Una carta abierta a los y las constituyentes envió El Bloque por el Derecho a la Comunicación, del cual es parte Página 19, a la Mesa de la Convención Constitucional, poniendo énfasis en que dicho Bloque reúne a organizaciones y medios de comunicación de diversos territorios del país, vinculados a la defensa del Derecho a la Comunicación, planteando que, en este momento histórico que vive Chile, se necesita una Comunicación efectiva y acceso a la información.
Al respecto señalan: “valoramos los canales de información que ha generado la Convención Constitucional y la transmisión en vivo de sus sesiones, pero entendiendo la enorme brecha digital que existe en el país – en términos de conectividad, infraestructura y contenidos- es que creemos necesario multiplicar los esfuerzos para garantizar que los debates y votaciones de comisiones y asambleas sean públicos. Para cumplir con ese objetivo proponemos:
- Transmisión por TV abierta: las sesiones de la Convención deben ser transmitidas a través de una señal de televisión abierta de alcance nacional (similar a la señal 2 de TVN). La transmisión debe ser también a través de su página web, permitiendo la retransmisión en medios locales y plataformas sociales. Es relevante que las discusiones de la convención lleguen a la mayor cantidad de territorios.
- Señal de radio: para llegar a más territorios, promovernos la existencia de una señal de radio con equidad regional en la producción informativa, con equipos profesionales y técnicos, abierta a la retransmisión por radios comunitarias, populares y medios alternativos.
- Otros canales de información: es importante el uso de canales o espacios no tradicionales de comunicación para una entrega informativa, veraz y oportuna a través de oficinas de servicios públicos, ferias libres, centros de salud, bibliotecas públicas, farmacias comunitarias, negocios o almacenes de barrio, sedes sociales, etc. Todo esto garantizará que la información de la CC llegue a todos los territorios.
- Elaboración de contenidos: todos los contenidos que se discutan deben ser de público conocimiento y deben tener enfoque de género y derechos humanos. Dichos contenidos deben contribuir a comprender el trabajo de la Convención a través de entrevistas con personas expertas, programas didácticos, e informaciones que permitan a la ciudadanía conocer en profundidad el proceso de instalación y desarrollo de la Convención. Esto permitirá evitar la difusión de noticias falsas – fake news-, la polarización y burbujas informativas que perjudiquen el proceso.
- Acceso equitativo a la información y difusión del proceso de manera inclusiva: debido a la gran concentración de la propiedad de los medios y a la centralización de los medios nacionales, es importante que la información se entregue y difunda de manera oportuna, confiable, clara y pública de modo que sea replicable en los medios locales. Además, las transmisiones deben garantizar formatos y contenidos accesibles para personas con discapacidad y con lenguaje inclusivo y no sexista.
- Sistema de acreditación de prensa amplio y accesible: todos los medios de comunicación tienen derecho a hacer coberturas de la Convención. Por eso, es importante que los criterios para la acreditación sean públicos y conocidos de antemano, sin discriminación a medios de comunicación locales y comunitarios.
- Un gran y variado equipo de comunicaciones: la Convención debe tener un equipo de profesionales en materia de comunicación (periodistas, fotógrafos/as, audiovisualistas, diseñadores/as gráficos/as, publicistas, etc.) con énfasis regional, que se preocupe de descentralizar la información y garantizar una óptima difusión de todos los debate del proceso de redacción de la nueva Constitución. El acceso a la información debe estar garantizado, considerando que al finalizar el trabajo de la Convención se realizará un plebiscito obligatorio para aprobar o rechazar la propuesta. Es clave que la ciudadanía participe de dicho plebiscito habiendo conocido todas las discusiones que se generaron al interior de la Convención. Dicho equipo debe establecer una red de comunicación directa con los medios regionales, locales y territoriales que promueva la difusión de los contenidos de la CC con las organizaciones territoriales -mediante las municipalidades del país- incluyendo a las juntas de vecinos y vecinas (urbanas y rurales) con un soporte que supere la brecha digital como un informativo impreso.
Por otra parte, señalan que en la participación activa es “clave generar todas las acciones posibles que permitan la plena participación comunitaria, descentralizada, amplia, incidente, ciudadana, inclusiva, con perspectiva de género, con pertinencia cultural y territorial, que incluya:
- Sesiones de comisiones y del pleno en todas las regiones- en especial cuando se generen debates respecto de temas que afectan de manera específica a ciertos territorios- junto con asegurar la participación de la ciudadanía de zonas extremas del país, históricamente excluidas y marginadas de los debates públicos.
- La posibilidad de que la ciudadanía entregue sus propuestas a las y los convencionales a través de canales oficiales que se deben disponer para este propósito y un mecanismo que permita a las personas y sus organizaciones recibir retroalimentación sobre las propuestas entregadas para este proceso.
Por último, sostienen que para el Bloque por el Derecho a la Comunicación “la información es un bien público, por lo tanto, confiamos que de esta forma se garantizará la transparencia y probidad en el Proceso Constituyente, y se erradicarán obstáculos históricos en el acceso a la información y la participación, para promover la plena confianza que se requiere para que este proceso sea exitoso”.
