Periodista y editora internacional.
Una integración subordinada a los mercados globales y una desintegración acelerada del contrato social interno. Esa es la realidad de la región hoy.
La relación entre Venezuela y Estados Unidos inicia una etapa de consolidación económica gracias a la aprobación de la reforma petrolera y el levantamiento parcial de sanciones, oficializando así la formalización de un «protectorado energético». Esta nueva relación se celebra con la reanudación de vuelos internacionales, lo que dará un acceso expedito al crudo venezolano por parte de corporaciones extranjeras.
Esta apertura económica, sin embargo, deberá coexistir con las denuncias que comparan a las cárceles con «campos de concentración», o sea, aún persiste la brecha entre gestos internacionales y la realidad interna de represión. La participación de María Corina Machado en el show «Hay Festival» es un recordatorio simbólico-comunicacional pero que en la práctica es una prueba tangente de su incapacidad real para alterar la dinámica de control establecida entre Caracas y Washington.
Las crisis domésticas continúan erosionando la base de los estados nacionales. Colombia enfrenta una crisis de salud pública visibilizada a través de protestas, Brasil publica indicadores clave que medirán su resiliencia económica, y Nicaragua conmemora un año de una reforma constitucional que consagró una dictadura familiar. Estos desafíos, junto con las investigaciones sobre el gobierno interino peruano, evidencian que la atención puesta en eventos de alto nivel (como las reformas petroleras) distraen al aparato público dejando en segundo plano el deterioro sistémico de las estructuras y la capacidad de los estados para garantizar derechos básicos y gobernabilidad.
El mes de febrero iniciará con la inauguración del período electoral latinoamericano con las elecciones generales de este domingo en Costa Rica. La sombra del gobierno de Trump en la región y del presidente salvadoreño Nayib Bukele evidencia la amenaza de la regionalización de un modelo populista autoritario que combina narrativas de seguridad punitiva con políticas económicas neoliberales y extractivistas, donde varios candidatos —particularmente la oficialista Laura Fernández, protegida del presidente Rodrigo Chaves— han adoptado su eslogan de «mano dura» contra el crimen e incluso su distintivo color azul turquesa.
El mayor cambio de paradigma, sin embargo, podría darse en el abandono del liderazgo ambiental que fue marca país durante treinta años. Bajo el lema «no sacrificar el desarrollo por unos árboles», la administración Chaves canceló el préstamo para un tren eléctrico, avanza en la privatización de la empresa pública de energía, busca reautorizar la minería a gran escala y se niega a ratificar el Acuerdo de Escazú. Una victoria de Fernández consolidaría esta reorientación extractivista, alineando a Costa Rica con sus vecinos centroamericanos donde la protección ambiental ha dejado de ser prioridad.
El domingo 1 de febrero, las esperanzas de preservar los avances tanto democráticos como ecológicos dependerán de una ciudadanía informada, activa y que históricamente ha equilibrar los apetitos políticos y de una oposición que, aunque fragmentada y reactiva, podría a través del nuevo Legislativo un contrapeso crucial para evitar la concentración absoluta de poder.
