Hace algunos días se dio a conocer desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que el promedio de edad de quienes acceden a la causal de violación en la Ley de Interrupción del Embarazo es de 13 años.
Esta preocupante información fue revelada por la ministra Orellana en respuesta a las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien anuncióque presentarían un proyecto de ley en contra de la Ley 21.030 o más conocida como Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “El día de mañana, cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente nosotros vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de tres causales. Que creemos que atenta a la vida”, fueron los dichos de Squella en entrevista con T13.
Desde APROFA, una de las más de 200 organizaciones de Chile y el extranjero que firmaron una carta en rechazo a la propuesta del Partido Republicano, aseguraron que “las mujeres debemos estar en permanente alerta. Sólo basta la aparición de ideologías radicalizadas sustentadas en el conservadurismo extremo, para que los Derechos conquistados sean amenazados y se corra el riesgo de retroceder”.
APROFA ha participado activamente en la capacitación y sensibilización de profesionales de la salud en temáticas asociadas y ahora -con el patrocinio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género- llevarán a cabo las “Jornadas de actualización y formación de la Ley 21.030 de Interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”.
Estas actividades apuntan a constituirse como un espacio de formación continua, análisis y reflexión en torno a la atención y acompañamiento integral de personas en situación de aborto en tres causales. Mediante estas jornadas de formación que contarán con la participación de importantes exponentes, se busca que las y los participantes puedan examinar de manera exhaustiva la situación actual de la Ley 21.030 en Chile, su implementación y proyecciones.
“En conjunto realizaremos una contextualización a nivel nacional y una comprensión profunda de aspectos clave en la atención integral de personas que se encuentran en situaciones contempladas por las tres causales de interrupción del embarazo. Todo esto se abordará desde una perspectiva que prioriza el enfoque de género y los Derechos Humanos. Además, se brindará una actualización precisa en este campo, basada en las directrices emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, informó APROFA.
Diseñado con un enfoque primordial en el desarrollo de profesionales de áreas de la salud como matronería y ginecología, y de estudiantes de estas disciplinas, este programa formativo se desplegará en tres distintas regiones.
La primera fecha, el 30 de agosto, tendrá lugar en Santiago, en las instalaciones del Hospital El Salvador. Le seguirá Concepción, donde se llevará a cabo el 01 de septiembre en dependencias de la Universidad de Concepción. La culminación de este ciclo de formación se realizará en La Serena el 05 de septiembre, en un lugar por confirmar.
La inscripción a cualquiera de estas tres formaciones se pueden realizar en www.aprofa.cl, los cupos son limitados.
43% de obstetras son objetores de conciencia
Para enero del 2023, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género informó que cuatro de cada 10 obstetras en hospitales públicos son objetores de conciencia en causal de violación, lo que corresponde a un 43% del total. En la causal riesgo de vida de la madre un 15% lo es y un 23% ante inviabilidad fetal.
Al implementar la ley se proyectaban 3 mil casos anuales, sin embargo, se han realizado 3 mil 300 intervenciones entre 2018 y 2022. Estas cifras no significan que no se lleven a cabo interrupciones de embarazos, sino que estas se realizan en la clandestinidad.
En relación con la implementación de la Ley, el mayor porcentaje de casos está asociado a la inviabilidad fetal, con un 51 %. En segundo lugar, aparecen las personas que se han acogido a la causal que pone en riesgo la vida, con un 31 % y por último violación, con un 18%. La gran mayoría de las interrupciones se realizan en la red pública de salud, por atención a través de FONASA, con un 84%.
APROFA señala que “si bien hoy en día existen protocolos para asegurar la atención de quienes buscan interrumpir voluntariamente el embarazo en tres causales, falta fortalecer muchos aspectos, entre ellos, una mayor formación de las y los profesionales que realizan las atenciones”.
Además, añaden que “existe un desconocimiento general respecto a quién y en qué momento hacer uso de la objeción de conciencia, habiendo profesionales que hacen uso de ésta, sin estar considerados dentro de la nómina de personas que pueden proclamarse como objetoras”.
En ese sentido, indican que “la implementación de la Ley ha estado marcada por diferentes barreras administrativas y de ejecución, que según señalan, han impedido que las personas gestantes puedan ejercer su derecho”.
