Periodista.
En el gobierno y en la derecha han repetido casi hasta el cansancio, que “no creen” que la acusación constitucional contra el ex ministro Grau, afecte la madre de las batallas de Quiroz, -la mega reforma para los más ricos del país-. ¿Será cierto? se preguntan en círculos políticos. Porque hasta el ministro del Interior, Claudio Alvarado, mostró su preocupación por el futuro. Al ser consultado al respecto señaló:” Yo espero que no, que la política se defina con otras formas, con un buen debate y, si caemos en una espiral de acusaciones, yo creo que lo único que estamos contribuyendo es a desprestigiar la actividad política”.
Su punto fue que las acusaciones constitucionales deben reservarse para situaciones realmente graves y fundadas, porque si comienzan a utilizarse de manera recurrente como herramienta de confrontación política, podría abrirse una «espiral» o «temporada» de acusaciones entre gobiernos y oposiciones sucesivas.
Por eso, cuando el ministro del Interior habla de una «seguidilla de acusaciones constitucionales», se refiere al riesgo de que se establezca una lógica de represalias entre gobiernos. Si hoy se acusa a una autoridad por una determinada interpretación o decisión técnica, en el futuro otro sector político podría utilizar el mismo criterio contra los ministros del gobierno siguiente, incluido eventualmente el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, si sus proyecciones económicas o decisiones fiscales fueran cuestionadas.
El economista Igal Magendzo, excoordinador macroeconómico de Hacienda y exgerente de Análisis Macroeconómico del Banco Central, entrevistado por la periodista Mirna Schindler, sostuvo que una cosa es cuestionar los supuestos utilizados en determinadas proyecciones y otra muy distinta es afirmar que hubo intencionalidad o engaño. “No es baladí estar diciendo que los gobiernos anteriores no solo hicieron supuestos que no eran adecuados”. A su juicio, cuando se plantea que “se mintió, aquí se hicieron mal las cosas, aquí está lleno de errores”, el cuestionamiento deja de apuntar únicamente a una autoridad política y alcanza al conjunto de la institucionalidad técnica encargada de elaborar, revisar y analizar esas estimaciones. Y advirtió que ese tipo de acusaciones puede generar una percepción negativa tanto dentro como fuera del país. “Todos estábamos equivocados, entonces tenemos un país que es técnicamente muy deficiente”, afirmó, agregando que esa es la imagen que puede terminar instalándose entre observadores e inversionistas respecto de la capacidad técnica de Chile para proyectar y administrar sus finanzas públicas.
Los peligros de la acusación a Grau
La acusación constitucional contra el exministro Grau, armada por libertarios y republicanos -ambos se pelean la paternidad del libelo- se basa en afirmaciones del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien aseguró que existía una diferencia superior a US$10.500 millones entre las proyecciones de deuda pública heredadas del gobierno anterior y las nuevas estimaciones de su ministerio. A partir de eso habló de «errores» e «inconsistencias».
Los expertos refutan tales acusaciones de Quiroz. Afirman que las proyecciones de deuda dependen de variables como inflación, tipo de cambio, crecimiento económico y PIB nominal. Cambiar esos supuestos, modifica la deuda proyectada sin que exista falsificación o error de cálculo.
La acusación constitucional sostiene que hubo una inconsistencia aritmética en la proyección de la deuda pública. La defensa de Grau y de varios economistas es que Quiroz estaría comparando variables distintas, porque el déficit fiscal es un flujo anual y la deuda pública es un stock acumulado. Por lo tanto, según ellos, no se puede concluir automáticamente que existe un error porque ambas cifras no evolucionen exactamente de la misma forma.
Otro de los pilares de la acusación es que Grau habría subestimado el déficit fiscal efectivo de 2026 y omitidos gastos futuros. Muchos expertos han señalado que toda proyección fiscal incorpora supuestos; que una proyección que luego resulta distinta no constituye por sí misma una falta constitucional. Y que, hasta ahora, no se ha presentado evidencia pública de manipulación intencional de datos.
Si se revisan las diversas declaraciones públicas aparecidas en los medios de comunicación, hay economistas de distintas sensibilidades políticas que no necesariamente defienden la gestión fiscal de Grau, pero sí cuestionan que exista un «error de cálculo» tan evidente como para justificar una acusación constitucional. Es más, sostienen que no son hechos comprobados, sino interpretaciones discutibles de proyecciones fiscales.
De ahí el temor a que se establezca un mal precedente. Porque salvo los libertarios y republicanos, es lo que temen algunos en el gobierno. Porque si el Congreso aprueba una acusación contra Grau basándose en que habría entregado proyecciones fiscales incorrectas o habría incumplido deberes constitucionales, se establecería un precedente político muy fuerte.
En ese escenario, si más adelante se comprobara que las cifras, proyecciones o fundamentos utilizados por Quiroz para denunciar a Grau eran incorrectas o engañosas, sectores de la actual oposición podrían argumentar que debe aplicarse el mismo criterio al ministro de Hacienda, sumando causales propias de su actuación como jefe de las finanzas públicas.
Es más. Algunos analistas han advertido que, si el Congreso termina sancionando al exministro Grau por diferencias en estimaciones económicas, podría abrirse la puerta a que futuros ministros de Hacienda —incluido Quiroz—u otros secretarios de Estado, enfrenten acusaciones similares cuando cambien los gobiernos y aparezcan discrepancias sobre proyecciones fiscales.
Una eventual aprobación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, podría generar un precedente que termine normalizando el uso de esta herramienta para resolver diferencias políticas o técnicas.
El argumento central es que, si se destituye o sanciona a una exautoridad por decisiones, estimaciones o proyecciones económicas discutibles, pero que forman parte del debate técnico habitual de la política económica, futuros gobiernos podrían enfrentar acusaciones similares cada vez que cambie la mayoría parlamentaria. Por ejemplo, podrían sucederse acusaciones contra ministros de Hacienda, por proyecciones fiscales que luego no se cumplan; ministros del Interior por resultados insuficientes en seguridad; ministros de Salud por listas de espera o gestión hospitalaria o ministros de Educación por resultados deficientes de políticas públicas.
Recetas que matan al enfermo
Las alarmas se prendieron hace ya un rato en el gobierno. Sobre todo, por la postura cada día más firme de los partidos de oposición. La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), cuestionó duramente la megarreforma del Gobierno y señaló que su diseño no garantiza los recursos y pone en riesgo la estabilidad financiera del país.
La parlamentaria aseguró que el proyecto de Reconstrucción Nacional «está mal formulado, no tiene financiamiento y nos pone en una situación deficitaria al menos por 10 años. El país no va a resistir aquello».
«Hay consenso en que queremos crecimiento económico, todos queremos que el país crezca, pero la receta que se está aplicando va a terminar matando al enfermo. El mundo no funciona como una planilla Excel recortando derechos a la salud ni quitándole los derechos de la educación a las personas», enfatizó la timonel socialista.
Se suma lo señalado por el ex ministro Francisco Vidal, respecto al megaproyecto de Quiroz. Vidal ha dicho que aun si la derecha lograra aprobar la reforma aprovechando su mayoría circunstancial en el Congreso y el hecho de estar en el gobierno, varias de sus disposiciones podrían no tener permanencia en el tiempo, porque un futuro gobierno con una mayoría distinta podría intentar modificarlas o derogarlas.
La idea de fondo de Vidal es que cuando una política pública se aprueba por márgenes estrechos y sin consenso transversal, queda expuesta a ser revertida cuando cambian las correlaciones de fuerzas políticas. Por eso ha advertido que algunas normas de la mega reforma podrían durar solo mientras existan las actuales mayorías parlamentarias y gubernamentales que las respaldan. En términos políticos, Vidal ha sugerido que una reforma que nazca sin acuerdos amplios corre el riesgo de transformarse en una ley transitoria de facto: se aprueba con una mayoría, pero se modifica o reemplaza cuando llega otra mayoría al poder.
Así las cosas, es evidente que la polarización en el país no cede. Más bien aumenta. Prueba de ello es la acusación constitucional contra Grau; la decisión gubernamental y de sus partidos de no aprobar el levantamiento del secreto bancario; la negativa del gobierno a darle espacio a la oposición acogiendo sugerencias y propuestas, los furiosos ataques al ex presidente Boric por haber “osado” criticar los embargos a diestra y siniestra por las deudas del CAE.
Y allí está la explicación de la baja sostenidas en la aprobación del presidente Kast y su gobierno en todas las encuestas conocidas. La última, del Centro de Estudios Públicos, es catastrófica para los intentos del gobierno de mantener el porcentaje de aprobación con el que salió elegido el presidente Kast. En lo relativo a la evaluación directa de la gestión en la conducción del Estado, el sondeo arrojó que la desaprobación hacia la forma en que el presidente Kast está dirigiendo su Gobierno se situó en un 52%. En contraparte, la aprobación a la gestión del Mandatario alcanzó un 34% en sus primeros meses en el poder. Un 9% de las personas consultadas manifestó que no aprueba ni desaprueba la conducción del Ejecutivo, mientras que un 5% optó por la alternativa “no sabe o no contesta”. Y de acuerdo con las cifras del sondeo, un 67% de los sujetos consultados manifestó tener baja o nula confianza en que el presidente de la República, José Antonio Kast, cumplirá las promesas formuladas durante su campaña electoral.
