Periodista.
El comentarista del medio de derecha Ex Ante, Sergio Muñoz Bravo, un ex comunista porteño que devino en un furibundo anticomunista, tituló su última columna “Un gobierno en situación de emergencia”. Ello por la cantidad de hechos que se han levantado en los últimos tiempos –gracias a una campaña feroz y bien orquestada por los innumerables medios de comunicación que la derecha posee-, tiene al gobierno intentando responder y explicar cada caso, desviándolo de su misión de gobernar. O al menos quitándole el tiempo para aquello.
Allí están entre otros, la reforma previsional; las pensiones de gracia; el insoportable aumento de la delincuencia; la igualmente insoportable corrupción; la credibilidad del Ministro de Hacienda, del Presidente, del Ministro Montes; o la responsabilidad del subsecretario del Interior. Y todo esto ya contaminado por las carreras electorales que se avecinan a pasos agigantados.
Luego de que el oficialismo evitara que la derecha se impusiera en su afán de frenar un año más la discusión sobre la Reforma Previsional que tanto anhelan los chilenos de la tercera y cuarta edad, Muñoz reaccionó así:”¿Tenían algo que celebrar? En realidad, nada. Los aspectos medulares del proyecto naufragaron en la discusión en particular, y lo que quedó fue un cascarón informe y contradictorio”. Repitió así el guion emanado desde la derecha que todos disciplinadamente acataron y repitieron como un mantra.
Dice que “el simbolismo de la votación favorable les sirvió solo para darse ánimo, porque en realidad se vino al suelo el objetivo de establecer el dominio del Estado sobre el sistema previsional. La Cámara rechazó, entre otras cosas, la cotización adicional del 6% y su destino, la creación del Fondo Integrado de Pensiones y del Inversor de Pensiones Estatal. El punto de partida oficialista era cambiar radicalmente la industria sobre la base de cuestionar el papel del sector privado y la validez de la capitalización individual, pero la ideología chocó una vez más con la realidad”.
En su orquestada campaña, las derechas no han trepidado en usar y abusar del prestigio de conocidos expertos como David Bravo, Joseph Ramos y hasta un joven que se dice socialista que en algún momento dirigió Codelco.
De alguna manera, dice un conocido dirigente socialista, este señor Muñoz reconoce lo que efectivamente quería el gobierno: cumplir con su promesa de campaña. Porque terminar con el abuso de las afp es una aspiración muy sentida por la mayoría de la población y es lo que desearía el oficialismo, pero no cuenta con los votos necesarios en el Parlamento para hacerlo.
Situación indignante
El último de los temas por el que la derecha escandalizada llamó a rebato es el de las pensiones de gracia que el gobierno otorgó como una reparación a personas que sufrieron daños graves durante el estallido social de octubre del 2019. De acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hubo 22 fallecidos durante las protestas, mientras los heridos sumaron 2.209. Entre los más graves figuran 209 casos de traumas oculares causados por el impacto de balines de goma, perdigones o bombas lacrimógenas.
Aunque parece ya olvidado, fueron varios los días en los que miles de chilenos y chilenas salieron a las calles en protesta por los abusos acumulados durante años en temas tan sensibles como pensiones, salud y educación, entre otros. Hubo entremedio de esa marea de gente, participación sin duda de lumpen y sectores delincuenciales que se aprovecharon de las circunstancias para vandalizar y cometer delitos. Fue en ese escenario donde se cometieron violaciones a derechos humanos de parte de las fuerzas policiales que a veces fueron sobrepasadas por los vándalos.
Este año, la Contraloría General de la República realizó una auditoría al proceso de otorgamiento de las pensiones de gracia a personas afectadas por manifestaciones durante el estallido. El informe reveló que 58 de 419 beneficiados mantienen antecedentes y condenas por delitos como abuso sexual, homicidio, producción de material pornográfico infantil, entre otros.
Otro bocadillo para las derechas. Como acostumbra, salió de inmediato el diputado de RN Andrés Longton señalando que el documento es “contundente” y que la situación “es un escándalo”. Además, criticó que el Ministerio del Interior no diera a conocer los antecedentes “cuando los tuvo a disposición”.
El parlamentario indicó que “nadie niega que hubo afectados en contexto de estallido social”, pero que “no puede ser que ni el INDH, ni la comisión asesora ni el Departamento de Acción Social (DAS) hayan revisado correctamente” los antecedentes para otorgar las pensiones. A su juicio, aquello “da a pensar que más allá de que no revisaron, hubo una negligencia por parte del Gobierno”.
El gobierno y el oficialismo reconocieron falencias en el proceso y explicaron el por qué. La ministra Carolina Toha señaló que las pensiones de gracia se formularon para entregar una reparación a personas que sufrieron daños graves durante el estallido. “Y que esto termine en la discusión que estamos hoy día, es porque este proceso tuvo falencias. Es una situación indignante y es una situación que hay que corregir”. Por eso –dijo- los equipos de su secretaría de Estado se han abocado a revisar los casos que originalmente provocaron alarma que eran aquellos con antecedentes penales.
Dos glosas
Ese fue el punto. Que se ha despejado felizmente con los días. Es que originalmente no existía la información completa, no se podía acceder a ella por cuestiones legales. Carolina Tohá explicó que “en el tema de los antecedentes penales, lo que hubo es que ningún procedimiento de otorgamiento de pensiones de este tipo, consideraba este aspecto. Hay 18 mil pensiones en Chile de este tipo. Las del estallido son 418, pero hay 18 mil más. Se hizo con los portuarios una muestra sin los antecedentes completos, porque no son accesibles. Ya ahí el 10 por ciento tiene antecedentes penales. Entonces, es posible que esto haya estado pasando por largo tiempo, porque no estaba contemplado revisar los antecedentes penales”.
Explicando el asunto, dijo que “el origen de esto es bien complicado, porque se logró aprobar en el Parlamento que hubiera una glosa para esto, después de un debate en que no se llegó a acuerdo y entonces, se aprobaron dos glosas. Una cosa insólita: que una ley tenga dos normas para un mismo objetivo”. Dijo que al intentar compatibilizar estas dos normas, quedaron bastantes vacíos. “Eso es lo que trató de hacer primero el subsecretario Galli (del gobierno de Piñera), en su oficio que reglamenta cómo se van a usar estas reglas, y después seguimos nosotros aplicando lo mismo. Pero claramente la normativa pudo haberse hecho mucho mejor si se hubiera logrado un acuerdo”.
Señaló la ministra que se tomó la decisión por parte del gobierno en que cuando haya daño gravísimo no es relevante que haya antecedentes penales. “Pero hay casos en que el daño es de mucho menos cantidad, con antecedentes penales muy importantes y dada la complejidad que tuvo este proceso, que es mejor dejar sin efecto estas pensiones, porque esas personas y cualquier ciudadano chileno tiene la alternativa de acudir a los tribunales y pedir una indemnización por la vía regular”, reconociendo que es un proceso engorroso y lento, pero es el que ocupa la ciudadanía cuando siente que su derecho ha sido menoscabado por el Estado.
Sin embargo, afirmó sin lugar a dudas que cuando hay pérdida de globo ocular se va a mantener la pensión de gracia, “que no es un premio al mérito. Tiene que ver con que la persona ha recibido un daño causado por el Estado que es grave, que es irreversible y que tiene consecuencias severas en su vida”. Y añadió que si tiene un delito “esa persona tiene que pagar por el delito que cometió. La pensión de gracia no lo exime de su responsabilidad penal”. Y aclaró que las personas que tienen pensiones de gracia del conjunto de las 418 son 69. “Entonces, no es verdad que todos, o la mayoría, tienen antecedentes penales. La enorme mayoría no tiene ningún antecedentes penal”.
Esta decisión coincide con lo señalado por varios parlamentarios oficialistas y abogados de derechos humanos. Entre ellos, el conocido constitucionalista ex DC y actual Amarillo, Jorge Correa Sutil. Para el ex subsecretario del Interior y miembro de la Comisión Rettig, “en Occidente es un principio básico que las víctimas tengan reparación”, por lo que el hecho de condicionar la pensión a que la persona tenga o no antecedentes penales lo califico como “injusto”.
Agregó que, por ejemplo, en “el Informe Rettig nunca se revisaron antecedentes penales de ninguna víctima para calificarla como víctima”. Por lo mismo, si el daño es provocado por agentes del Estado, debe ser reparado por el propio Estado. “Y nunca nadie ha preguntado si la víctima es buena, regular o mala”, señaló. “Revocar las pensiones de gracia “es entregarse a la marea de la opinión pública. (…) Nosotros tenemos una tradición de reparar las violaciones a los derechos humanos.
Para el diputado del PS Tomás de Rementería “la derecha está usando esto para decir que en Chile no hubo graves violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno del expresidente Piñera”. Reconoció que “hay personas que fueron unos sinvergüenzas”, y que el principal daño que se da por “esas desprolijidades es a las reales víctimas”.
Y concluyó: “Lo primero es corregir eso en honor a las víctimas reales del estallido social del gobierno de Sebastián Piñera. No podemos permitir a la derecha revocar todas las pensiones de gracia“.
