Periodista.
Bajo el lema “Lucharemos hasta que sea ley” las organizaciones feministas de Santiago se convocaron para marchar por la Alameda en una nueva conmemoración del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, fecha que se instauró en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en San Bernardo, Argentina, y cuya convocatoria se extendió a otras partes del mundo para exigir a los Estados la consagración del derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre sus cuerpos y el acceso a esta prestación de salud.
A diferencia de Cuba, Guyana, Guyana Francesa, Puerto Rico, Uruguay y más recientemente Argentina, Colombia y algunos estados de México, donde existe el derecho al aborto libre y seguro, la interrupción del embarazo en Chile, y tal como como ocurre en otros países de la región, está despenalizada solo bajo ciertas causales, en este caso tres: inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la madre y en embarazos producto de una violación. En El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití, el aborto está prohibido sin excepciones.
Arremetida antiderechos
El mismo 28 de septiembre fue el día que los diputados del ultraconservador Partido Republicano Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen eligieron para presentar un proyecto de ley que busca derogar el aborto en las causales de inviabilidad del feto y violación y que, entre otros aspectos, aumenta las penas, consigna la inhabilitación perpetua del ejercicio de la profesión para facultativos que practiquen la interrupción de un embarazo y sanciona la promoción de “servicios de abortorios, cualquiera sea su denominación, o de productos o servicios que sirvan de medio para la comisión del delito de aborto”.
La iniciativa que busca revertir la Ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales promulgada en 2017 durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet recibió un contundente rechazo de organizaciones sociales, de mujeres y feministas, que con una Alerta Feminista exigieron no retroceder en derechos.
“En un país con altos índices de violencia sexual, es inaceptable lo del diputado Urruticoechea. El acceso al aborto para una mujer que ha sido violada, obviamente, no repara el acto de violencia sexual, pero evita seguir sometiéndola a torturas, como es un embarazo forzado”, declararon desde la corporación Miles Chile que promueve el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.
El gobierno del presidente Gabriel Boric también reaccionó al anuncio de la derecha a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. “Como gobierno no estamos disponibles para retroceder en los derechos de las mujeres y niñas. Estamos trabajando porque la ley se cumpla a cabalidad”, indicó la ministra Antonia Orellana.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género también respondió al diputado Cristóbal Urruticoechea, quien al presentar el proyecto de ley señaló que “al violador todas las penas que existen y más, pero al inocente, vida. Por lo demás, una mujer que ha sido violada y aborta, no se ‘desviola’ ni física ni moralmente”.
“Le exigimos un mínimo de respeto al diputado Urruticoechea para las mujeres que sufren violencia sexual, que son miles a nivel país y en especial para las niñas. Luego de una agresión sexual a una mujer no se les ‘desviola’. A una mujer luego de una agresión sexual, aprovecho de informarle a la ciudadanía, le corresponde una atención de urgencia en el servicio de salud, en el que se le provee de primeros auxilios, la profilaxis, es decir, que se impida que se le contagie una infección y, además, la pastilla del día después”, dijo.
Junto con ello, la ministra Orellana anunció que a partir del 2023 la reparación de la violencia sexual pasará a ser una garantía explícita de salud, “es decir va a estar incluida en el GES en el servicio de salud, porque no se ´desviola´, se atiende, se repara y se busca justicia, eso me parece que es mínimo de conocimiento de un legislador”, subrayó.
La jefa de cartera explicó que de cumplirse la ley que proponen los diputados de la ultraderecha “las 20 niñas menores de 14 años que desde 2017 han interrumpido voluntariamente su embarazo producto de una violación, arriesgarían penas de 10 años de cárcel y los profesionales de la salud que, cumpliendo el mandato de la ley, las atendieron, y también el juramento hipocrático, arriesgarían a ser inhabilitados. Ese es el nivel de retroceso que están planteando y para eso como gobierno no estamos disponibles, no vamos a permitir que eso ocurra», agregó.
Derechos sexuales y reproductivos
Luego del plebiscito del 4 septiembre, donde se rechazó la propuesta de nueva Constitución que garantizaba los derechos sexuales y reproductivos, incluida la interrupción voluntaria del embarazo, las organizaciones feministas piden que el debate en torno a estos temas continúe presente en el nuevo escenario constituyente.
La Red de Periodistas Feministas de Chile, RedPerioFem, declaró que a “5 años de la promulgación de Ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: peligro de vida para la mujer, inviabilidad fetal y embarazo por violación, es necesario que los establecimientos públicos y privados entreguen información oportuna para un aborto seguro”.
La RedPerioFem aboga por “avanzar en una legislación que permita despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación y que no se cierre el debate en el nuevo itinerario constituyente para avanzar hacia maternidades voluntarias y deseadas”.
La organización de periodistas y comunicadoras pone el acento en el rol social que deben cumplir los medios de comunicación. Por ello realizó un llamado a “que eviten el maltrato y la violencia en el tratamiento informativo de hechos relacionados con el aborto y los derechos sexuales y reproductivos”.
Para la Corporación Humanas, Centro de Estudios y Acción Política Feminista, que promueve y defiende los derechos humanos de las mujeres y la justicia de género, en Chile y Latinoamérica, “la amenaza del castigo penal no disuade a las mujeres que requieren abortar, pero profundiza las desigualdades sociales, exponiéndolas a riesgos para su vida y su salud e incluso a la posibilidad de ser denunciadas y verse envueltas en un proceso criminal”.
En tanto, y en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, diputadas de la Bancada Feminista “Julieta Kirkwood” anunciaron el ingreso dentro de los próximos días de una reforma constitucional para consagrar los derechos sexuales y reproductivos. La diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, manifestó que “no solo vamos a preparar esta reforma constitucional, sino que vamos a luchar por defender los derechos ganados y que en este país, niñas, mujeres, indistintamente de su clase y su posición social puedan ejercerlo plenamente”.
Por su parte, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, anunció que el diputado Cristóbal Urruticoechea será llevado a la comisión de ética de la Cámara por sus declaraciones que, a su parecer, no resisten análisis y las que calificó de inaceptables y horrorosas, “ni siquiera desde el punto de vista de los conceptos o argumentos, simplemente demuestra una falta de empatía monstruosa”.
Cabe recordar que el 30 de noviembre de 2021 se archivó el proyecto de ley que buscaba la despenalización del aborto y que fue derrotado en la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso Nacional tan solo por tres votos. Eventualmente se podría volver a presentar, aunque el futuro no es muy auspicioso dado la actual composición del Parlamenta, de una mayoría conservadora.
Según la Organización mundial de la Salud (OMS), los datos demuestran que restringir el acceso al aborto no reduce el número de estos, por el contrario, es más probable que las restricciones empujen a las mujeres y niñas hacia procedimientos no seguros. Las cifras de la organización muestran que en los países donde el aborto está más restringido, solo 1 de cada 4 abortos es seguro, en comparación con casi 9 de cada 10 en los países donde el procedimiento es ampliamente legal.
Esta publicación es parte del trabajo colaborativo entre Página19 y el proyecto regional FESminismos.
Las opiniones expresadas en este artículo no representan necesariamente las de la Fundación Friedrich Ebert (FES).
