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Cinco fueron las mujeres que decidieron tomarse la Fiscalía de Quillota el 22 de junio de 2019, tras la concurrida marcha realizada en conmemoración del crimen lesbofóbico de Nicole Saavedra Bahamondes. La acción fue tomada como medida de presión a raíz de la precaria investigación por parte de Fiscalía, que nunca realizó los peritajes correspondientes.
María Francisca Bahamondes, prima de Nicole y fundadora del Movimiento Justicia por Nicole, es una de las activistas involucradas quien, el pasado 15 de diciembre, fue notificada para asistir a un juicio oral el día 14 de enero del 2021, arriesgando 3 años de presidio y 11 UTM mensuales por daños calificados, además de 300 días más por desórdenes públicos, sumando un total de 4 años de cárcel.
El caso de Nicole pasó tres años sin ningún avance, prácticamente archivado. Es por esto que María lo califica como un grave caso de negligencia, lo cual impulsó la realización de esta toma con el fin de hablar con el fiscal a cargo, quien lejos de responder, optó por mandar fuerzas represivas, lo que terminó en el desalojo del edificio y la detención de las manifestantes. Sin embargo, después de tres meses de realizada la toma, curiosamente se dio con el asesino de Nicole, lo que, a juicio de las activistas, responde directamente a la presión ejercida por la manifestación.
“Acá en Chile no importan las mujeres, los recursos que deberían ir destinados a buscar y apoyar a las mujeres desaparecidas, violadas y maltratadas los utilizan en perseguir y criminalizar a quienes estamos dando la lucha, exigiendo los derechos por nuestras asesinadas”, manifestó Bahamondes en conversación con Página 19, añadiendo que presentarán su mejor defensa. “No tienen pruebas para culparnos porque nosotras no cometimos ningún delito. No somos delincuentes. Hicimos una toma pacífica donde no rompimos nada”, añadió.
Caso de Nicole Saavedra y Lesbo-odio
Nicole Saavedra Bahamondes tenía 23 años cuando desapareció por una semana, durante la cual estuvo secuestrada. El 25 de junio de 2016, su cuerpo fue encontrado en el Embalse Los Aromos en Limache. Sus manos se encontraban atadas y el cuerpo mostraba evidencias de haber sido torturada.
Después de tres años y medio de una investigación paupérrima que pasó por la fiscalía de Limache y de Quillota y cuatro cambios de fiscales, se formalizó finalmente a Víctor Pulgar Vidal, un chofer de micro del recorrido el Melón-Limache, como autor de los delitos de secuestro y violación con homicidio. Actualmente se encuentra pendiente una investigación que pone en la mesa una posible relación entre este lesbicidio y otras agresiones sexuales y femicidios cometidos en el lugar.
La familia desde un inicio ha considerado que este es un crimen por motivos de género, basado tanto en la orientación sexual de Nicole como en su expresión de género. “El caso de Nicole responde a un caso de estéticas que incomodan. Que irrumpen en el espacio público y en la heteronormatividad”, sostuvo Nicole Rojas de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio. Y es que la comunidad de lesbianas ha tenido una larga trayectoria de lucha en busca del cese de este tipo de crímenes que a todas luces responden a una cultura lesbofóbica.
Desde marzo del presente año, la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, junto a otras colectivas, trabaja en la inclusión de un agravante por identidad de género y orientación sexual dentro de la Ley Gabriela. Sin embargo, Nicole Rojas, destaca que “el tema aquí es que hay un sistema en general donde los casos de lesbo-odio no son investigados. Los casos de mujeres pobres asesinadas no son investigados con la rigurosidad que ello requiere”.
En este sentido, Rojas instala la discusión de que, en Chile, las actitudes de odio hacia la comunidad LGBTIQ+ no son solamente un tema legislativo, sino que cultural, por lo cual se debe avanzar en materias institucionales para instaurar una educación sexual integral.
Criminalización de las Protestas
Chile presenta un historial de situaciones donde el gobierno de turno opta por reprimir en lugar de ceder a las demandas ciudadanas. Con las movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019, para sorpresa de nadie, las autoridades repitieron este patrón. El Gobierno de Piñera propuso una serie de reformas al Código Penal y proyectos de Ley que evidencian el afán del Ejecutivo de perpetuar la criminalización de manifestaciones legítimas.
La Ley Antiencapuchados es una de las más conocidas por haber nacido justamente dentro del levantamiento popular. Esta busca aumentar las penas para personas que acudan a manifestaciones con el rostro cubierto. Además, se aceleró la tramitación del proyecto de Ley de modernización del sistema de inteligencia, que básicamente les otorga mayores atribuciones a fuerzas armadas. Finalmente, una de las más recientes es el proyecto de Ley Juan Barrios, que endurece las penas e incluye a camiones y buses en los delitos catalogados como ataques incendiarios contra vehículos motorizados, lo que ha sido calificado por organizaciones como un claro pretexto para la persecución de comuneros mapuche.
Así es como María Bahamondes junto a sus cuatro compañeras, fueron perjudicadas con estas políticas instauradas por el gobierno para detener las movilizaciones. “Lo que buscan es callarnos. Dejar un precedente para mostrar que, si lo volvemos a hacer, esto va a pasarnos”, aseguró.
Además, Nicole Rojas sostuvo firmemente que los destrozos se trataron de un montaje más del Estado policial. “Hay videos que prueban que quienes hicieron los desmanes fueron los mismos carabineros. Las chiquillas solo ocuparon el espacio de la Fiscalía. Es un montaje que están viviendo no solo las compañeras, sino que todos y todas las presas de la Revuelta Popular de octubre. Nos parece que es una política de Estado de represión y hay que denunciarlo”, añadió Rojas haciendo un vínculo con las y los presos de la Revuelta.
