jueves, abril 25, 2024
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Organizaciones de Mujeres Piden Mejorar Proyecto de Ley Sobre una Vida Libre de Violencia y Exigen Medidas Preventivas Urgentes

Crédito Fotografía: Patricio Muñoz Moreno

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A través de una declaración que se entregó a autoridades del Ejecutivo y Legislativo, numerosas organizaciones feministas y de mujeres manifestaron su preocupación sobre las medidas contra la violencia de género en el marco de la pandemia, en especial, por el debate legislativo en torno al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Las organizaciones, articuladas en la Plataforma Juntas en Acción, junto a 37 agrupaciones por los derechos de las mujeres, señalan en la declaración que el aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo de quienes se encuentran confinadas con sus agresores, dada la emergencia sanitaria por Covid-19, evidencia “las limitaciones institucionales para enfrentarla y garantizar la protección de las víctimas, en el marco de estrategias públicas amplias orientadas a su prevención”.

Por esto, exigen dar urgente prioridad al tema y “contar con una legislación integral sobre violencia contra las mujeres y las niñas, que conceptualice la violencia de género de manera amplia y defina con claridad las obligaciones de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación y sanción de la violencia, y de protección y reparación a las víctimas, en cumplimiento a los tratados internacionales vigentes en el país”.

Proyecto de ley

Las organizaciones firmantes explican que el proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia, presentado por la Presidenta Michelle Bachelet y que actualmente se encuentra en la Comisión de Mujer e Igualdad de Género del Senado, “ha sido impulsado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sin embargo, durante este proceso se han levantado una serie de debilidades de la iniciativa, manifestadas por las organizaciones, para las cuales se han ofrecido alternativas y diversas soluciones”.

Indican que si bien valoran el debate legislativo del proyecto “por la oportunidad que ofrece de ajustar la legislación chilena a los estándares internacionales en la materia”, por lo mismo esperan que la Comisión de Mujer e Igualdad de Género del Senado y el Gobierno, “avancen hacia mandatos claros, específicos y exigibles en la definición de las obligaciones de los organismos públicos en materia de prevención de la violencia de género, investigación y sanción de los crímenes, protección, atención y reparación de las víctimas”, tal como mandatan los tratados internacionales que reconocen y protegen los derechos humanos de las mujeres y las niñas que ha suscrito el Estado de Chile y que obligan al país a adoptar una legislación integral sobre violencia de género que permita avanzar en su erradicación.

En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil plantean además su inquietud por la inadmisibilidad de las indicaciones realizadas por las senadoras Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Ximena Rincón, orientadas a incorporar las obligaciones del Estado, siguiendo las recomendaciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres -Belém do Pará-, suscrita por Chile en 1998, que el gobierno rechazó patrocinar.

Califican este hecho de inaceptable y subrayan que “más aún, el Gobierno de Chile – representado por la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género– ha rechazado patrocinar dichas indicaciones, lo que habría permitido incorporar, entre otras, la obligación de debida diligencia con que deben actuar los órganos del Estado frente a la violencia contra las mujeres y las niñas”.

El mismo cuestionamiento plantean sobre los recursos para combatir la violencia, puesto que también se declararon inadmisibles las indicaciones de estas senadoras para que la ley de presupuesto contemple los recursos necesarios para la implementación de la denominada ley integral de violencia, dado que ello corresponde a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, “sin embargo, desde el ministerio de la Mujer no se ha señalado con claridad a cuánto ascenderá el presupuesto asignado a la nueva Ley de violencia y, hasta ahora, se ha mantenido postergado el debate presupuestario pese a la centralidad que reviste para la atención y la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas”, dice la declaración.

Para finalizar, el texto pide incluir a la sociedad civil en la discusión del proyecto de ley: “Las organizaciones feministas y de mujeres han impulsado por años diversas iniciativas para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas, por lo que reiteramos nuestra disposición a colaborar activamente en la discusión legislativa».

Organizaciones Firmantes

El texto está firmado por casi cuarenta organizaciones. Suscriben a ella: Corporación Humanas, Comunidad Mujer, Juntas en Acción, Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Centro de Estudios de la Mujer, Departamento de Género de la Universidad Diego Portales, Descentralizadas, Fundación Instituto de la Mujer, Ingeniosas, Laboratoria, La Rebelión del Cuerpo, Mujeres del Pacífico, Niñas Valientes, Observatorio contra el Acoso Chile, Observatorio de Género y Equidad, Observatorio de Violencia Obstétrica y la Red de Investigadoras.

Las organizaciones que adhieren son:

Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCH), Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM), Asociación de Funcionarias/os del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (ANFUMENG), Asociación Yo Cuido, Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile (CEGECAL), Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM), Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Comisión Nacional de Género del Colegio de Periodistas de Chile, Corporación La Morada, Corporación MILES, Coordinadora Poder Decidir, Familia es Familia, Fundación Latinoamericana de Innovación Social, ONG Acción Mujer y Madre, ONG ESE:O Escritura para liderar, Ni Una Menos Chile, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Red Docente Feminista, Secretaría de Mujeres Inmigrantes y la Vicepresidencia de la Mujer y Equidad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores.

Lee la declaración haciendo clic aquí 

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