Periodista.
Muchos años esperaron las organizaciones sociales y territoriales de base, para un proyecto de Participación Ciudadana que dialogara con los partidos políticos, el Ejecutivo y con los congresistas. Era visto como una modernización necesaria para el Estado y su definitiva consolidación democrática. Sin lugar a dudas, una necesidad de complementariedad entre los distintos poderes del Estado y la sociedad civil. Sin embargo, la gente se cansó de esperar. En el Congreso no sólo fue postergada dicha modernización, ni siquiera se quiso escuchar lo que se estaba solicitando desde la calle. No lo vieron venir.
A dos meses del plebiscito para crear las condiciones de una nueva Constitución, otra vez hay una respuesta tibia por parte de parlamentarios y la clase política, respecto a diversos temas que amenazan la credibilidad en que esta consulta ciudadana se lleve a cabo, según lo estipulado en el acuerdo alcanzado en noviembre de 2019, entre el oficialismo y la oposición, luego dela protesta social.
En este escenario, la derecha extrema de este país se niega y pone trabas de distinta índole para llevar a cabo dicho procesode consulta; quieren cambiar las reglas del juego o, lisa y llanamente, rechazarlo. Por otro lado, la antigua Concertación, ayer Nueva Mayoría y hoy desarticulada oposición, se ha pronunciado positivamente al respecto, pero con una falta deunidad en bloque y con la convicción para generar y exigir de una buena vez las condiciones necesarias para que este proceso se lleve a cabo, sí o sí, con el debido Protocolo Sanitario aprobado por el Servel, y según lo acordado en noviembre pasado.
¿Cómo es posible que todavía exista debate sobre si debe o no realizarse el plebiscito en octubre? O ¿si las preguntas que incluirá el voto son o no las acordadas? Estamos próximos a la fecha de la consulta y aún no hay certeza absoluta; esto es fiel reflejo de lo mismo que ha sucedido -en estos 30 años, luego de la dictadura- con la modernización y la participación democrática. Las prometidas y supuestas mejoras en las condiciones institucionales para generar y desenvolver la participación ciudadana, aún no se hacen realidad y claramente existe una crisis de credibilidad y de representatividad; el retiro del 10% de las AFP aprobadas en el Congreso, a raíz de la pauperización como efecto de la pandemia y el desempleo, es la muestra de que los cambios e iniciativas sustantivas para la gente están surgiendo desde afuera de la política institucional,porque la ciudadanía ya no cree en los proyectos que surgen desde el Ejecutivo o desde el propio Congreso.
De este modo, inquieta en demasía la falta de autonomía presupuestaria que acusa el Servicio Electoral (Servel) para llevar a cabo en buenos términos dicho plebiscito en octubre próximo, pues sigue dependiendo todavía del Poder Ejecutivo y de lo que disponga en lo particular el Ministerio de Salud (Minsal). Un proceso que surgió evidentemente fuera de La Moneda y que obviamente desde la derecha lo observan con desgano y muy distante de sus intereses. La desconexión continúa y crece la desconfianza.
Por lo anterior, la democracia en Chile presenta un déficit no sólo a nivel gubernamental, sino también a nivel estructural del Estado, que no le permite resolver de forma basal los problemas de demandas sociales y de convivencia social. Por citar algunos ejemplos de desconexión con la realidad, y temas que han llenado páginas en estos días al margen de la pandemia, lo que sucede con el sistema de protección social de menores a través del ejercicio de derechos y la reinserción social y/o familiar de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos e infractores de ley; lo que acontece con la educación y las presiones para volver a cualquier costo a clases presenciales, sin escuchar a las comunidades educativas y sus distintos estamentos, lo cual sin duda constituye una vulneración a los derechos de los niños y de los trabajadores que acusan nulo diálogo con autoridades y parlamentarios; y el conflicto Mapuche, donde el Estado asumió el compromiso desde el retorno a la democracia de su reconocimiento Constitucional y,hasta el momento, seguimos estancados, viendo cómo este complejo problema de convivencia y de demandas sociales, se quiere resolver y reducir sólo a un problema de orden y seguridad.
En este sentido, todas las coaliciones deberían abrir los canales de comunicación y participación y actuar, por consiguiente, en conformidad a un desarrollo democrático sustentable. Sabemos que no todos son responsables de igual manera del desequilibrioeconómico que privilegia a unos pocos y que ha privatizado, por ejemplo, la totalidad de los servicios básicos en estos últimos 30 años, pero da la impresión de que la gran mayoríaestaban cómodos con el modelo de desarrollo y ciegos ante lo que realmente pasaba fuera de La Moneda y del Congreso. La falta de sensibilidad social ha sido transversal desde que Chile recuperó la democracia. He ahí el hastío con todos, con toda la clase política, con la escasa modernización de la democracia participativa y con la ausencia de una verdadera representatividad. Los partidos políticos y las coaliciones representadas en el actual congreso deberían empezar a cumplir el rol de juntar y articular los diversos intereses colectivos y no los intereses corporativos propios y de unos pocos. Este divorcio con la realidad es lo que trae desconfianza en torno a la realización en los términos acordados del futuro plebiscito de octubre.
En definitiva, las instancias de participación en el Congreso no pueden circunscribirse sólo a jornadas temáticas, a audiencias selectivas con parlamentarios y parlamentarias, a la semana distrital y a la participación a través del uso de páginas web, canales de televisión de ambas entidades y/o el Senador Virtual. La sociedad civil exige hoy en día respuestas que van más allá de los intereses de la clase política, de los empresarios y expertos. Si la actual dirigencia política quiere efectivamente enmendar el rumbo democrático, es deber de todos los congresistas, de todas las bancadas que se dicen democráticas, salvaguardar la escasa credibilidad y confianza que les queda en la actualidad y velar porque el plebiscito se cumpla en lascondiciones estipuladas, de lo contrario, se corre el riesgo de seguir hipotecando lo que queda de democracia representativaen nuestro país.
