La Coordinadora Feminista 8M, a través de un comunicado, hizo pública una denuncia de persecución política y amedrentamiento por parte de la Municipalidad de Santiagocontra una joven que, a principios de año, participó de la toma del Departamento de Medición y Registro, DEMRE.
Según informa la organización, el viernes 14 de agosto, un supuesto funcionario de esta municipalidad se presentó en la casa de la estudiante secundaria sin identificarse y quiso confirmar si vivía allí y cuáles habían sido los motivos de su detención el 12 de enero pasado.
“Como familia creemos que esto forma parte de la política del terror y persecución instalada desde la Municipalidad de Santiago. Sabemos de estudiantes que han sacado de sus casas, estudiantes a quienes les han aplicado la Ley Aula Segura y que después fueron absueltos por la justicia”, denunció la madre de la estudiante, Carmen M., en una transmisión en vivo realizada a través de la cuenta de Instagram de la Coordinadora Feminista 8M la noche del jueves 20 de agosto.
Según información de la Coordinadora, tras el hecho, la madre de la estudiante secundaria le escribió directamente al alcalde de Santiago, el RN Felipe Alessandri, para consultar por procedimiento, a lo que el edil respondió que no tenía conocimiento alguno. Más tarde, se comunicaron con ella desde la Oficina de la Infancia del mismo municipio, quienes le explicaron que el procedimiento obedecía a un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito para hacer “seguimiento” a menores de 17 años.
“Nos sentimos pasados a llevar, creemos que esto es un hostigamiento hacia mi hija. Estamos evaluando otro tipo de acciones porque creemos que esos recursos, además, están siendo mal utilizados y qué tipo de personas son contratadas para hacer este tipo de procedimientos”, apunta la denunciante.
Vulneración del derecho a la protesta
Carmen M. señaló que hace 8 meses su hija participó de una protesta contra la Prueba de Selección Universitaria, en la que se realizó un intento de toma del DEMRE, que fue reprimida por la policía. La joven fue detenida, junto a más estudiantes de distintas comunas de la capital, y pese a que fueron liberados a las pocas horas, el Gobierno se querelló en su contra acudiendo a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Dicha acusación, sin embargo, fue declarada inadmisible por la justicia y la causa quedó sobreseída: “Mi hija es una joven que no ha cometido ningún delito, solamente manifestarse por un Chile más justo”, dijo.
“El caso denunciado por Carmen M. si bien no reporta el uso de la fuerza pública, recuerda a otras situaciones de persecución a estudiantes secundarios, como la vivida por Valentina Miranda, vocera de la CONES, quien en octubre de 2019, a días de iniciada la revuelta social en el país, fue violentamente sacada de un edificio, también en la comuna de Santiago, por carabineros que incluso le rociaron gas pimienta a la cara. También está el caso de los voceros de la ACES, Víctor Chanfreau y Ayelén Salgado a quienes el gobierno intentó aplicarles la Ley de Seguridad Interior del Estado por llamar a boicotear la PSU e incluso Chanfreaudenunció que fue amenazado de muerte por redes sociales”, dice el comunicado de la agrupación feminista.
La familia de la joven acusa hostigamiento del municipio a quienes han ejercido su derecho a la protesta social. Carmen M. define esto como “un escenario de represión y persecución estudiantil que no cesa ni siquiera en pandemia” y asegura que la Municipalidad de Santiago “ha demostrado en todo este tiempo, con el alcalde Alessandri, la persecución a los estudiantes de esta comuna, es cosa de ver todo lo que pasaba en el liceo 1 con Fuerzas Especiales desde el principio de clases, con gases lacrimógenos en todos los liceos emblemáticos que se manifiestan en la comuna de Santiago”.
Desde la Coordinadora Feminista 8M, Magally Ávila, quien conversó con Carmen M. en la transmisión de redes sociales, hizo un llamado a no normalizar este tipo de hechos: “no podemos normalizar que se vigile, no podemos normalizar que se persiga, no podemos normalizar que se detenga y se reprima, porque hay casos bastante fuertes que hemos sabido durante años, incluso de maltratos y violencia dentro de las comisarías”.
En la misma línea, Carmen M. hizo un llamado a no dejar pasar este tipo de situaciones, que “si bien nos provocan miedo, tenemos que detenerlas, denunciarlas y no tenemos que bajar los brazos”.
La denuncia pública realizada por Carmen M. está contenida en una declaración que ha sido firmada en apoyo por más de 120 personas y organizaciones sociales y que está disponible en https://bit.ly/3iSVYq6.
