Periodista.
El odio al gobierno de Boric quedó en evidencia una vez más en la Cámara de Diputados. Fue eso y no transgresiones a la Constitución lo que llevó a los parlamentarios de la nueva ultraderecha a aprobar la acusación contra el ex ministro de Hacienda Nicolás Grau. Nueva, porque ya se les sumó el Partido de la Gente, liderado por Pamela Jiles.
Se trata de un odio cultivado durante los tres primeros meses del gobierno, culpando al gobierno de Gabriel Boric de todos los problemas que están provocando sus decisiones a la ciudadanía y que se reflejan en el rechazo al gobierno en todas las últimas encuestas. Decisiones como traspasarles todo el costo del alza de los combustibles, hasta anunciar su decisión de rebajarle el impuesto a los más ricos del país, además de no cambiar una coma de las ventajas que les entregarán a los inversionistas, durante 25 años. La famosa “invariabilidad tributaria”. Es lo que esconde el proyecto mal llamado de “Reconstrucción” hoy en discusión en el Parlamento.
Lo que ha quedado claro ya, es que el Partido de la Gente, que intenta dirigir en la Cámara la diputada Jiles, ya cruzó el Rubicón, se instaló en la ultraderecha y -salvo honrosas excepciones- definitivamente apoyará cada proyecto o medida que el gobierno pretenda instalar si es que al PDG le conviene en su ambicioso propósito de llegar a La Moneda con Parisi en cuatro años más.
Sin embargo, las alarmas sonaron en ese Partido de la Gente el día de la votación. Aunque la diputada Jiles se jugó por entero para que se aprobara la acusación contra el ex ministro Grau, no tuvo el éxito que vociferó hasta último minuto. Hubo descuelgues, pese a que Franco Parisi, había “garantizado” que la bancada votaría en bloque. No ocurrió. Se repitió así lo que sucedió en la fallida postulación de Pamela Jiles a la presidencia de la Cámara, donde algunos también se desmarcaron. De hecho, el jefe de bancada del PDG, Marcelo Valenzuela solo pudo anunciar que “mayoritariamente” aprobarían la acusación.
Un resultado con enojos
El resultado molestó a varios. Porque si bien los diputados acusadores, es decir Libertarios y Republicanos, tenían la expectativa de llegar a los 90 votos, sumando los 76 legisladores del sector, más 14 militantes del Partido de la Gente y algunos independientes, los desmarques de RN y el PDG, además de algunas ausencias, incidieron en que la ventaja se redujera.
Finalmente, la votación fue de 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, de la diputada Joanna Pérez (independiente ex Demócratas).
Aunque lograron aprobar el libelo, en Republicanos y Libertarios hubo incomodidad porque esperaban una votación más amplia. Eso generó críticas hacia parlamentarios de RN y Evópoli que se desmarcaron, profundizando con ello las divergencias que esta semana afloraron más nítidas que nunca. Un solo ejemplo: las declaraciones de la diputada republicana Stephanie Jeldrez, que habló de “deslealtades” y “cálculos pequeños” al referirse a quienes no respaldaron la acusación dentro del bloque de derecha.
En la bancada RN-Evópoli, además de Schalper, tampoco apoyaron el libelo la actual vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), Andrés Celis (RN), Luis Pardo (RN), Jorge Guzmán (Evópoli).
Más allá de Grau, la votación dejó una señal importante: la derecha gobernante no actuó completamente unida. La acusación fue impulsada por Republicanos y Libertarios, pero desde el inicio generó reparos en RN, la UDI y algunos ministros, que temían que una ofensiva de este tipo afectara las negociaciones legislativas del gobierno y profundizara las divisiones internas.
Lo cierto es que el resultado de la votación terminó siendo una demostración de fuerza entre las distintas almas de la derecha: los sectores más duros que quieren una confrontación permanente con el gobierno anterior y quienes prefieren una estrategia más pragmática para sostener la gobernabilidad.
Aunque Republicanos y Libertarios obtuvieron una victoria al aprobar la acusación, la estrechez del resultado y los descuelgues de RN dejaron instalada una disputa que probablemente seguirá apareciendo en la tramitación de la megarreforma de Quiroz y en futuras acusaciones constitucionales.
Es lo que no le importa a la diputada Pamela Jiles, que celebró el resultado, aunque sin la capa del animé japonés que usó en varias oportunidades para llamar la atención del respetable público. Reiteró una idea que ya había planteado durante la tramitación del libelo: que, a su juicio, el principal responsable político no era Grau, sino el expresidente Gabriel Boric.
Previo a la votación, había anunciado: «Voy a aprobar la acusación constitucional…” porque, a su juicio «lo que está en juego» era una evaluación global de la administración anterior. Ella, que se autoproclamó como “la más fiera oposición a ese gobierno”, también descargó su odiosidad contra Boric en sectores de la derecha que, según ella, podrían terminar salvando a Grau en el Senado. Acusó a la «derechita cobarde» de llegar a acuerdos para impedir una eventual destitución política del ex ministro.
La próxima semana será decisiva para el ex ministro Grau. El día D es el martes. Este cronograma obligará al Senado a suspender su trabajo regional para ejercer como jurado en el juicio constitucional contra Grau.
Hay quienes confían en la sapiencia política del Senado. Otros, desconfían, porque es mucho lo que está en juego para la ultraderecha gobiernista. Lo explicitó el libertario Johannes Kaiser: “Yo no espero nada del Senado, pero esta vez estoy absolutamente claro de que es muy posible que al final los senadores entiendan que acá estamos haciéndole un servicio a la patria al establecer que ciertas cosas no son aceptables en lo que es la tramitación de nuestras leyes”.
Para la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez: “Nunca se trató de los hechos, sino de construir un escenario favorable para hacer avanzar lo único que les interesa: bajar los impuestos a los más ricos y recortar derechos sociales». Y ese es el fondo del megaproyecto del ministro de Hacienda Quiroz, empeñado a como dé lugar en aprobar su plan a más tardar en julio.
Por lo mismo, desechó de plano la intención de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), que propuso extender las negociaciones para asegurar una mayoría en la votación del megaproyecto de reconstrucción nacional. Ella enfatizó la necesidad de destinar más tiempo a las conversaciones para evitar un rechazo en la sala y construir una mayoría más amplia en torno a la iniciativa. La senadora ha indicado que su prioridad es evitar que la iniciativa termine siendo resuelta en una comisión mixta y que se debe trabajar para no tener votos en contrario respecto a la idea de legislar.
Y no sólo eso. Es que algunos en la derecha -los menos- tienen plena conciencia que, de no existir un amplio acuerdo para este controvertido proyecto, la inestabilidad económica, política y social se tomará el futuro del país.
Y apareció Matthei
Lo que está comprobado es que ni siquiera el gobierno ha podido calmar los ánimos en las derechas. Se repite aquello del canibalismo existente en ese sector.
Los puentes entre Renovación Nacional (RN) y el Partido Republicano si no están cortados, está a punto de ocurrir. Esta semana, distintos dirigentes salieron a exigir que la colectividad que encabeza Arturo Squella los respete.
Aunque de todas formas el libelo contra Grau se aprobó -con 77 votos a favor-, la postura de algunos RN despertó la ira de los republicanos, quienes cuestionaron en duros términos que el partido que encabeza Andrea Balladares haya sido incapaz de cuadrarse con el resto de la derecha.
La secretaria general de la colectividad, Katherine Martorell, salió al paso de los cuestionamientos republicanos; “Creemos que la coordinación política de los partidos que apoyan al gobierno debe ser en el comité político y debe ser con el gobierno”, dijo, desechando el llamado del propio gobierno a conformar un comité de coordinación entre ellos. Martorell advirtió que su partido “no va a guardar silencio frente a las descalificaciones y emplazamientos que hemos visto en los últimos días. Nuestros parlamentarios no actúan bajo presiones ni ultimátum de ningún sector político”.
Y de pronto, reapareció la ex candidata presidencial de Chile Vamos, atacada con saña por algunos republicanos, particularmente por el diputado Romero, de la UDI. A propósito del apoyo de Evelyn Matthei a la candidatura de Macarena Lobos para la Secretaría del Senado Romero escribió simplemente: «Quinto lugar…» en alusión a la posición obtenida por Matthei en la elección presidencial de 2025.
La ex alcaldesa no se quedó callada. «Honorable Diputado, hablemos de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas», haciendo referencia a cuestionamientos que enfrentó Romero por su gestión como director jurídico de la Municipalidad de Santiago.
Y Romero volvió a responder con un tono sarcástico: «Le deseo éxito en su nueva faceta. Entre recetas, datos útiles y TikToks, tal vez encuentre el respaldo social que no encontró en las urnas.» Además, acompañó el mensaje con un emoji mostrando cinco dedos, reforzando la alusión al «quinto lugar».
En una entrevista radial, el diputado UDI señaló: «Evelyn Matthei tiene derecho a opinar lo que quiera. Yo no voy a polemizar con Evelyn Matthei. Para nosotros no es una figura relevante; puede ser relevante para Chile Vamos… Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestro programa».
Para la UDI, esas expresiones constituyeron un «ninguneo» a una de sus principales dirigentes. La bancada de diputados emitió una declaración pública muy dura. Afirmó que las palabras de Romero eran «indolentes e impropias»; “una descalificación injustificada hacia una de las principales dirigentes históricas del partido; un ataque que dañaba la relación entre ambos partidos”.
La UDI incluso exigió una disculpa pública y advirtió que, si Republicanos no aclaraba que esas declaraciones eran personales y no institucionales, las relaciones políticas entre ambas colectividades podrían verse «sensiblemente afectadas».
Más allá del intercambio de frases, este episodio refleja una disputa más profunda dentro del oficialismo. Para varios analistas, Romero expresa una estrategia de sectores republicanos que buscan marcar distancia de Chile Vamos y dejar claro que el liderazgo político de la derecha debe recaer en Republicanos y no en figuras históricas como Matthei. Por su parte, la UDI interpreta este tipo de declaraciones como ataques innecesarios que debilitan la unidad del sector en momentos en que el gobierno del Presidente Kast enfrenta negociaciones complejas en el Congreso.
