula a programas de Junaeb, entrega de computadores y otrosbeneficios; establecer un número identificador o RUT provisorio para quienes no tienen cédula de identidad para acceder a salud pública, medidas de emergencia y sistema protección social, y otorgar acceso retroactivo a medidas del plan de apoyo a la emergencia.

Ciberataque

Durante la actividad hubo intentos anónimos de interrumpir su desarrollo. Ante esto, la Mesa decidió continuar con la presentación de su Agenda de Género y la presidenta del Senado anunció que realizará la denuncia correspondiente. De igual manera las diputadas Yeomans y Vallejo repudiaron el hecho e informaron que desde el Congreso se solicitará investigar.

Mientras, las organizaciones participantes declararon que los ciberataques son otra manifestación de la violencia contra las mujeres, con prácticas de amedrentamiento que apuntan a intimidar los espacios de mujeres y feministas que buscan avanzar en materia de derechos.

“Como Mesa de Género Covid-19 continuaremos con más fuerza nuestro trabajo. Internet es una plataforma que ha permitido que los movimientos por los derechos de las mujeres se organicen y tejan redes y un ataque cobarde no nos quitará este espacio. Solidarizamos y agradecemos el compromiso de la presidenta del Senado con las mujeres de Chile”, manifestaron.