Periodista.
La Convención Constitucional sigue trabajando a toda máquina, mientras la agenda mediática estas últimas semanas está tomada por lo que será la reñida segunda vuelta del 19 de diciembre entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.
Cuando ya se sabe que en el nuevo Congreso ninguna fuerza política tendrá mayoría, se observa con expectación quién será el próximo presidente de Chile, por la importancia que tiene que el nuevo mandatario esté en sintonía con la Convención y con las profundas transformaciones para el país que se esperan queden reflejadas en el nuevo texto constitucional.
Pese a contar con la primera Constituyente paritaria en el mundo, donde se debaten, entre otros, importantes temas en materia de derechos humanos, de las mujeres y disidencias, en medio del debate político, en las últimas semanas se han producido polémicas como la protagonizada por Johannes Kaiser, diputado electo por el ultraderechista Partido Republicano que lidera Kast.
Tras la difusión de un video en el que emite frases contra migrantes y mujeres, y donde señala que “Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea”, el 24 de noviembre, en vísperas del Día por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Kaiser anunció la renuncia a su militancia.
Norma constitucional contra la violencia
En tanto, el 25 de Noviembre, un grupo transversal de convencionales feministas de Movimientos Sociales Constituyentes, Chile Digno, Independientes No Neutrales, Pueblo Constituyente, escaños reservados y Colectivo Socialista, con el respaldo de 226 organizaciones, presentaron la que se transformó en la segunda iniciativa constitucional de la Convención, que busca consagrar el derecho de las mujeres, niñas y disidencias a una vida libre de violencias. La primera, para garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los chilenos y chilenas, fue ingresada el 10 de noviembre.
La propuesta de norma de las convencionales feministas señala que “El Estado reconoce el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado”.
En concordancia con los compromisos referentes a la erradicación de la violencia asumidos por Chile a través de la ratificación en 1996 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, y de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, en 1989 y su Protocolo Facultativo en 2019, la iniciativa indica que “El Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia de género, sin discriminación, sea cometida por particulares, el Estado, sus agentes o integrantes”.
Especifica que “tendrá especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad o desventaja en que puedan hallarse en razón de su edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, situación laboral, nivel educacional, de embarazo, orientación sexual, identidad y expresión de género, apariencia personal, condición de salud, de migración, de refugiada, de ruralidad, situación de discapacidad o cualquier otra condición”.
Bárbara Sepúlveda, una de las 16 convencionales feministas patrocinantes del documento, explicó que la norma garantiza “un Estado que prevenga, que acompañe a las sobrevivientes de violencia, que integre medidas de protección eficientes, que juzgue y sancione a los agresores, y que de una vez por todas sea capaz de generar mecanismos que reparen el daño provocado”. De esta forma, las constituyentes buscan que el abordaje integral de la violencia no quede supeditado a la voluntad de los gobiernos de turno, sino que sea una política de Estado.
El anuncio de esta propuesta de norma constitucional con enfoque feminista se realizó en la región del BioBío, a donde -en un hecho histórico- se trasladó desde el 22 al 26 de noviembre la totalidad de la Convención Constitucional para desarrollar decenas de audiencias públicas, cabildos, reuniones con la ciudadanía y sesiones de comisiones y plenarias. Con la semana regional, el órgano constituyente sigue cumpliendo el compromiso y acuerdo reglamentario de sesionar de forma descentralizada para acercar su trabajo a las comunidades locales.
Amplia participación ciudadana
En la misma semana, el lunes 22, se activó la plataforma digital de Iniciativa Popular de Norma (iniciativas.chileconvencion.cl), un mecanismo inédito de participación ciudadana en la redacción de la nueva Constitución, que permite a personas u organizaciones proponer una norma sobre una materia de índole constitucional. Aquellas que logren reunir 15 mil firmas de personas que provengan de al menos 4 regiones distintas, serán consideradas como si fueran presentadas por una o un constituyente y se discutirán y votarán en la Convención bajo las mismas condiciones.
Aunque se pueden ingresar propuestas a la plataforma hasta el 6 de enero de 2022, a solo una semana de la apertura, la plataforma recibió 350 iniciativas. La Iniciativa Popular de Norma se suma a otros mecanismos de participación de la sociedad como los encuentros autoconvocados, las audiencias públicas, la cuenta popular constituyente, los foros deliberativos, cabildos comunales y las jornadas nacionales de deliberación. Estas últimas se tratan de jornadas de discusión abiertas simultáneas en todo el territorio, en día feriado, para que la comunidad pueda debatir y reflexionar junto a las y los constituyentes de la zona sobre los temas que está tratando la Convención. Además, se convocará a una Consulta Indígena entre pueblos originarios para visar los temas que los incumban en el nuevo texto constitucional.
A ellos se suman el Plebiscito Intermedio Dirimente, de carácter vinculante, que permitirá a la ciudadanía, mediante sufragio universal que incluye a personas entre 16 y 18 años, pronunciarse a favor o en contra de algunas normas que siendo votadas en 2 ocasiones no hayan alcanzado el quórum de 2/3 en el Pleno de la Convención, que es el establecido para la aprobación directa, pero si hayan obtenido un quórum de 3/5.
La posibilidad de instalar este mecanismo expresado en el reglamento de la Convención, requiere una reforma constitucional. Así las cosas, ante el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso que asumirá en marzo junto al próximo Presidente de la República, Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención, ha manifestado públicamente que es necesario mirarlas con mayor distancia puesto que “muy probablemente ahora no van a poder seguir adelante».
Organizaciones sociales, de mujeres y feministas han utilizado de forma entusiasta los diversos mecanismos de participación popular para incidir en la redacción de la nueva Constitución. Entre ellas, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile expuso tanto en la Comisión de Derechos Fundamentales como en la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención. “Nuestra labor es entregar nuestra perspectiva y enfoque en diversos temas relevantes para la construcción de esta nueva Constitución. Ser parte de este proceso es fundamental para avanzar en unidad y así escribir una Constitución donde todos, todas y todes seamos partícipes”, indican.
La Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas presentó ante la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio una propuesta para garantizar el Derecho a la Comunicación en la nueva Constitución. Para la Red, explican, este derecho implica “el desarrollo de acciones afirmativas o políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos, en especial de las mujeres”.
En tanto, la Red de Docentes Feministas es una de las organizaciones que ingresó una iniciativa popular de norma por un sistema de educación público, no sexista, laico y gratuito “que termine con el lucro y la segregación que abrió la libertad de enseñanza”.
De igual forma, más de 30 colectivas feministas agrupadas en la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, apoyadas también por convencionales feministas, presentaron también una iniciativa popular de norma constitucional sobre derechos sexuales y reproductivos, justo después que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara el proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas, con lo cual el texto quedó archivado.
La propuesta, que debe pasar por el proceso de admisibilidad para luego iniciar la recolección de firmas, indica que «El Estado reconoce y garantiza a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos, en condiciones de igualdad y sin discriminación, incluyendo el derecho al aborto sin interferencia de terceros, instituciones o agentes del Estado” y contiene cláusulas que vinculan la materia con el derecho al trabajo, a la salud y a la educación.
Confianza en la Convención
Pese a la permanente campaña de desprestigio contra la Convención instalada por sectores conservadores y replicada en medios hegemónicos, a cuatro meses de la instalación de la Convención Constitucional, los resultados de la encuesta anual de Corporación Humanas muestran una confianza transversal de las mujeres hacia el órgano constituyente. La mayoría, un 53,8%, considera que la nueva Constitución tendrá un gran impacto en sus vidas cotidianas y les permitirá avanzar en el reconocimiento de sus derechos.
Si bien las mujeres identificadas políticamente con la izquierda y centro izquierda expresan una valoración más positiva de los avances que una nueva Constitución posibilitará a las mujeres, tanto las encuestadas de derecha y centro derecha, como aquellas que no se sienten representadas por el eje izquierda-derecha, tienen niveles similares de optimismo respecto a las posibilidades de superar la brecha salarial (80,5%), asegurar el derecho al cuidado (sobre 70%), avanzar en maternidad voluntaria (75%), y garantizar el derecho a una vida libre de violencia (sobre 62%)
Así, es de esperar que organizaciones de mujeres y feministas continúen participando e incidiendo activamente en la Convención Constitucional.
Esta publicación es parte del trabajo colaborativo entre Página19 y FESminismos, plataforma de todos los feminismos desde la Fundación Friedrich Ebert (FES) en América Latina y El Caribe.
